Comisiones avalan creación del Fondo de Pensiones; por la noche lo aprobará el pleno del Senado

En Comisiones del Senado de la República se aprobó la mañana de este jueves el proyecto para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual se tomarán 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas de Afores de personas de la tercera edad para financiarlo.

Por la madrugada se espera un debate ríspido en el Pleno; sin embargo, como ocurrió en las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda, Morena y sus aliados del PVEM, PT y PES avalarán el dictamen por la vía del Fast Track.

De esta manera, la mayoría legislativa concluye el actual periodo ordinario de sesiones con la aprobación de esta polémica reforma para constituir dicho Fondo.

Morena y sus aliados celebraron que el Fondo sirva para recibir las transferencias de las cuentas de ahorro inactivas -más de 40 mil millones de pesos-, en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) para contar con recursos destinados al pago complementario de pensiones a los trabajadores que cotizan bajo el régimen que entró en vigor en 1997.

Dicho fondo será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México (Banxico) actuará como fiduciario.

Sin embargo, el dictamen no fue visto con buenos ojos por la oposición desde que se presentó la iniciativa, al recriminar que no hay reglas claras para “confiscar” o “robarse” el Fondo de Pensiones de millones de mexicanos.

En su momento, el coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto explicó que, aunque las cuentas se encuentran inactivas en una entidad bancaria, eso no significa que no tengan dueño.

Recriminó que, en el ocaso del actual sexenio, Morena pretenda “arrebatar” las Afores de millones de mexicanos, bajo el pretexto de cuentas bancarias inactivas y con una ley a todas luces hecha fast track y sin reglas.

Expuso que en esta ley “echa al vapor”, sin el mínimo análisis de impacto financiero y social, se cometieron diversas “pifias” que dejaran aún más desprotegidos y vulnerables a los propietarios de sus ahorros laborales.

Los priistas, en voz de Beatriz Paredes Rangel, explicó que muchas de las cuentas no reclamadas son de migrantes que alguna vez trabajaron en México y que ahora no pueden regresar a reclamarlas, por miedo a no poder reingresar a EUA.

O bien, de trabajadores que fallecieron y sus viudas o beneficiarios no saben qué pueden hacer o reclamarlas, o de trabajadores a los que los faltan semanas de cotización y esperan reingresar a algún empleo para cumplir con el requisito, así como trabajadores que desconocen que tienen un recurso en dichas cuentas, entre otras causas.

En contra parte, el morenista Rafael Espino de la Peña afirmó que este proyecto contribuye a fortalecer el sistema de pensiones y asegurar su viabilidad financiera a largo plazo; “se trata de un proyecto normativo que beneficia a la clase trabajadora del país”.

Su compañera de bancada, Margarita Valdez subrayó que las y los legisladores no pueden permitir que haya mexicanos que se jubilen con pensiones de tan sólo 3 mil quinientos pesos y defirió que es posible crear un país solidario, por lo que es justo retirar las pensiones “a quienes ni siquiera han trabajado para ganarlas”.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un Comité Técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos al Instituto, detalla el documento.

En caso de que un trabajador cumpla 70 años sin ejercer su derecho a recibir los recursos de la Subcuenta de Vivienda, el Infonavit deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

No obstante, para Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), es fundamental garantizar un retiro digno para las y los trabajadores mediante la modernización del sistema de pensiones; sin embargo, señaló que esta propuesta no es la solución ya que afecta el ahorro de las y los trabajadores, además de que se aprovecha del dinero no reclamado de unos para financiar el de otros.