“La incidencia por desaparición forzada en Jalisco creció en los últimos años, ya en la gestión de Felipe de Jesús Álvarez al frente de la CEDHJEl sistema de ombudsman en México es el más caro del continente (...) consideramos que estas instituciones no han sido eficaces en su trabajo”
El bajo perfil de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en materia de desapariciones, particularmente en aquellas cometidas por agentes estatales o forzadas, la llevó a ser cuestionada en su desempeño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con 2 mil 231 desaparecidos, Jalisco es el cuarto estado con mayor incidencia, y aunque el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no precisa cuántas fueron forzadas, la CEDHJ no ha emitido más que un par de recomendaciones por estos hechos en 16 años.
Este desfase entre los casos del RNPED y los resultados de la CEDHJ fue reportado por organizaciones del país al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en su examen a Estado Mexicano de 2015, cuando la condición más grave estaba en Tamaulipas, Jalisco y Estado de México:
“De la información obtenida de las tres Comisiones de Derechos Humanos que ocupan el primer lugar de desapariciones, se advierte que, al igual que lo que sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el actuar de estos organismos no refleja una preocupación o atención sobre la problemática de las personas desaparecidas en México”.
Lo dice el Informe Alternativo que elaboraron en conjunto asociaciones como el Centro Prodh (que lleva el caso Tlatlaya), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (caso Ayotzinapa) y Fundar, por citar algunas, y apuntan:
“Por lo que hace a Jalisco (en donde se registraron 2 mil 113 casos), la CEDHJ en los últimos tres años ha emitido sólo dos recomendaciones por desaparición forzada, una en 2013 y otra en 2012, por otro lado se emitieron en el mismo lapso 30 recomendaciones relacionadas con detenciones arbitrarias (sic)”.
En la recomendación de 2012 fue la Policía de Villa Corona la que permitió que un grupo delictivo se llevara a dos detenidos de sus separos para matarlos; en la de 2013 fue la de Tlaquepaque la que entregó a un aprehendido a sujetos armados, también murió.
Dado que la tipificación del delito se dio tras ambos hechos – septiembre de 2013-, la Fiscalía aún afirma que en Jalisco no hay averiguaciones al respecto.
Baja eficacia
La CEDHJ es la cuarta comisión con más fondos, con 136.3 millones de pesos (MDP), solo por debajo de la CNDH, mil 416.3 MDP; la CDMX, 315.3 MDP y el Estado de México, 137.6 MDP.
“El presupuesto asignado al sistema de ombudsman en México es supremamente alto en comparación con su eficacia en casos de desapariciones”, dice el informe.
“Es por ese amplísimo mandato y por el hecho que el sistema de ombudsman en México es tanto el más caro del continente, como su presupuesto es increíblemente mayor al presupuesto de diversas instancias internacionales de protección de derechos, que las organizaciones consideramos que estas instituciones no han sido eficaces en su trabajo”.
Las causas de la ineficacia: “La falta de autonomía en su actuar, la politización de las mismas, la falta de conocimiento técnico y profesional para abordar adecuadamente la problemática y, en algunos casos, la falta de personal necesario”.
El recuento
La poca eficacia atribuida a la CEDHJ en la atención de desapariciones forzadas es verificable en sus archivos: si de 2000 a 2015 (al 1 de septiembre) recibió 63 quejas, sólo cinco llegaron a ese par de recomendaciones: el 7.9 por ciento.
Los municipios donde se dieron más quejas son: Guadalajara, 17; y Tlaquepaque, 10.
Entre las víctimas registradas hay 16 mujeres y 47 hombres; dos son menores (14 y 15 años, varones); 16 son jóvenes de 19 a 29 años; 12 más de 30 a 53 años, y 33 que se ignora.
Las autoridades con más quejas recibidas son la Fiscalía Central (antes Procuraduría), con 19; Fuerza Única, 11; el Ejército, ocho; PGR, siete; y con tres cada uno: la Policía Federal, Policía de Tlaquepaque y Villa Corona.
Con respecto al destino de las víctimas, la CEDHJ lo sabe sólo en 24 quejas: en 11 de 2012 a 2015 siguen sin hallarse; en 12 de 2004, 2012 y 2014 ya se encontraron: nueve vivas y tres sin vida, y en una de 2012 hay una víctima viva y otra muerta.
La gestión de Álvarez
Sin embargo, la mayor incidencia por desaparición forzada en Jalisco se ha dado en los últimos años, ya en la gestión del hoy presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que inició en 2007.
De las 63 quejas desde 2000, 51 se dieron en su presidencia -81 por ciento-, en la que apenas una décima parte de los casos llegó a una recomendación: cinco (9.8 por ciento).
Del resto, 19 quejas están archivadas (37.2 por ciento); 12 derivadas a la CNDH (23.5 por ciento); y 15 en proceso (obtención de informes, acumulación o falta de ratificación, 29.4 por ciento).
En su gestión los municipios donde se ubicaron las quejas son:
Guadalajara y Tlaquepaque con 10 cada uno; con seis tanto Casimiro Castillo como Jilotlán de los Dolores; con tres Puerto Vallarta y Villa Corona; con un par San Juanito de Escobedo, Tecalitlán, Tonalá y Zapopan; y con una: Autlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Poncitlán y Zacoalco.
Las autoridades señaladas son la Fiscalía Central (antes Procuraduría), 16; Fuerza Única, 11; el Ejército, ocho; las Policías de Tlaquepaque y Villa Corona, con tres cada una; San Juanito Escobedo, Puerto Vallarta y la Armada, con un par; y con una: Autlán, Poncitlán, Zapopan y la Policía Federal.
Desde 2007 las víctimas fueron 15 mujeres y 36 hombres, con un menor de 15 años; 13 jóvenes de 19 a 29 años; nueve personas de 30 a 53 años, y 28 que se ignora.
Fuerza de temer
La Fuerza Única de Jalisco, el cuerpo de mando único de Fiscalía, no sólo ha recibido 11 quejas por desaparición forzada, también 29 por tortura en 2014 y 2015. La CEDHJ indicó en su Informe 2015:
“Con relación a la Fuerza Única es palpable la desconfianza y temor que importante sector de la sociedad tiene a sus integrantes, lo cual se refleja a través de las múltiples quejas recibidas por esta CEDHJ que día a día se incrementan de manera considerable”.
Esta Policía realiza operativos con unidades sin placas ni números oficiales, y “en muchos casos se les reclaman innumerables hechos violatorios de derechos humanos y de carácter delictuoso”.
De hecho, toda la Fiscalía del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz sumó 27 quejas por desaparición forzada en 2014 y 2015: el 43 por ciento de todas las que hay desde 2000, pero cuando la CEDHJ pide a su Comisionado de Seguridad información para indagar:
“Reiteradamente ha respondido con evasivas o bajo los débiles argumentos de que no se realizó ningún operativo o que no había oficiales asignados a esa zona.”
