La comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León prácticamente se tomó un año sabático, pues desde el 1 de septiembre de 2018 que arrancaron los trabajos de la Septuagésima Quinta Legislatura, los 11 diputados que integran dicha junta no atendieron solicitudes ciudadanas, no impulsaron reformas de su competencia y llevaron a cabo únicamente 10 sesiones durante todo el periodo.
La falta de interés de este órgano encabezado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo Bonifacio de la Garza, ha sido objeto de múltiples señalamientos, pero el más importante de estos fue el declararse “incompetentes” para aceptar la renuncia de Pedro Torres Estrada, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Este hecho, de acuerdo con diversas organizaciones civiles, provocó un “limbo” en el SEA.
Desde el 27 de enero del 2018, Torres Estrada solicitó su separación al comité, dejando una vacante que no fue sustituida por la falta de reformas complementarias en la Ley Estatal Anticorrupción.
Es evidente que para ninguna de las bancadas este tema es prioridad, lo cual, aunado a que los tiempos legislativos no dejan margen de actuación, propicia un clima de total incertidumbre, corriendo el riesgo de que se den nombramientos apresurados, opacos y contrarios al espíritu del propio SEA, como se ha visto hasta ahora
De forma inexplicable, de la Garza, quien preside la comisión especializada en el Congreso local, no presentó iniciativas para crear estas reformas complementarias, siendo la diputada María Dolores Leal, de la bancada del Partido Nueva Alianza, la única que se preocupó por impulsar una enmienda para suplir estos vacíos legales.
Este documento fue presentado a finales de octubre del año pasado, y en él se establece la duración de los integrantes del Comité de Selección, el mecanismo para dar trámite a una renuncia y la forma de completar una vacante dentro de este órgano.
Sin embargo, la Coalición Anticorrupción, conformada por Caintra, Ciudadanos contra la Corrupción, Evolución Mexicana, el Colegio de Abogados de Nuevo León y el Consejo Cívico, entre otros, informó que desde el 3 de diciembre envió su retroalimentación de la iniciativa a la diputada Dolores Leal, con copia a las comisiones Anticorrupción y de Puntos Constitucionales, sin recibir comentarios de vuelta sobre un proyecto que sigue estancado en la Septuagésima Quinta Legislatura.
Otra crítica contra Bonifacio de la Garza es que dejó pasar un año de trabajos legislativos sin estudiar y analizar la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón por el desvío de recursos para recopilar firmas para su candidatura presidencial durante el proceso electoral 2018.
El tema aún sigue estancado en la comisión y ni siquiera se ha mencionado qué tipo de sanción deberá recibir el mandatario, a pesar de que ya existe el ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde el pasado 1 de agosto.
Mantienen exigencia
Otro de los temas que recae directamente sobre el diputado emecista es la solicitud ciudadana de aplicar un juicio político contra el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, misma que se ha quedado pendiente desde hace más tres meses.
El documento entregado el pasado 23 de mayo menciona que el funcionario del gobierno de “El Bronco” está limitando el derecho universal a la salud de los ciudadanos de Nuevo León.
Guillermo Martínez Berlanga, integrante de la organización Comité Ecológico pro Bienestar, explica que hasta el día de hoy, De la Garza no quiere convocar a sesión a los integrantes de la comisión para atender la solicitud ciudadana, con el único pretexto de que “no se tendrá el quórum” requerido y por ello se pueda desechar la petición.
Productividad de la comisión anticorrupción por los suelos
En el primer año legislativo de la Septuagésima Quinta Legislatura estatal, la Comisión Anticorrupción tuvo un número bajo de participaciones.
La Mesa Directiva del primer año de trabajos, a cargo del diputado priista Marco González, informó que esta comisión tan sólo sesionó en 10 ocasiones, dos ellas en conjunto con la comisión de Puntos Constitucionales, lo que refleja el nivel y constancia de su trabajo.
De los asuntos que se le presentaron a este órgano, la mayoría fueron desechados en bloque, argumentando la improcedencia de al menos 20 dictámenes impulsados por la iniciativa ciudadana y organizaciones del estado
Cabe destacar que los 11 diputados encabezados por De la Garza sesionaron mucho menos que la comisión de Medio Ambiente, la cual mantuvo un registro de 16 sesiones durante el primer año de trabajos legislativos, en las que resolvió 39 expedientes pero el de Manuel Vital no les correspondía.
