La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGE) dio a conocer que tras realizar tres cateos a bodegas donde se almacenaba carne de pollo en el municipio de Toluca, se encontró pollo contaminado con sustancias que podrían causar cáncer.
Vale destacar que una de las bodegas cateadas, es donde en diciembre pasado fueron secuestrados cuatro empleados por presuntos integrantes del crimen organizado. Tales establecimientos fueron cerrados desde marzo y se aseguró producto para su análisis.
Bodegas de pollo contaminado acaparaban venta en Toluca
Las autoridades catearon y aseguraron los sitios, debido a su probable relación con la organización criminal de La Familia Michoacana, quienes se presume realizan acaparamiento de pollo.
Los peritos analizaron 160 piezas de pollo, donde detectaron presencia de poliacrilamida, carboxilo modificado, y tartrato de sodio y potasio, sustancias que elevan el riesgo de desarrollar cáncer, debido a que no deben ser utilizadas para la industria alimentaria.
¿Cuáles son las sustancias que contaminaron el pollo?
La poliacrilamida se usa como un acondicionador de suelo para uso hortícola y agrícola para evitar la erosión, con el fin de proteger la calidad del agua de los ríos y arroyos cercanos.
En tanto, los ácidos carboxílicos se usan para la fabricación de acetato de vinilo que se utiliza como monómero para la fabricación de polímeros, es decir, de plástico. También se puede ocupar para la fabricación de resina, lacas y películas fotográficas.
Mientras que el tartrato de sodio y potasio tiene gran importancia como medicamento, ya que se emplea para problemas de acidez estomacal y como laxante contra el estreñimiento.
Minoristas fueron obligados a comprar pollo contaminado
Por tal situación, la fiscalía destacó que la carne de pollo que comercializaban estos lugares no es apta para el consumo humano, lo que configura el delito contra el consumo por la venta de carne contaminada.
Vale destacar que las bodegas se ubican en el municipio de San José Guadalupe Hichochitlán y Parques Nacionales, y al parecer funcionaban para el acaparamiento de pollo, pues al parecer obligaban a minoristas a comprar un mínimo de 50 kilos.
Asimismo, trascendió que el grupo criminal exigía pagar 48 pesos adicionales por cada kilo a cambio de no hacerles daño, aunque dicho producto no cumplía con requerimientos básicos para el consumo humano.
