Combaten carencias en atención a víctimas

La atención a las víctimas de la violencia es uno de los grandes pendientes del Gobierno federal desde hace dos sexenios.

Aunque en el último año el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) ha mejorado su impacto, aun quedan pendientes para hacer más eficiente el auxilio a las personas víctimas de un hecho de violencia.

Salomón Jara, senador por Morena, trabaja en una iniciativa para activar el sistema de atención, comenzando por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Para Jara, una de las muestras más claras del fracaso de esta atención es que en el 2018 se reportaron 15 mil 525 personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).

“(Esta) cifra resulta alarmantemente baja en un país que contabiliza oficialmente más de 210 mil víctimas de homicidio doloso, 37 mil 435 personas desaparecidas y en el que se estima que 329 mil 917 personas fueron desplazadas forzosamente como consecuencia de la violencia”, expone Jara en su propuesta.

Una de las propuestas del congresista es que la dirección de la CEAV quede en manos del Ejecutivo y solo sea ratificado por el Senado, eliminando el método del envío de ternas al Congreso.

Mejora el flujo de ayuda

Datos de la propia CEAV indican que el flujo de recursos económicos para las víctimas mejoró en el 2018.

En el Informe de la Situación Financiera del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CEAV, de septiembre del 2018 —cifras más recientes—, revelan que se entregó más dinero a las víctimas.

Por ejemplo, por concepto de “Compensación por violación de Derechos Humanos cometidas por autoridades federales”, del 1 de enero al 30 de septiembre 2018 se entregaron 301.1 millones de pesos; en el mismo periodo del 2017 se habían ejercido apenas 35.6 millones. Este crecimiento representa un aumento del 706 por ciento en términos reales.

Sin embargo, el monto por persona beneficiada, disminuyó. En el 2017 se entregaron recursos a solo 27 personas, con un promedio de 1.3 millones de pesos. En el 2018, los beneficiarios alcanzaron la cifra de 348, pero promediaron una compensación de 865 mil pesos.

Para “Ayuda por concepto de gastos funerarios, alimentación, alojamiento, peritajes, gastos médicos y traslados” se entregaron en ese periodo 146.3 millones de pesos en el 2018, contra 49 millones que se ejercieron en el 2017. Esto es un 184.6 por ciento más en términos reales.

En este caso, el monto de los apoyos también creció. En el 2017 se atendió a mil 235 personas, con un promedio de ayuda de 39 mil pesos. En el 2018 fueron mil 300 los beneficiados, y el promedio de lo que recibieron fue de 112 mil pesos.

Una de las críticas más sentidas sobre el funcionamiento de la CEAV es el complicado acceso a los recursos económicos del FAARI, por lo que el congresista Salomón Jara propone suavizar los requisitos para acceder a estos apoyos.

Nuevos lineamientos

Otro de los problemas que la iniciativa detecta en la atención a víctimas es el escaso personal con el que cuenta la CEAV para cubrir la demanda.

“El personal de la Asesoría Jurídica Federal tiene cargas de trabajo tan grandes que no les permiten atender los casos de forma adecuada, pues a marzo de 2018 la CEAV contaba con solo 83 asesores jurídicos (37 en la sede y 46 de las delegaciones en las entidades federativas).

Además de que quedaría establecido en la Ley de Atención a Víctimas que se deberá contar con el personal suficiente, el congresista propone que se elimine el requisito de pertenecer al Registro Nacional de Víctimas para acceder a los apoyos y establecer en el mínimo los requisitos para estar en el Renavi.

“Para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción”, señala el congresista.

En su propuesta incluye también la denominación de víctimas de desplazamiento forzado interno a quienes han tenido que abandonar su hogar por situaciones de violencia.

Y se propone además que sea el presidente de la República quien proponga el nombramiento del titular de la CEAV al Senado, derogando el método de enviar una terna, como se establece actualmente.

Finalmente, la propuesta contempla la obligación de asignar recursos económicos cada año a la atención a víctimas de la violencia, que en ningún caso podrán ser menores a los del año anterior.

La propuesta contempla también que, de entrar en vigor, el nombramiento de Jaime Rochín como titular de la CEAV quedaría sin efecto y en su lugar se nombraría a un encargado de despacho en tanto se realiza el nombramiento del nuevo comisionado.

Esta iniciativa apenas será estudiada en comisiones del Senado de la República.