En Colima, uno de los últimos bastiones priistas, el dominio del partido tricolor poco a poco se va desdibujando por el tema de la seguridad.
Y es que, a escasos tres meses de concluir su cuarto año al frente de la entidad, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha demostrado una incapacidad para cumplir sus promesas de campaña, atender las necesidades de los colimenses y contener la ola de violencia que azota a la región desde que tomó las riendas del Ejecutivo estatal.
Desde el comienzo de su gestión, la violencia Colima se disparó, convirtiéndolo en un estado en donde los asesinatos, robos y secuestros incrementan año con año; un fenómeno derivado del aumento en la presencia de grupos del crimen organizado – provenientes de los estados de Jalisco y Michoacán– que ocupan el puerto de Manzanillo como la puerta principal del Pacífico para el contrabando.
“Desde el primer día de mi gobierno daremos pasos importantes que sienten las bases para la construcción de un Plan de Seguridad Integral más eficiente. La sensación de los ciudadanos es que los esfuerzos de las instituciones han sido insuficientes para combatir el delito, aplicar la ley, castigar con justicia a quienes delinquen y proteger mejor a la sociedad.
“Combatir el delito y sus causas no admite soluciones parciales o esfuerzos aislados, requiere de planteamientos integrales para elevar la capacidad de res- puesta; me comprometo a crear, por primera vez, una estrategia completa y eficaz para brindar la seguridad, la tranquilidad y la certidumbre que reclaman nuestros conciudadanos”, afirmó en 2015 Peralta Sánchez, en ese entonces candidato a la gubernatura estatal.
Promesas que distan mucho de la realidad que se percibe durante su cuarto año de gobierno.
Homicidio, robo y secuestro
Para el primer semestre del 2016 –año que marcó el inicio de la administración de Ignacio Peralta– los homicidios dolosos en la entidad sumaban 322 víctimas, con única- mente cuatro casos de secuestro durante ese mismo periodo.
Dos años después la cifra de asesinatos se elevó a 347 y de igual forma el número de casos de secuestro, siendo ahora nueve durante los primeros seis meses del 2018.
Ahora, para el mes de julio 2019 –y luego de una serie de ajustes en su gabinete que implicaron tres cambios en la figura del procurador de Justicia estatal– el número de víctimas por homicidio doloso en el gobierno de Nacho Peralta se incrementó a 422, y de igual forma el número de casos de secuestro, que ahora marca 13 en tan sólo seis meses.
Los datos de comparación, proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permiten observar que desde los primeros seis meses de su gestión hasta éste, su cuarto año al frente de la entidad, la incidencia delictiva en la entidad se disparó de forma considerable, más aún si se toma en cuenta que Colima es el segundo estado en el país con menor tasa de población, pues cuenta con poco más de 650 mil habitantes dentro de sus límites territoriales.
Para este año, el estado a cargo del gobernador priista ocupa el primer lugar nacional en tasa de homicidios dolosos; una posición que de acuerdo con la organización Semáforo Delictivo significa que en la región se cometen 42 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Dentro del mismo ranking, Colima se lleva el cuarto lugar nacional en secuestros, con 1.3 casos por cada 100 mil pobladores, superando incluso a la Ciudad de México –con más de 8 millones de habitantes– o estados como Sinaloa, Jalisco y Guanajuato, con una mayor extensión territorial y con una presencia permanente de
organizaciones criminales.
De igual forma, Colima ocupa el primer lugar en la categoría de robos, siendo otra crisis que no se ha combatido con la urgencia que merece. A pesar de que la estadística bajó de 2018 a 2019 –pasando de 4 mil 656 robos totales a 4 mil 429 de enero a julio de los años correspondientes–, el estado man- tiene el récord con 146 robos por cada 100 mil habitantes.
En la actualidad, a la crisis de violencia de la entidad se le suman el hallazgo de fosas clandestinas y el fenómeno de desaparición forzada, con un registro de 115 cuerpos encontrados y 96 cementerios ilegales localizados en lo que va del presente año.
¿SEGURO?
Para impulsar su campaña durante el proceso electoral 2015-2016,José Ignacio Peralta utilizó el eslogan “Vas a vivir feliz, ¡seguro!”, una promesa que el priista trabajó de forma amplia durante sus discursos oficiales.
“Los colimenses quieren un gobierno que ejerza con firmeza el poder para erradicar la inseguridad de nuestro estado; combatiendo a fondo y en serio la violencia, garantizando la tranquilidad en las calles, castigando a quien viola la ley, previniendo el delito. Quieren un Colima en paz y lo van a tener, ¡Seguro!”, afirmó.
Sin embargo, el incumplimiento de estas posturas no solo se percibe en los altos índices de violencia en la región, sino en los bajos niveles de aceptación que Peralta mantiene en las en- cuestas nacionales sobre calidad y eficiencia de los gobernadores del país.
El 4 de julio de este año, la consultora Arias reveló que el mandatario local cuenta única- mente con un 20.3 por ciento de aprobación en el estado que dirige, mientras que el grueso de la población, un 72.2 por ciento, rechaza de forma contundente al gobernador en turno.
De igual forma, en respuesta a la pregunta de cuánta confianza tenían en su gobernador, 76.1 por ciento de los colimenses respondieron que ya no tienen esperanza en el Ejecutivo local.
Para el 24 de ese mismo mes, consulta Mitofsky realizó un ejercicio similar, en donde Peralta Sánchez registró, con 41 meses de gestión, una calificación re- probatoria del 37.2 por ciento de los habitantes. Posicionándose en el lugar 21 de los mandatarios nacionales.
En el último ejercicio de evaluación de gobernadores dado a conocer por El Financiero, el Ejecutivo de Colima registra una desaprobación del 52 por ciento de los ciudadanos.
Destaca también el rechazo contundente a la estrategia de seguridad emprendida, con 73 por ciento de la desaprobación de los encuestados.
Estos factores permiten adelantar que, en caso de que no se hagan ajustes mayores en la estrategia emprendida hasta el momento, Ignacio Peralta Sánchez podría ser el responsable de ponerle fin a la larga tradición de mandatarios de extracción priista en el estado del occidente.
