El Instituto Nacional Electoral tiene clasificado al Instituto Electoral del Estado de Colima en “Riesgo alto” por la severa asfixia presupuestal que está padeciendo, causada por los drásticos recortes en sus fondos que han sido aplicados por el Gobierno estatal que encabeza la mandataria Indira Vizcaíno Silva, así como por el Congreso local de esa entidad federativa.
Esta condición de debilitamiento extremo en la que se encuentra el Instituto Electoral de Colima, justo en la antesala de la contienda electoral que se celebrará hacia la mitad del año, se le atribuye principalmente a la gobernadora, al fungir como jefa política del bloque de legisladores que conforman Morena y sus aliados, y el cual domina la vida interna del Congreso local.
De acuerdo con la información que expone el Instituto Nacional Electoral en el “Informe sobre la Situación Presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL) para el Ejercicio 2023”, publicado el 15 de diciembre pasado, la consecuencia más seria que está originando esta asfixia presupuestal es que en Colima “el proceso electoral está en grave riesgo”.
Los datos que recolectó la autoridad electoral nacional sobre lo que está ocurriendo en Colima de cara a los comicios de este año muestran lo siguiente: el Instituto Electoral del Estado de Colima requería como presupuesto operativo para el Ejercicio 2023 un total de 62 millones 476 mil 533.51 pesos, incluyendo ahí el gasto previsto para los preparativos del proceso electoral.
No obstante, el Congreso local, bajo la mayoría que conforman Morena –el partido de la gobernadora— y sus aliados, le autorizó al órgano electoral local únicamente 18 millones 568 mil 365 pesos, lo que significó en los hechos un recorte de 43 millones 908 mil 168.51 pesos, esto es, del 70.28 por ciento con respecto al diseño presupuestal que había elaborado el Instituto estatal.
El 20 de diciembre de 2023, cuando la consejera presidenta del Instituto Electoral de Colima, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, presentó el Informe Anual de Actividades 2023, cuestionó públicamente esta asfixia presupuestal que se le ha impuesto al organismo durante el mandato de la gobernadora, Vizcaíno Silva.
“Se atenta contra la democracia local y contra la autonomía del organismo electoral administrativo, con ello se está poniendo en grave riesgo no solo los derechos político electorales de votar, de toda la ciudadanía colimense, sino también el derecho de las personas que pretenden ser candidatas, a ser votadas”.
El organismo comunicó que existe el impago de rentas, mientras que los servicios de luz, agua, internet y otros están en riesgo constante de no poder ser solventados.
“Hoy y desde el mes de julio, se viven las consecuencias de esa decisión, lo que ha impedido que se cubra de manera oportuna el salario desde hace un mes a quienes laboran en esta noble institución, incluso ha provocado que durante 4 meses las consejeras y consejeros generales, no hayamos recibido remuneración alguna por nuestro trabajo, arrastrando con esto a decenas de familias”, agregó la consejera presidenta.
Inanición electoral
La falta de recursos que padece el órgano electoral de Colima para cubrir inclusive gastos básicos de la operación diaria, está recogida en el Informe elaborado por el Instituto Nacional Electoral, donde se expone que el 9 de diciembre pasado:
“La consejera presidenta solicitó a la gobernadora, Indira Vizcaíno una reunión para el lunes 11 de diciembre con la finalidad de abordar el tema presupuestal, al advertir que en estos momentos el proceso electoral está en grave riesgo por la falta absoluta de presupuesto para cubrir los gastos relativos a la preparación de la jornada electoral”.
Como lo denunció públicamente la presidenta, en el Informe del Instituto Nacional está plasmado que en el órgano electoral de Colima.
“Tienen adeudos por el pago de rentas, no tienen recursos para los gastos más elementales como son la energía eléctrica, telefonía, internet, e impuestos y papelería, aunado a sueldos y prestaciones de las y los trabajadores, a quien se les debe la segunda quincena de noviembre; mientras que las consejerías del Consejo General llevan ocho quincenas sin recibir salario”.
Ante el colapso total que se avecinaba para el Instituto Electoral de Colima, el Gobierno de Indira Vizcaíno abrió un poco la llave presupuestal hacia el mes de octubre pasado, sin embargo, los recursos liberados fueron mínimos, manteniendo así al organismo en su actual condición de crisis.
“El 24 de noviembre, la consejera presidenta del OPL advirtió que los 7 mdp de ampliación presupuestal que les autorizó el Gobierno del estado eran insuficientes, por lo que continuaba en riesgo el proceso electoral y la operatividad del organismo”, dice el Informe.
Réplicas colimenses
Apenas Vizcaíno Silva tomó las riendas del Gobierno de Colima, en noviembre de 2021, comenzó su propia batalla contra la autoridad electoral estatal, emulando así lo que hacía el presidente, Andrés Manuel López Obrador, su correligionario y líder político, en el plano federal, con el Instituto Nacional Electoral.
Así lo evidenció la presidenta durante su discurso del 20 de diciembre, según lo comunicó el organismo que encabeza.
“La consejera presidenta recordó que durante todo el periodo interproceso, es decir, los años 2022 y 2023, el Instituto Electoral del Estado ha transitado por dos graves crisis económicas, originadas por los recortes presupuestales de más del 50 por ciento en 2022 y del 70.28 por ciento en 2023”.
De hecho, también al igual que el Gobierno de López Obrador, en Colima se han emprendido acciones contra los salarios de los consejeros electorales.
“El 14 de marzo, el pleno del Congreso local aprobó reformar el Código Electoral del estado con la finalidad de reducir las percepciones de las y los consejeros electorales, del Secretario Ejecutivo y de las consejerías municipales, así como de las magistraturas del Tribunal Electoral local. El OPL promovió una controversia constitucional ante la SCJN que se encuentra pendiente de resolución”.
