Colima: Gobierno de Indira Vizcaíno se endroga con proveedores

El Gobierno de Indira Vizcaíno en Colima acumula pagos pendientes para sus proveedores y contratistas, además de otras deudas de corto plazo, por un monto que supera los 2 mil 501 millones de pesos; el Sistema de Alertas sobre endeudamientos que gestiona la Secretaría de Hacienda ha clasificado este indicador en un ‘Rango Alto’
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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El Sistema de Alertas que opera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para evaluar continuamente el nivel de endeudamiento que presentan las autoridades locales del país, detectó que el Gobierno de Colima ha alcanzado un “Rango Alto” en los pagos pendientes que tiene ante sus proveedores y contratistas.

Los problemas financieros por los que estaría atravesando el Gobierno que encabeza la mandataria de Morena, Indira Vizcaíno Silva, y que fueron identificados por el Sistema de Alertas de la Secretaría federal, están vinculados con el Indicador 3, denominado “Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales”.

Este indicador que se ha vuelto un foco rojo para el Gobierno de Vizcaíno Silva se obtiene tomando en consideración dos valores: las “Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas menos efectivo, bancos e inversiones temporales”, que en este caso ascendieron a 2 mil 501 millones 300 mil pesos.

Y los “Ingresos Totales” presupuestados por la administración estatal de Colima, mismos que representan un monto de 18 mil 538 millones 900 mil pesos. Por eso el Sistema de Alertas sobre el nivel de endeudamiento de los estados advierte que, en el caso del Gobierno local de Colima, sus deudas de corto plazo, así como las que tiene con sus proveedores y contratistas, ya equivalen a más de una décima parte de todos sus ingresos (13.5 por ciento).

Lo anterior se corrobora en el reporte titulado “Resultados del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas al Tercer Trimestre de 2022”, que publicó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en  enero de 2023.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas define al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda como un mecanismo de evaluación del nivel de endeudamiento de los entes públicos que tienen contratados financiamientos y obligaciones con fuente o garantía de pago de ingresos de libre disposición.

El sistema, además se actualiza con la siguiente temporalidad:

“Para el caso de las entidades federativas, las evaluaciones se aplican de manera trimestral y anual, utilizando para este último caso información de Cuenta Pública. Las primeras tienen un carácter meramente informativo y de seguimiento, mientras que la segunda tiene carácter vinculante sobre el techo de financiamiento al que podrán acceder las entidades federativas”.

El Sistema de Alertas se creó con la expedición en 2016 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas (Artículo 1).

Dificultades financieras

En su Primer Informe de Gobierno, la gobernadora de Colima, Vizcaíno Silva, aseguró que la administración estatal fue heredada por parte del exmandatario, José Ignacio Peralta Sánchez, con adeudos que superaban los 6 mil millones de pesos.

“Referente a pasivos heredados, con corte al 31 de octubre del año 2021 se tenían reconocidos en la contabilidad del Gobierno del Estado un monto de 6 mil 532 millones 480 mil 185.59 pesos (…) de los cuales 3 mil 185 millones 702 mil 072.16 pesos (…) corresponden a pasivo no circulante y 3 mil 346 millones 776 mil 113.43 pesos (…) representan la deuda pública a largo plazo, montos sobre los cueles se han venido trabajando para su pago con las limitantes que prevé la Ley de Disciplina Financiera”.

El Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda está diseñado para catalogar a los Gobiernos estatales en tres posibles niveles de endeudamiento: endeudamiento sostenible, endeudamiento en observación y endeudamiento elevado.

En el caso del Gobierno de Colima, una vez que se han evaluado todos los indicadores financieros previstos por el Sistema de Alertas, la clasificación que obtuvo fue la de “endeudamiento en observación”, así lo señala el reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

“Cuatro entidades federativas (12.9 por ciento) presentan un nivel de endeudamiento en observación. Coahuila, Colima, Chihuahua y Quintana Roo”.

Mientras que la gran mayoría de las entidades federativas (26) fueron clasificadas en el nivel de “endeudamiento sostenible”. El caso más grave, sin embargo, fue el de Durango.

“Durango es la única entidad que presenta un nivel de endeudamiento elevado. En este caso se trata de una calificación automática por disposición del Artículo 15 del Reglamento del Sistema de Alertas, mismo que establece que cuando alguna entidad incumpla con el pago de algún financiamiento u obligación, se le clasificará automáticamente con nivel de endeudamiento elevado”.

Se consideran únicamente 31 Gobiernos estatales en el reporte debido a que Tlaxcala no cuenta con financiamientos y obligaciones inscritas en el Registro Público Único de endeudamientos.

Créditos de emergencia

La Auditoría Superior de la Federación ha evidenciado que al menos desde el año 2021 el Gobierno del estado de Colima ha presentado dificultades financieras, por lo que ha tenido que recurrir a créditos de corto plazo o quirografarios para hacerse de recursos de forma inmediata hasta por 500 millones de pesos.

“El Gobierno del estado de Colima contrató dos obligaciones a corto plazo durante el ejercicio fiscal 2021, que se adjudicaron bajo las mejores condiciones del mercado por un monto de 500 millones de pesos.

“Los créditos fueron quirografarios y se inscribieron en el RPU de la SHCP dentro del plazo establecido por la normativa; (…) estas obligaciones no se refinanciaron o se reestructuraron en plazos mayores de un año; además, los créditos contraídos por la administración anterior quedaron totalmente pagados a más tardar tres meses antes de que concluyera el periodo de gobierno y durante este periodo no se contrataron nuevas obligaciones a corto plazo”, así lo señala en su auditoría sobre el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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