Colima: el otro huracán

No hay quizá en México un estado donde se reflejen más los tentáculos de la narcopolítica como Colima, el pequeño estado del Pacífico mexicano.

En dos semanas ocurrió lo impensable en esta entidad: un atentado contra un exgobernador, la anulación de la elección por la gubernatura y el embate del huracán más poderoso en la historia del país.

Colima sobrevivió al paso de “Patricia”, que dejó solo daños en infraestructura y viviendas, pero probablemente no tenga la misma suerte en la disputa que existe por el poder político y la guerra que libran los cárteles de la droga por el puerto de Manzanillo.

Estos “huracanes” de Colima son más devastadores que los naturales.

Esta semana concluye su sexenio el gobernador priista Mario Anguiano, que deja un estado inmerso en una crisis por la violencia y la inestabilidad política.

Anguiano tendrá que cargar con los dos ataques que sufrieron durante su gobierno dos exgobernadores. Uno, Silverio Cavazos, quien  fue acribillado hace cinco años. Y hace dos semanas Fernando Moreno Peña sobrevivió a un ataque a balazos.

En este contexto violento se anunció la semana pasada otro ciclón: la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la elección por la gubernatura de Colima por la intervención del gobierno del estado a favor del candidato priista Ignacio Peralta, que había ganado por menos de mil votos la contienda al senador del PAN, Jorge Luis Preciado.

La anulación de la elección de Colima despierta sospechas por una posible concertacesión del gobierno federal con el PAN, acuerdos como los que hubo durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

En el salinato se negoció con el PAN la gubernatura de Baja California, a favor del panista Ernesto Ruffo Appel, y otras elecciones como la Alcaldía de Monterrey para el primer alcalde albiazul. 

No hay duda que Colima enfrenta sus propios huracanes, más temibles, más devastadores que incluso “Patricia”.

Diez días antes de que tomara posesión como nuevo gobernador de Colima, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular la elección y quitarle el triunfo al priista José Ignacio Peralta.

La anulación en Colima llega en un momento políticamente complicado. La cercanía de la elección de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una baja en la credibilidad de las instituciones, han llevado a algunos sectores a denunciar que se trata de una negociación entre el PAN y el PRI para obtener beneficios mutuos.

Es la tercera vez que el máximo tribunal electoral del país decide anular una elección a gobernador. En todas, el común denominador ha sido la intervención del gobierno estatal.

La primera vez ocurrió en el año 2000, cuando el Tribunal anuló la elección a gobernador de Tabasco por la intervención del priista Roberto Madrazo, entonces mandatario de la entidad.

Ocurrió después en el 2003, también en Colima, donde se comprobó la intervención del priista Fernando Moreno Peña, entonces gobernador -quien fue herido por un ataque a balazos el 12 de octubre pasado en la capital estatal-.

Ahora, el TEPJF comprobó la intervención del gobernador priista Mario Anguiano.

El Congreso local deberá nombrar a un gobernador interino, que tome protesta este 1 de noviembre, y convocar a nuevas elecciones.

Otra vez, los ciudadanos de Colima vivirán la campaña política y acudirán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador. Esta vez, idealmente, sin la intervención de ninguna autoridad para coaccionar el voto.

José Ignacio Peralta negó que haya habido intervención del gobernador y afirmó que los votos los obtuvo limpiamente.

Jorge Luis Preciado, senador y candidato del PAN a la gubernatura, afirmó que no sabe si volverá a ser el abanderado de su partido porque eso lo decidirán los panistas en los próximos meses.

Preciado fue declarado perdedor por apenas 503 votos.

La elección más contada

Luego de las elecciones del 7 de junio pasado, la de Colima fue la única que se complicó.

El Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) llevó a cabo el procedimiento del conteo voto por voto y, ocurrió algo que levantó la sospecha de los panistas.

El 11 de junio, cuando se dio a conocer el cómputo final de la elección, la consejera presidenta del IEE, Felicitas Alejandra Valladares, dio el triunfo al panista Jorge Luis Preciado. Sin embargo, minutos más tarde, anunció que no se le había proporcionado el resultado de una casilla en Manzanillo y la tendencia era favorable a José Ignacio Peralta.

La diferencia entre ambos candidatos era de 547 votos.

Vino entonces el recuento del voto por voto. Una vez que éste terminó, la diferencia de votos se redujo a 503, con ventaja para el priista.

El PAN comenzó la batalla legal para defender el triunfo.

La defensa recayó en Javier Jiménez Corzo, representante del PAN ante el IEE, y en Eduardo Aguilar, coordinador jurídico del PAN.

Se presentaron casi 500 pruebas ante el TEPJF sobre irregularidades en el proceso de elección. Como que 16 personas ya fallecidas habían emitido su voto.

Se demostró también que 100 personas que viven en el extranjero, supuestamente votaron. Los propios familiares de estas personas dieron fe, ante Notario Público, de que estaban fuera del país ese día.

Esas pruebas, sin embargo, fueron desechadas por el TEPJF; incluso, acusaron al PAN de hacer mal uso del padrón electoral para presentarlas.

Dentro del cúmulo de pruebas, los panistas presentaron también una grabación donde se escucha al secretario de Desarrollo Social estatal, Rigoberto Salazar, coaccionando a una persona para que dé su apoyo a Ignacio Peralta.

“Es una ley no escrita en política: gobernador deja a gobernador; presidente deja presidente. Esa es su responsabilidad. Y si tú estás aquí por Mario (Anguiano), debes apoyar a Mario para que deje un gobernador priista”, se escucha a Salazar en la grabación.

A pesar de esta prueba, el anteproyecto del magistrado Manuel González Oropeza, del TEPJF, consideraba hasta unas horas antes de la resolución, mantener el triunfo de Peralta.

Sin embargo, antes de las 5:00 horas de ese miércoles, el PAN ingresó al TEPJF su última carta: una grabación proporcionada por la diputada local panista Julia Licet Jiménez.

En dicha grabación se escucha a Rigoberto Salazar reconocer que es su voz la de la grabación anterior. La declaración fue hecha el martes 20 de octubre, en su comparecencia ante el Congreso local.

Tomando como prueba las grabaciones entregadas por los panistas, González Oropeza decidió que sí se comprobaba la intervención del gobernador Mario Anguiano, por lo que modificó totalmente su proyecto de sentencia, anulando la elección.

En un tribunal incompleto, con seis de siete magistrados –pues no se ha nombrado al sustituto de Alejandro Luna Ramos-, el TEPJF avaló la anulación.

La defensa en dos frentes

El PRI y el PAN llevaron el juicio en dos frentes: por un lado, la batalla jurídica ante el Tribunal; por otro, la lucha política ante la ciudadanía.

Casi de inmediato, el PAN convocó a ciudadanos de Colima a marchas y mítines para defender lo que consideraba un triunfo robado.

El PRI, por su parte, mantuvo su posición de triunfo en todo momento. Incluso, a pocos días de las elecciones, Peralta afirmó que las de Colima habían sido “las elecciones más transparentes de todo México”.

El PAN nombró a Javier Jiménez Corzo -un abogado panista que fue representante del PAN ante el IEE-, como responsable del proceso legal.

En el PRI, fue nombrado Rogelio Rueda Sánchez, un político priista que ha sido legislador y parte de la estructura de gobierno.

Tanto el PRI como el PAN atravesaron por los procesos internos para renovar sus dirigencias nacionales.

Sin embargo, el proceso pegó más fuerte en el tricolor.

Al llegar Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, lo acompañó un nuevo equipo en todas las áreas. Tardó varias semanas a nombrar a los encargados de sus nuevas carteras.

Algunos priistas consideran que esto determinó en la forma en que el tricolor llevó la defensa de su triunfo en Colima.

José Ignacio Peralta y los priistas colimenses, se quedaron solos en su defensa y en el cabildeo ante el Tribunal.

Esto empeoró con el hecho de que Peralta es un hombre cercano al Gobierno federal –es amigo de Luis Videgaray-, alejado de Mario Anguiano, el actual gobernador.

En el PAN, en cambio, la transición fue más suave y la defensa fue sostenida. El hecho de que Ricardo Anaya, cercano a Gustavo Madero, ganara la elección, garantizó que la defensa siguiera su curso.

Además de que, para Anaya, la defensa de Colima fue una bandera desde el momento que tomó posesión como presidente nacional del PAN.

La sospecha

La anulación de la elección en Colima despertó sospechas sobre el motivo del cambio de parecer del TEPJF.

Hay quienes aseguran que la anulación es para abrir el paso a una negociación rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La negociación sería a favor del PAN para lograr, a cambio, un voto favorable para los candidatos que proponga el presidente Enrique Peña Nieto hacia la SCJN, en especial para favorecer a Raúl Cervantes o a María del Carmen Alanís Figueroa.

También se dice que el acuerdo podría ir en otro sentido: desde impulsar reformas hasta sacar adelante un pacto para impedir que se investiguen actos de corrupción.

A esa conclusión llegó, incluso, Andrés Manuel López Obrador, quien denunció que el acuerdo puede ser hasta por un voto a favor de la reforma de aguas o hasta una alianza rumbo al 2018.

“Esto fue un acuerdo de cúpulas; se reunieron (PRI y PAN) con Peña Nieto y con Osorio Chong. Hay que ver a cambio de qué. Hay que ver qué van a dar a cambio de esta anulación”, expresó López Obrador.

Los magistrados del TEPJF que votaron a favor de la anulación no utilizaron argumentos políticos en su posición, sino posturas legales para establecer por qué sí quedaba comprobada la intervención del gobernador Anguiano.

Ricardo Anaya, líder del PAN, negó que se negociara con un tema tan sensible como es la voluntad de los colimenses sobre quién los gobernará.

“La ley y la voluntad de los ciudadanos no se negocia; en el caso de Colima solo pedimos justicia para que se respetara el voto”, señaló Anaya.

Manlio Fabio Beltrones, dirigente del PRI, reconoció que fueron las acciones de Rigoberto Salazar las que hicieron que les fuera quitado ese triunfo.

“En Colima hubo un candidato triunfador y ese fue Ignacio Peralta, el candidato del PRI, lo hicimos con mayoría de votos, como debe ser una elección democrática.

“Lamentablemente el Tribunal tuvo consideraciones de otro tipo por la intervención de un funcionario público del gobierno de Colima que echó a perder esa elección”.

A pesar de las faltas de Salazar y la presunta injerencia del gobernador Mario Anguiano, no podrá haber sanciones en su contra porque no se ha reglamentado el artículo 134 de la Constitución Política, que refiere a la intervención de las autoridades y funcionarios en procesos electorales.

Lo que sigue

El fallo del TEPJF indica que el Congreso de Colima debe nombrar un gobernador interino, que tome protesta el próximo 1 de noviembre, y convocar a elecciones extraordinarias.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Colima, el Congreso nombrará un gobernador interino de una terna que presentará el partido del gobernante a sustituir, el PRI.

Para ser electo el gobernador interino, se requerirá solo del voto de la mayoría de los diputados presentes.

A partir de que se nombre al gobernador interino, el Congreso tendrá un plazo de 10 días para expedir la convocatoria para la elección extraordinaria.

Esta elección deberá realizarse en un plazo máximo de un mes, a partir de la emisión de la convocatoria.

Martha Leticia Sosa Govea, diputada local del PAN y presidenta del Congreso de Colima, anunció que en los próximos días se dará a conocer la convocatoria.

Los partidos deberán emitir sus convocatorias para la elección de los candidatos. De acuerdo con la sentencia del Tribunal, ni Peralta ni Preciado están impedidos para volver a participar.

La resolución del máximo tribunal electoral establece también que se debe dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para que investigue si hubo un mal uso del padrón electoral por parte del PAN.

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