Los recursos federales que fueron recibidos por el Gobierno de Colima durante 2023 con el objetivo de atender la inseguridad pública fueron ejercidos con múltiples anomalías.
En la revisión que efectuó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la utilización del “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)” durante el año 2023, el Gobierno de Colima arrojó los peores resultados de todo el país en este ámbito.
En efecto, el Gobierno de Colima, encabezado por la mandataria Indira Vizcaíno Silva, generó los mayores montos de observaciones a nivel nacional, derivados de las numerosas irregularidades que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio de estos recursos que debían aprovecharse para disminuir la inseguridad del Estado.
“El monto de 288.5 mdp pendientes de aclarar en todo el país se concentró en los estados de Colima, Chiapas, Chihuahua, Morelos, Sinaloa, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Estado de México, por lo que es fundamental que se implementen medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos del fondo, a efecto de lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos”, asentó la ASF en el documento titulado “Marco de Referencia (FASP), CP 2023”.
En el mismo documento, el órgano fiscalizador también advirtió que el Gobierno de Colima presentó la mayor proporción de recursos ejercidos con irregularidades en todo el escenario nacional, lo cual se determinó al comparar su monto de observaciones por anomalías con la bolsa total que fue auditada.
“Un factor fundamental en la fiscalización de la ASF es coadyuvar de manera preventiva con los entes responsables de la ejecución de los recursos públicos; al respecto y con la finalidad de realizar una correcta interpretación del ejercicio de dichos recursos, se presenta el indicador ‘monto por aclarar/muestra auditada’, que para el ejercicio 2023 fue del 4.6%. Las entidades federativas con el porcentaje más alto respecto al indicador ‘monto por aclarar/muestra auditada’ fueron Colima y Chiapas con el 89.2% y el 36.3%, respectivamente”, añadió la Auditoría en el apartado denominado “Monto por aclarar respecto de la muestra auditada”.
El informe que generó la ASF sobre el Gobierno de Colima, tras haber analizado su ejercicio del “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal”, durante 2023, arrojó las siguientes conclusiones:
“Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar. Se determinó un monto por 141,508,536.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 62,326.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 141,446,210.59 pesos están pendientes de aclaración”.
Y complementó dicho documento del órgano auditor federal: “En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
¿En dónde está el faltante de Colima? La ASF lo ubicó en los vehículos
Entre las irregularidades detectadas por la ASF sobre el gasto que efectuó el Gobierno de Colima del “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal” en 2023, destacan las que estuvieron vinculadas con los servicios de mantenimiento y arrendamiento de vehículos.
La administración estatal carece de documentación que permita constatar que el gobierno colimense recibió servicios que contrató para el mantenimiento de los vehículos destinados a la seguridad pública, como del arrendamiento de unidades para ese mismo ámbito.
El órgano auditor federal señaló que estas presuntas anomalías se cometieron no obstante que se trata de recursos públicos federales que debieron invertirse para disminuir la violencia en ese estado, así como para reducir los delitos.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 112,544,452.38 pesos (…), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la prestación de los servicios conforme a las especificaciones pagadas, por los conceptos de ‘Prestación de servicio de mantenimiento preventivo’ y de ‘Arrendamiento de vehículos’, financiados con recursos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2023”.
Pese a estos hallazgos del órgano auditor, la gobernadora de Colima, Vizcaíno Silva, declaró el pasado 25 de noviembre de 2024, durante su Tercer Informe de Gobierno:
“Hay certeza de que los resultados han valido el esfuerzo; hay convicción de que la transformación de Colima avanza en dirección correcta y hay seguridad que se han logrado resultados; aún viene lo mejor (…) cuando se administra con honestidad el dinero del pueblo, sí alcanza para apoyar al pueblo; el pueblo sabe qué es un gobierno del pueblo y para el pueblo, no es sólo una idea sino una realidad que construimos juntas y que consolidamos día con día”
