Sonia Vargas Terrero, colaboradora de la ministra Norma Piña en el Poder Judicial, forma parte de la trama de corrupción por 700 millones de dólares montada por Genaro García Luna que es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Dio a conocer el director Pablo Gómez al exponer el estatus de la investigación.
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Gómez señaló que, durante el sexenio de Felipe Calderón, “Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos”.
Los contratos se suman a los entregados durante los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña al conglomerado de García Luna desde la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Esto luego de que el pasado viernes, el primer mandatario denunció públicamente que Norma Lucía Piña había incorporado a Vargas Terrero como titular de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Incluso cuestionando si esta contratación estaba vinculada con el fallo a favor de la esposa de García Luna.
#Mañanera l El titular UIF, @PabloGomez1968Las, señaló que personas mencionadas dentro del caso #GarciaLuna, como Sonia Vargas Terrero, están incluidas dentro de las denuncias presentadas ante @FGRMexico. @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/AZMqfSSehT
— Alfredo Capulín (@CAP770509) May 22, 2023
Vargas Terreros, en denuncias ante Florida y la FGR
Gómez recalcó que “estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El Gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentran una gran cantidad de estos bienes”.
De acuerdo con las leyes tanto de Estados Unidos como de Florida en particular, las autoridades estatales tiene competencia para dar lugar a la demanda y para la restitución de bienes que son producto de operaciones ilícitas internacionales, “pero realizadas, invertidas, lavadas, drenadas en el estado de Florida”, explicó el titular de la UIF.
También recalcó que Vargas Terrero está entre los 15 funcionarios de las administraciones federales de Felipe Calderón y de Enrique Peña, así como el Gobierno de Miguel Mancera en la Ciudad de México, que “forman parte de las denuncias presentadas, o están dentro de las denuncias presentadas, ante la Fiscalía General de la República”.
Sobre los contratos entregados por NUNVAV, holding de García Luna operado por Mauricio Samuel Weinberg López y Israel Limban en Estados Unidos, Gómez agregó que “nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano. Creo que ya debió haber ocurrido eso, pero estamos insistiendo”.
