Durante el periodo de transición, Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de la República, sigue dando aire a colaboradores de viejos gobiernos; en esta ocasión, los ojos se posan en Ignacio Ovalle Fernández, quien colaboró durante los gobiernos de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, recordados porque durante sus sexenios se presentaron dos casos que siguen siendo condenados por la sociedad: la matanza de estudiantes de Tlatelolco, orquestada el 2 de octubre de 1968; y El Halconazo, perpetrado el 10 de junio de 1971.
La tarde de este jueves 16 de agosto, López Obrador brindó una conferencia de prensa en su casa de transición, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, en la que se ratificó el nombramiento de Víctor Villalobos como titular se la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
AMLO también anunció la creación de un nuevo organismo: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que será dirigida por Ignacio Ovalle Fernández.
El próximo funcionario, que comenzará a despachar desde el 1 de diciembre, cuando arranque la próxima administración federal, no es un improvisado.
Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Ovalle trabajó en la Secretaría de Gobernación, y desempeñó el puesto de Jefe de La Oficina de Vendedores Ambulantes.
Luis Echeverría era el Secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, y cuando consiguió la Presidencia del siguiente sexenio, Ovalle Fernández, quien también fue su secretario particular, fungió como Secretario de la Presidencia de la República.
Ese no fue el final de la carrera política de Ignacio Ovalle Fernández.
Con José López Portillo trabajó como Coordinador del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), y cuando Miguel de la Madrid llegó al poder, se desempeñó como embajador de México en Argentina y Cuba.
Su periodo más controvertido ocurrió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando Ovalle dirigió la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
En su cargo, además de poner a la venta plantas y activos de Industrias Conasupo, cerró más de 500 tiendas Conasuper, retiró las concesiones a más de 2 mil establecimientos, y despidió a más de 20 mil trabajadores que denunciaron que no recibieron una justa indemnización.
