Un nuevo juicio contra el cobro de los estacionamientos de centros comerciales volvió a revivir la lucha emprendida desde hace cuatro años por el abogado Alejandro Gómez Montemayor.
La Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa resolvió aplicar el artículo 6 del Reglamento de Recepción, Estacionamiento y Guarda de Vehículos en Edificios o Locales Públicos o Privados del Municipio de Monterrey, para que los estacionamientos particulares no tengan fines de lucro.
“Se consideran estacionamientos particulares, creados y mantenidos por particulares sin fines de lucro, en terrenos, edificios y construcciones utilizadas como centros de reunión social, comercial, industrial y que en áreas parciales de los mismos se realiza la guarda, recepción y entrega de vehículos, pues la mayor parte se destina a una actividad principal distinta del servicio de estacionamiento”, dice el reglamento.
En el área metropolitana todos los estacionamientos tienen una tarifa promedio de 20 pesos por hora, sin responsabilidad de robo o daño del vehículo
El litigante Gómez Montemayor presentó en 2019 un derecho de petición ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología pero esta dependencia no contestó.
El 22 de septiembre de 2020, el Tribunal de Justicia Administrativa señaló que dicha Secretaría no tiene la facultad para aplicar este artículo, sino que es la Dirección de Tránsito y Obras Públicas del municipio de Monterrey la encargada de inspeccionar y vigilar el reglamento.
“Esta Sala de Instrucción considera que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Nuevo León, no es competente para resolver la solicitud realizada por el accionante toda vez que como se puede advertir de lo previamente trascrito son la Dirección de Tránsito (la cual se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad) y la Secretaría de Obras Públicas, ambas de Monterrey, Nuevo León las autoridades competentes para aplicar y vigilar que se cumpla con el contenido del Reglamento de Recepción, Estacionamiento y Guarda de Vehículos en Edificios o Locales Públicos o Privados del Municipio de Monterrey”, dice la resolución.
El Tribunal de Justicia Administrativa se sustenta en el artículo 27 de este reglamento, que establece la inspección de los estacionamientos de servicio público o privado, a fin de supervisar las instalaciones y condiciones de funcionamiento.
“Estará a cargo de las Direcciones de Tránsito y Transporte y Obras Públicas del Municipio, con personal comisionado para tal fin. Estas inspecciones se harán mensualmente”, dice el reglamento.
El comienzo de la lucha por los estacionamientos
En 2016, el abogado Alejandro Gómez Montemayor emprendió la lucha contra el cobro de estacionamientos de centros comerciales, tras interponer una denuncia ciudadana ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Monterrey.
Sin embargo, la demanda no tuvo éxito porque este ayuntamiento argumentó que el quejoso no había acreditado ser vecino cercano a un estacionamiento. No obstante, Gómez Montemayor se inconformó por esta decisión municipal ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa.
La resolución del tribunal fue en contra de la denuncia ciudadana presentada por Gómez Montemayor, es decir, favoreció al municipio. Pero en 2018, interpuso un amparo directo ante un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación.
Este órgano acreditó que tiene razón el acto reclamando del demandante, por lo que inició un procedimiento administrativo. El Tribunal federal concluyó que el municipio tiene que aplicar el reglamento y hacer inspecciones en los estacionamientos.
La autoridad municipal acredita que sí está cobrando, pero se defiende alegando que afectaría el libre comercio, en lugar de aplicar este reglamento. Es por eso que ahora el abogado Gómez Montemayor tramitó un derecho de petición en la capital que abrió la puerta para este nuevo juicio en la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa.
En el Congreso local existen desde el año pasado cuatro iniciativas de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano para que los estacionamientos de centros comerciales sean gratuitos en beneficio de la ciudadanía, pero simplemente no transitan. La intención de eliminar este cobro inició en mayo de 2012, cuando una iniciativa enviada al Poder Legislativo por el entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, solicitaba quitar esta forma de recaudación.