Rechazaron la cuenta pública de Monterrey del 2015, de la administración de Margarita Arellanes, por la contratación irregular de un despacho jurídico por un monto de 7.5 millones de pesos
La cuenta pública de la administración estatal de Nuevo León en el ejercicio 2015 fue rechazada por la Comisión de Hacienda del Estado.
Así lo dio a conocer la diputada local Gloria Treviño, presidenta de la Comisión, quien adelantó que de los 77 expedientes de las cuentas públicas correspondientes a 2015, 54 ya están listas para pasar al pleno, en 13 se presentaron reservas y 10 van en sentido de rechazo.
Los expedientes de la cuenta pública 2015 rechazados por la Comisión corresponden tanto al exgobernador de la entidad Rodrigo Medina de la Cruz como al actual mandatario Jaime Rodríguez Calderón.
Como parte del ejercicio fiscal correspondiente a la actual administración, hay información reservada por la Contraloría del Estado en torno al caso del ‘cobijagate’, por lo que dicho expediente es uno de los rechazados para que la Auditoría Superior del Estado continúe la investigación y emita las sanciones correspondientes.
A inicio de diciembre de 2015, poco más de dos meses de iniciada la gestión de Rodríguez Calderón, el entonces director de adquisiciones estatal Rogelio Benavides compró, a sobrecosto, 200 mil cobertores que fueron repartidos por el gobierno en la época invernal.
Según reportes periodísticos, los artículos fueron comprados en 29 millones de pesos, al triple de su valor real de mercado. El escándalo le costaría el cese al funcionario.
Entre los expedientes que se rechazaron se encuentran también el Fideicomiso para la creación y consolidación del empleo productivo, el Instituto constructor de infraestructura física educativa y deportiva, Servicios de agua y drenaje, Servicios de Salud, Parque Fundidora, Sistemas de caminos y Red estatal de autopistas.
Asimismo, la Comisión Primera de Hacienda del Congreso Estatal rechazó la cuenta pública del Municipio de Monterrey del año 2015, durante la administración de Margarita Arellanes.
El rechazo se debe al caso de la contratación irregular de un despacho jurídico por un monto de 7.5 millones de pesos, explicó el diputado Juan Francisco Espinoza, presidente de la Comisión.
