El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pasará a la historia por heredar un desastre económico en la entidad por el pésimo manejo de las finanzas estatales.
Debido a esta situación, durante el segundo semestre del 2022, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, 63 denuncias penales correspondientes a revisiones de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 según el Informe de Actividades del 2022 y el Estado que Guardan las Cuentas Públicas.
Dicho documento se publicó durante el pasado mes de mayo, sin embargo, en este informe no se precisa cuáles entes públicos son y los montos correspondientes a cada denuncia.
El 26 de mayo del 2022 se presentaron dos denuncias; el 15 de julio se hicieron las entregas de 48 denuncias; mientras que el mismo mes, pero el día 26, otras 10 denuncias.
Las últimas tres fueron presentadas el día 23 de agosto, todas ante la misma instancia: la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo los artículos 70 al 74 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos podrán tener las siguientes sanciones:
Suspensión de 30 a 90 días naturales; destitución, sanción económica; inhabilitación temporal de 1 a 20 años, según el monto; y de 3 meses a 1 año en caso, de no causar daños y perjuicios, ni exista beneficio o lucro.
De acuerdo con medio locales, Del 2013 al 2022, la ASEC ha presentado más de 430 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y Fiscalía Anticorrupción, todas con base en la revisión de las cuentas públicas, así como también por orden de revisiones específicas derivadas de puntos de acuerdo aprobados en el Congreso del estado.
Las Multas
En dicho informe también se señala que al menos durante el 2022, la ASE emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información y presentación de avances de gestión financiera.
De las 16 multas, 14 fueron por incumplimiento a los requerimientos de información formulados por la ASE y dos por falta de presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.
Dichas sanciones obedecen a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado que establece que si con motivo del ejercicio de las funciones de la ASE se advierte infracciones a dicha ley, ésta tendrá la facultad de imponer sanciones pecuniarias.
Poderes de Coahuila sin dinero para pagar
De acuerdo al resumen ejecutivo de los resultados del Análisis al Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) correspondiente al primer trimestre del 2023, los tres poderes del estado no contaron con liquidez para satisfacer sus compromisos financieros a corto plazo.
La liquidez es la capacidad que tiene la entidad pública para pagar sus compromisos financieros a corto plazo.
“Al 31 de marzo de 2023, en términos globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, señala el documento.
Los activos circulares son los recursos controlados por un ente público en términos monetarios y de los que se esperan beneficios económicos y sociales futuros, de fácil disponibilidad, en un plazo menor o igual a doce meses.
Los nuevos créditos deberán pagarse en un año; tres bancos decidieron no prestarle más a #Coahuila, cuyas “insuficiencias de liquidez” cada vez son más graves. pic.twitter.com/fv88SLps87
— Camelia Muñoz (@Camemual) January 11, 2021
El Poder Ejecutivo representado por el gobernador Miguel Riquelme, al 31 de marzo de 2023 y 2022, no tuvo la suficiente liquidez para satisfacer sus compromisos financieros.
El Poder Judicial representado al menos por el Tribunal Superior de Justicia, al 31 de marzo de 2023, de igual manera, no tuvo la posibilidad de disponer de dinero suficiente para satisfacer sus compromisos financieros; por el contrario al 31 de marzo de 2022 que presentó una liquidez de 1.08 pesos indicando capacidad de pago a corto plazo.
El Poder Legislativo fue el único que demostró capacidad de solventar sus gastos a corto plazo inclusive mayor al periodo correspondiente del 2022. Al 31 de marzo de 2023 y 2022, presentó una liquidez de 3.98 y 1.15 pesos, respectivamente, indicando capacidad de pago a corto plazo en ambos periodos.
Nueve entes no fueron fiscalizados
Uno de los datos que resaltan en los recientes informes de gestión es que nueve entes no fueron evaluados de los 146 que conforman el estado de Coahuila, por diversos motivos.
Entre ellos se encuentran el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismos que se encuentran en proceso de extinción.
La lista también lo constituye el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila:; Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el Instituto Municipal del Emprendimiento de Torreón.
Dos de las nueve que podrían caer en una infracción más grave son la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura pues en los pasados periodos no presentaron avances de gestión financiera.
Dichas irregularidades también serían acreedoras a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
Irregularidades millonarias
De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Miguel Ángel Riquelme ha acumulado erogaciones sin comprobar por el orden de los 6 mil 827 millones de pesos.
El monto pendiente de justificar o solventar, según reportes oficiales de la ASF, asciende exactamente a 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos, lo cual significa que el gobierno de Riquelme Solís ha realizado, en promedio, un gasto diario sin comprobar por 3 millones 561 mil 507 millones de pesos.
Dicha información se encuentra en el punto de acuerdo del diputado local Francisco Javier Cortez Gomez que se emitió el pasado mes de abril y en donde exhorta al gobernador a dar una explicación respecto a dichos señalamientos.
La suma total de egresos sin comprobar equivale aproximadamente a lo que el gobierno estatal destinará el 2023 al abono de la megadeuda.
Riquelme, en su primer año fiscal 2018, dejó un monto de 3 mil 555 millones 154 mil 325.13 pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación.
Estos recursos obedecían al pago de trabajadores no localizados, ni identificados en sus centros de trabajo; así mismo, se refieren a la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones en servicios personales de cinco entidades públicas del Gobierno del estado de Coahuila.
En 2019 se gastaron irregularmente 416 millones 801 mil 537.76 pesos. Estos recursos estaban relacionados con el pago de trabajos no ejecutados, pagos de 14 acciones de vivienda que no fueron localizadas en la inspección física de obra.
En el 2020, las observaciones sumaron 416 millones 801 mil 537.76 pesos, que corresponden a la falta de aplicación de penas por el retraso en la entrega de bienes del sector salud; pagos a proveedores de los que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020.
La Auditoría indicó en su más reciente Cuenta Pública 2021 que el Gobierno de Coahuila tenía pendientes por aclarar o recuperar egresos por mil 215 millones 228 mil 629.75 pesos. Detalló además que los recursos se destinaron al pago de servidores públicos que no estaba contemplado en el fondo del que provino el dinero, el pago de intereses al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La @ASF_Mexico reveló en su Informe de fiscalización de la Cuenta Pública que aún queda por aclarar el uso de 52 mil 211 mdp de gasto federalizado en 2021. Los estados con mayores montos son #Durango, #Michoacán y #Coahuila.
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Hasta lo que va del año, dicho punto de acuerdo es el único que intentó tocar el tema de las irregularidades y fue votado en contra por la mayoría priista de dicho Poder Legislativo.
El próximo mes de noviembre, será la última comparecencia del gobernador Riquelme Solis ante el Poder Legislativo el cual, a lo largo de la Legislatura ha protegido al mandatario estatal y a su equipo de trabajo de auditorías especiales.
2021, el año de las irregularidades históricas
En la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo la observación de más de 61 mil millones de pesos por aclarar en todo el país.
De acuerdo con el documento publicado en medios nacionales, las entidades con mayores observaciones durante el 2021 fueron Michoacán, con 13 mil 737 millones de pesos; Durango, con ocho mil 172 millones; Coahuila, con tres mil 261 millones de pesos, y Puebla, con tres mil 244 millones de pesos.
Dicha anomalías y observaciones coinciden con un registro histórico de denuncias ante la fiscalía anticorrupción dentro de esta entidad.
En el 2021, la ASEC presentó una cifra histórica de denuncias, 79 en total. También se incluyeron los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, y representaron un presunto quebranto a las finanzas estatales por más de mil 764 millones de pesos.
Agua para la Laguna
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la tercera entrega de la cuenta pública 2021 anunció que en el proyecto agua saludable para la Laguna en Coahuila y Durango no se realizó la planeación adecuada ya que se incumplieron periodos de ejecución y tampoco se acreditó el cumplimiento del programa de erogaciones por 133 millones de pesos de que dispuso.
El proyecto tenía como fin desarrollar infraestructura para suministrar suficiente agua potable para la población de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, en Coahuila, y Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, en Durango, indicó la ASF.
“Consiste en aprovechar las aguas superficiales del río Nazas, mediante la construcción de obra de toma, presa derivadora, planta de bombeo, acueducto, planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, líneas de conducción y equipos de bombeo”, apuntó la auditoría de cumplimiento e inversiones físicas realizada a la Conagua.
La ASF determinó que el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debía sancionar a los servidores públicos que no efectuaron la planeación adecuada.
