En 2021, el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, en Coahuila, dejó marcadas sus finanzas por un agujero negro.
La administración estatal no fue capaz de aclarar el destino de mil 900 millones de pesos de recursos otorgados por la Federación, lo que equivale a casi el 20 por ciento del total de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública de ese año en todo el país.
Pero ese no es el único foco rojo que se encendió con el uso del dinero público del gobierno coahuilense.
Múltiples empresas con antecedentes de colusión y con antecedentes de mal desempeño resultaron beneficiadas con contratos millonarios de la estrategia de asistencia alimentaria en la que el gobierno de Riquelme Solís concentró sus esfuerzos políticos, así como el gasto público.
Los grupos afectados por la pobreza y la pobreza extrema —el 22.5 por ciento de la población en 2018, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– se convirtieron en el objetivo principal de las compras públicas durante 2021 en Coahuila, de acuerdo con una revisión en Compranet.
Ese año, la administración coahuilense erogó mil 377 millones 112 mil 23 pesos en 104 contratos.
Para insumos alimenticios y despensas fueron destinados 835 millones 87 mil 638 pesos en 11 contratos; es decir, el 60.6 por ciento de las erogaciones, según lo publicado en Compranet.
En estas compras públicas participaron el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Finanzas.
Se adquirieron insumos para los programas Apoyo a familias coahuilenses, Adulto Mayor en Abandono y desayunos escolares, así como equipo y artículos básicos de cocina para Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales.
Las empresas
Dominus Messico S.A. de C.V. se llevó la mayor tajada con un único contrato por 611 millones 564 mil 800 pesos.
Esa contratación fue la mayor y además representó el 73.2 por ciento de lo destinado a la adquisición de alimentos para la asistencia social.
No es la primera vez que Dominus Messico S.A. de C.V. resulta ganadora en una estrategia gubernamental de un estado en la distribución de alimentos a poblaciones vulnerables.
En 2018 también se coronó en Zacatecas como ganadora con más contratos y dinero en el entonces gobierno de Alejandro Tello (2016-2021) para suministrar alimentos de programas sociales.
Ejecución deficiente
No obstante, también se convirtió en una de las partícipes de un fracaso.
En el informe de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas sobre la revisión de la cuenta pública de 2018, quedó asentado que la ejecución de los recursos públicos de esa estrategia a cargo del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia careció de eficiencia debido a licitaciones con irregularidades.
Otra empresa beneficiada en Coahuila fue Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila.
Según el órgano fiscalizador, ha ganado contratos durante más de una década en la entidad del norte mediante la simulación de competencia.
Ante el pastel de contratos de Coahuila, Distribuidora y Servicios Integrales ganó el contrato cuya licitación llevó la identificación CE-905040987-E7-2021 para proporcionar desayunos escolares.
A cargo del proceso, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no presentó investigación de mercado que comprobara la existencia de por lo menos tres probables licitantes, indicó la ASF en su informe sobre la revisión de la cuenta pública de 2021.
Intoxicación en Puente Grande
De igual manera está el caso de Productos Serel, protagonista de un cuadro de intoxicación en el penal de Puente Grande, Jalisco, uno de los más numerosos en la última década en los centros penitenciarios de México. Del gobierno de Coahuila obtuvo un contrato por ocho millones 365 mil 561 pesos.
El otro participante fue el Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad, que por seis millones 235 mil 500 pesos, se encargó de la logística para las entregas de alimentos en cinco mil 762 puntos en los 38 municipios de Coahuila en la operación del programa: Apoyo a familias coahuilenses.
Personas beneficiadas
Las personas físicas que obtuvieron contratos de la estrategia alimentaria de Coahuila fueron Gerardo Hernández Sandoval y José Alfredo Martínez Sánchez.
El primero proporcionó equipo y artículos básicos de cocina para el programa Cocinas populares y unidades de servicios integrales.
El segundo vendió despensas para la operación del programa Adulto Mayor en Abandono.
Los otros gastos de Riquelme
Coahuila permanece marcado por la falta de explicaciones de lo que se hizo con los mil 900 millones de pesos que recibió de la Federación en 2021, de acuerdo con las 17 auditorías que se le aplicaron en la revisión de la cuenta pública de ese año.
La mayor parte del boquete –mil 291 millones de pesos– corresponden al sector salud. El dinero que provino del Gobierno federal debía apuntar a mejoras en el servicio. Pero lo registrado en Compranet indica que esa área no fue la prioritaria.
De 104 contratos, 31 conciernen a los servicios de salud por una suma de 147 millones 808 mil 444 pesos, lo que es 5.6 veces menos que lo usado en la estrategia de asistencia alimentaria.
En ese año, diversas variantes o mutaciones del virus SARS-CoV-2 hicieron que la pandemia de COVID-19 permaneciera, lo que provocó la caída de los mercados financieros y un freno de la recuperación económica.
Para diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud había aprobado 29 vacunas bajo diferentes especificaciones para su uso.
Ignora la pandemia
El gobierno de Coahuila no acreditó una sola compra para atender la emergencia sanitaria. Lo que se encuentra ese año son suministros de gases medicinales, servicio integral para el banco de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, contratación de anestesia, adquisición de ropa hospitalaria, instrumental para cirugías y fumigación para hospitales, entre otros.
En el ámbito de la salud, la empresa con el contrato más grande, de 34 millones 482 mil 377 pesos, fue Praxair México S de RL de CV.
Dudas en la UAdeC
La otra parte sobre la que el gobierno estatal debe dar explicaciones, es respecto a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
En esa institución, el órgano fiscalizador detectó anomalías por 693 millones de pesos. En Compranet no hay un solo contrato que se refiera a la casa de estudios.
El gobierno también gastó en pavimentación asfáltica, servicio de fotocopiado, adquisición de paquetes de útiles escolares para alumnos de educación básica y de vehículos para el sorteo: “A los cumplidos, Coahuila sí los premia 2021”.
De acuerdo con la página oficial del gobierno, en abril se entregaron 15 automóviles Fiat Mobi Like 2021. Mientras, Coahuila pasaba marcada en rojo a los historiales de la ASF.
Cuentas sin cuadrar
Más allá de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, los números no cuadran en Coahuila respecto al Hospital Materno Infantil, una unidad médica ubicada en Saltillo.
El 14 de noviembre de 2017, el entonces gobernador Rubén Moreira Valdez, publicó en el Periódico Oficial que se instalaría ese hospital con el fin de reducir los altos índices de mortandad de mujeres embarazadas y de recién nacidos; sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del estado y con facultades específicas.
El 28 de noviembre de 2017, Moreira publicó en su cuenta de Twitter: “Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno-Infantil. Empieza el proceso para (el) inicio de operaciones”.
Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno – Infantil en #Saltillo #CerramosFuerte. Empieza el proceso para su inicio de operaciones. #CoahuilaElOrgulloDelNorte pic.twitter.com/TYaIBnousP
— Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) November 28, 2017
Pero Miguel Ángel Riquelme Solís, el gobernador siguiente, quien tomó protesta el 1 de diciembre de ese año, informó en cada uno de sus informes de gobierno que la construcción del centro de salud continuaba con varias inversiones.
En el primero (2018), sostuvo que se invirtieron 53 millones de pesos en “la continuación de la construcción” del hospital.
En su segundo informe (2019), Riquelme Solís expuso que se continuaba con esa edificación para la cual se destinaron 53 millones de pesos.
La tercera vez ante el Congreso (2020), el gobernador también reportó que los trabajos del hospital seguían. Esta vez la inversión fue de 44.4 millones de pesos.
En el cuarto informe (2021) dejó asentado que se continuaba con la construcción del Hospital Materno Infantil con una inversión de 53 millones de pesos.
Para el quinto informe (2022) reportó que varias áreas del hospital fueron terminadas con 8.3 millones de pesos.
El diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles, interpeló la última intervención del mandatario estatal y expuso un presunto fraude respecto al hospital.
En tribuna, sostuvo que las inversiones reportadas no fueron realizadas. Sus evidencias fueron dos contratos pedidos a través de los mecanismos de transparencia, uno por 44 millones de pesos y otro por cinco millones de pesos.
No obstante, en Compranet no hay registro de ningún contrato que se refiera al Hospital Materno Infantil.
