Los recursos del Caso Iguala que se destinaban a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pasaron a la oficina de desapariciones, lo que se interpretó como desinterés por parte de las familias y la representación legal de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), creó el 9 de enero de 2020, la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado, a la que le otorgó 4.2 millones de pesos y a la que presuntamente convirtió en el brazo político y financiero del Comité Eureka. Diecinueve días después, eliminó la Oficina Especial para el Caso Iguala.
Luego de 30 días del virtual carpetazo al Caso Iguala, la ombudsperson dejó de lado su papel de defensora nacional de los derechos humanos y tomó la bandera de dirigente del Comité Eureka, y acompañada de integrantes de esta organización, se manifestó afuera de Palacio Nacional en demanda de una audiencia con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En ese mitin matutino afirmó que a partir del miércoles 26 de febrero de 2020, la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente entraría en operaciones y funcionaría como Visitaduría Especial.
“En enero de 2020, la Presidenta de esta Comisión Nacional, decretó la creación de la Oficina Especial para Investigar Represión y desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente y la desaparición de la Oficina especial para el “Caso Iguala”, en tal sentido, los recursos para sepulta Caso Iguala #HastaEncontrarlos atender el caso de los 43 pasaron a la Oficina Especial para Investigar Represión y desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente”, detalla el documento entregado.
En el ejercicio 2020 se consideraron 4.2 millones de pesos para la operación de la oficina especial del “Caso Iguala”, que fueron absorbidos por la oficina para los casos de desapariciones forzadas en general.
Rosario Piedra es hija de Rosario Ibarra de Piedra, una luchadora social fundadora del Comité Eureka y quien denunció los casos de desapariciones forzadas, incluida la de su hijo Jesús Piedra Ibarra en 1974, hermano de la hoy titular de la Comisión.
Así, Rosario Piedra, polarizó a los grupos defensores de derechos humanos, pues hasta el momento no ha creado otro mecanismo que sustituya la oficina del Caso Iguala.
Nos preocupa que el caso siga sin ser atendido por la CNDH; ahora se quitó la oficina pero no se creó otro mecanismo para darle seguimiento al caso y eso es lo más preocupante
La oficina del caso de los 43 fue creada el 18 de diciembre de 2014 como parte de las investigaciones que siguieron en torno a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 80 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que viajaban en dos autobuses en el norte de Guerrero camino a Ciudad de México, fueron interceptados y el vehículo con los normalistas desapareció tras un enfrentamiento contra policías municipales y miembros de la delincuencia organizada.
Con la llegada de Rosario Piedra a la CNDH todas las promesas de resolver el caso quedaron en retórica. Ella se comprometió a analizar en conjunto con los familiares de los normalistas la Recomendación 15VG/2018 para llegar a una conclusión; sin embargo, sus acciones la han alejado de los familiares de los normalistas desaparecidos del Caso Iguala.
Sólo fue una reunión en la que se dialogó con los padres de los normalistas y confiaron en que Rosario Piedra respondería con sensibilidad; sin embargo, sólo dio carpetazo y aprovechó para incrustar en la CNDH su agenda personal.
El abogado Vidulfo Rosales explica que el objetivo de la desaparición de la oficina fue para darle otra ruta de investigación por parte de la CNDH, ya que la recomendación tenía muchos puntos sin sopesar.
“El objetivo de esa recomendación era —en la actual administración— revisarla, ya que la investigación que estuvo en manos de José Trinidad Larrieta fue poco objetiva. Incluso, se le propuso que fuera la ombudsperson la que decidiera el mecanismo”, recuerda.
“Destruir la investigación y los avances de los especialistas, así como la misma oficina del ‘Caso Iguala’ es desafortunado. Ya que llegó una administración a la CNDH lastimosamente congruente con este gobierno y toman decisiones con base en lo que el presidente dicta”, reprueba la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta.
David Velasco Yáñez, coordinador del libro “Ayotzinapa. La crisis del Estado neoliberal mexicano”, se suma a la crítica y califica como “lamentable la desaparición de la oficina especial del caso Ayotzinapa por parte la CNDH”. Aunque refiere que, por el otro lado, es cierto que no hay avances significativos en la investigación de la desaparición de los 43.
“Es importante señalar que se investigue a los militares o dictar órdenes de aprehensión que son relevantes y visualizan posibles soluciones”, expresa Velasco Yáñez.
Hasta el momento, los familiares de los estudiantes mencionaron que en 2020 se obtuvieron algunos avances, como las 80 órdenes de aprehensión contra personajes involucrados en el ataque contra sus hijos, entre ellos Tomás Zerón de Lucio, Carlos Gómez Arrieta, José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, el capitán José Martínez Crespo y algunos policías federales, así como la identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.
“Reconocemos la voluntad política del Gobierno federal y del Presidente de la República; sin embargo ésta no es suficiente, para lograr verdad y justicia se requieren acciones concretas y mayor colaboración y dinamismo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional cuyos miembros estuvieron implicados de manera directa e indirecta en la desaparición de los 43”, expresaron los padres en un comunicado.
El también académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), David Velasco, afirma que “Ayotzinapa es un espejo del mapa de México, como una enorme y macabra fosa clandestina”.
En tanto, indica que los familiares mantienen viva la indignación, la lucha y exigen que se mantengan los colectivos de familiares desaparecidos y se investigue y enjuicie la participación de militares en el caso de los 43 normalistas
