La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentará a los candidatos a la Presidencia de la República las bases de una agenda en la materia, con la intención de que se sumen a ella, e invitará a los ciudadanos a analizar si los aspirantes muestran compromiso en el tema.
Así lo informó Luis Raúl González Pérez, presidente de la comisión, quien recordó que, por mandato constitucional, todo funcionario público está obligado a defender y promover estos derechos.
Entrevistado luego de presentar el Estudio Sobre Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos, desde la Perspectiva de Derechos Humanos, resaltó que tanto los candidatos presidenciales como los aspirantes a gobernadores, senadores, diputados federales y locales, así como alcaldes tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos.
Y puntualizó que los ciudadanos deben estar atentos a este compromiso por parte de los candidatos para razonar su voto.
González Pérez señaló que la agenda en materia de derechos humanos, que se presentará en los próximos días, debería también ser observada por los gobernantes que se encuentren en activo en este momento y sobre quienes no se decidirá nada en las urnas, porque la Constitución también los obliga a promover y proteger los derechos humanos.
En otro tema, el ombudsman nacional se refirió al reconocimiento que hizo la Secretaría de Marina respecto al hecho de que sus elementos dispararon contra una familia en Tamaulipas en un reciente hecho, en el que se enfrentaron con presuntos delincuentes.
“No hay que regatear la importancia de este reconocimiento”, pero hay que llegar a la verdad, determinar la reparación de los daños y fincar las responsabilidades que correspondan, sin que eso signifique prejuzgar sobre lo ocurrido.
Sobre el estudio de protección del agua con perspectiva de derechos humanos, dijo que se trata de un tema fundamental para disminuir la brecha de desigualdad que se deriva de la contaminación y sobreexplotación de este recurso.
Recordó que la comisión a su cargo ha emitido las recomendaciones 67/2017 sobre el proyecto Tajamar y la 10/2017 sobre la contaminación del rio Atoyac, que sirven de base para comprender la necesidad de contar con políticas públicas que atiendan el tema del agua desde la perspectiva de derechos humanos.
El estudio fue realizado entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación de Humanidades, bajo el liderazgo de la doctora Adriana Sandoval Moreno.
