La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entró al ‘quite’ por el Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, quien había interpuesto una queja ante el brazo estatal del organismo por considerar que sus derechos humanos se vieron violentados durante el proceso de juicio político en su contra.
En días anteriores, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) había desestimado la queja, afirmando que no era de su competencia y recomendando a Navarro acudir a otros tribunales.
💬 #RedesDePoderMTY | El secretario de Gobierno, Javier Navarro, pide a los diputados que olviden “la mala época” debido al juicio político y a las denuncias en su contra por no publicar decretos legislativos. #Monterreyhttps://t.co/yMAXq9rHbA
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) January 12, 2023
Hoy, sin embargo, el organismo nacional dirigido por Rosario Piedra envió una recomendación a su contraparte nuevoleonesa para reabrir el expediente e iniciar nuevos trabajos de investigación.
De la misma forma, la CNDH pidió realizar una consulta interna para descubrir los motivos que utilizaron los funcionarios locales para desestimar la queja de Navarro, siendo que el organismo era competente desde un principio.
La recomendación incluye una capacitación integral al personal de la CEDH en materia de derechos humanos, misma que tendrá que ser impartida durante los próximos 6 meses.
Javier Navarro y su ‘enfrentamiento’ con la oposición
En noviembre de 2022, diputados locales del PRI y el PAN presentaron una la solicitud para entablar un juicio político en contra de Navarro Velasco por, presuntamente, negarse a publicar decretos aprobados por el Pleno en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo con los legisladores que presentaron la queja, la omisión pudo considerarse como una violación a la Constitución y al ordenamiento local que causó perjuicio a varios municipios, pues entre los decretos no publicados figuraba la transferencia de participaciones federales.
Navarro afirmó desde el principio que los legisladores de oposición actuaban como militantes de sus partidos, subrayando que las denuncias en su contra constituían un ‘revanchismo político’ en contra del gobernador, Samuel García.
