CNDH determina que José Eduardo sí sufrió tortura; sugiere a FGR continuar investigación

El joven veracruzano de 23 años que falleció el pasado 3 de agosto tras ser detenido por policías municipales de Yucatán
Indigo Staff Indigo Staff Publicado el
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que cuenta con los elementos suficientes para acreditar violaciones graves a derechos humanos de José Eduardo Ravelo, joven presuntamente asesinado por policías municipales de Mérida, Yucatán.

Asimismo, la CNDH emitió una recomendación por los supuestos actos de tortura y violación sexual cometidos por policías municipales de Mérida, Yucatán, en contra del joven de 23 años.

La recomendación por violaciones graves 50VG/2022, iría en contra de las conclusiones de la Fiscalía General de la República (FGR) emitidas en octubre del año pasado.

La Comisión sostuvo que considera que la Fiscalía General de la República (FGR) “deberá continuar con la investigación a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables”.

La CNDH también emitió recomendaciones dirigidas al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán, Juan Manuel León León, y al presidente municipal de Mérida, Renán Barrera.

¿Qué dijo la FGR?

En octubre de 2021, la Fiscalía General de la República determinó que no existió tortura ni violación sexual en agravio de José Eduardo Ravelo Echavarría, y atribuyó el deceso a una neumonía.

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“En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, puntualizó.

Lo que sí existió, de acuerdo con la FGR, fue la falsedad en dictámenes ministeriales, pues la Fiscalía General del Estado de Yucatán falseó dictámenes periciales y presionó a testigos, con el propósito de ejercitar acción penal contra los policías municipales.

Fue el 18 de agosto de 2021 cuando la madre del joven presentó denuncia ante la Fiscalía y posteriormente solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY), lo que motivó realizar el expediente de queja.

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