El municipio de Santiago, Nuevo León, aclaró que la clausura al Comité Municipal de Movimiento Ciudadano fue legal debido a que el partido político no realizó el cambio de uso del suelo.
Tras darse a conocer que el ayuntamiento colocó sellos de clausura a las oficinas, la administración de David de la Peña, informó que el organismo no cumplió con la ley.
De acuerdo con un comunicado, el partido naranja era responsable de realizar el cambio de uso del predio, que antes presuntamente era un área de estacionamiento público.
“Cuando un propietario pretende modificar esa condición a cualquier otra, debe realizar el trámite correspondiente en la Secretaría de Desarrollo Urbano.
“En el caso del inmueble en cuestión, el pasado 11 de noviembre se recibió vía telefónica un reporte respecto a unas oficinas administrativas ubicadas en la calle Morelos del Centro Histórico de Santiago, las cuales generan tráfico por cuestión de falta de estacionamiento” se mencionó en el comunicado.
El municipio expuso que la acción no tiene ningún interés político, tal como lo mencionó Edelmiro Cavazos, coordinador operacional del Comité Municipal.
Refirió que el partido omitió las recomendaciones brindadas por las autoridades y dejó pasar varios meses en donde no realizaron el trámite correspondiente.
“Al realizar la inspección correspondiente, se detectó que no contaban con el uso de suelo autorizado para funcionar como oficinas; además de incumplir con el reglamento de colores de fachadas ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia” dice el comunicado.
‘Buscan politizar la situación’
El alcalde de Santiago, David de la Peña, mencionó que los integrantes del partido naranja buscan politizar el tema e invitó a realizar el trámite que es sencillo y rápido.
Aseguró que se les hizo un llamado para cumplir con la ley, como cualquier ciudadano, pero no cumplieron con el plazo que el municipio les otorgó para regularizarse.
Anteriormente, el coordinador operacional de la casa naranja expuso que procederían de manera legal para evitar que el ayuntamiento lleve a cabo acciones presuntamente ilegales.
