Alcaldes de la Ciudad de México pusieron sobre la mesa la creación de una ley para permitir la extinción de dominio en caso de que se violen sellos de suspensión en las construcciones.
La propuesta del alcalde Víctor Hugo Romo, de Miguel Hidalgo; y de la alcaldesa Layda Sansores, de Álvaro Obregón, pretende endurecer las medidas contra los desarrolladores inmobiliarios que, pese a estar suspendidos, continúen construyendo de manera ilegal.
No obstante, ésta podría atentar contra la propiedad privada de los capitalinos que no estén relacionados con las actividades inmobiliarias.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Garrido, afirma que es una medida excesiva que podría vulnerar los derechos de propiedad de los habitantes de la ciudad.
“Evidentemente esto lo vemos como una ocurrencia, es una aberración, porque se está atentando contra la propiedad privada”, afirma el diputado local.
Argumenta que si una persona, y no un desarrollador inmobiliario, construye algo y por algún asunto le suspenden la obra, estaría en riesgo de perder su patrimonio.
“Si tú tienes un negocio y a éste le haces alguna remodelación y por cualquier situación te lo llegan a clausurar entonces estás en riesgo. Si alguien ajeno a ti, tu competencia comercial o algún vecino que realmente quiera perjudicarte, quita el sello de clausura sin tu consentimiento, sin que lo sepas y sin que seas el responsable, implicaría la pérdida de tu propiedad con ese simple argumento”, explica.
Recalca que la ley federal es muy clara respecto a qué casos se debe aplicar la extinción de dominio.
Se debe diferenciar entre las personas comunes y las del crimen organizado, el huachicoleo y otras más que se pudieran enumerar, a las que sí les deben aplicar la medida
Garrido espera que la mayoría de Morena no apruebe la ley cuya iniciativa fue presentada el 2 de julio. Actualmente, las sanciones por la violación de sellos ascienden hasta cinco años de cárcel.
Extinción de dominio se presta a corrupción
Gabriela Alarcón, fundadora de la iniciativa Desarrollador Confiable que pretende ayudar a regularizar la industria inmobiliaria, menciona que la extinción de dominio se podría prestar a corrupción y opacidad.
“Desafortunadamente la están proponiendo gobiernos que no han sido de lo más transparente. Entonces yo creo que las autoridades estarían extinguiendo el dominio de los desarrolladores con criterios arbitrarios y otros tantos no tan bien sustentados”, argumenta.
Alarcón menciona que actualmente el proceso de suspensión de obra se presta a actitudes discrecionales por parte de las autoridades, lo que se agravaría con la extinción de dominio.
“Con cualquier cosa que se les ocurra podrían suspender, lo que sería un incentivo para la corrupción: pagarle algo a las autoridades como mordida, específicamente a los inspectores, cuando exista solamente la amenaza de una clausura temporal pero en la que estaría en juego la propiedad”, detalla.
En el caso del alcalde Víctor Hugo Romo indica que no fue transparente durante su periodo como delegado de Miguel Hidalgo de 2013 a 2015.
“Cuando fue delegado no fue muy claro en ese sentido, clausuraba tanto en construcciones como en establecimientos mercantiles de manera bastante arbitraria, algunas veces sí se conocía la razón pero otras no salieron a la luz pública y no se supo la razón específica”, dice.
Alarcón recomienda que en lugar de la extinción de dominio se deben implementar multas económicas más fuertes y la revocación definitiva de los permisos en caso de la violación de sellos.
Reporte Índigo buscó la postura del alcalde de Miguel Hidalgo, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también se ha pronunciado sobre esta iniciativa.
“No es una iniciativa nuestra, lo vemos excesivo, en verdad. Lo que sí creo es que debe haber una sanción adicional, inclusive penal”, declaró la mandataria capitalina el pasado 27 de julio.
Niegan daños a propiedad privada
Tras el debate público que se generó, las alcaldías de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo negaron querer afectar a la propiedad privada.
La alcaldía encabezada por Layda Sansores informó que no busca la extinción de dominio de las propiedades, pero sí endurecer las penas contra los desarrolladores que violen la suspensión para continuar las obras de manera irregular.
Mientras que Miguel Hidalgo mencionó que no busca afectar el concepto de propiedad privada, sino mejorar la normativa para que no sean solo los albañiles o empleados quienes sean acreedores a una sanción por el rompimiento de sellos.
“Lo propuesta que hicimos insiste en la necesidad de precisar la conducta delictiva, tiene más que ver sobre el estado de la clausura que sobre el estado físico de los sellos”, dijo.
Además, consideró que en algunas alcaldías es una carrera contra el tiempo erradicar la construcción y ocupación ilegal de los inmuebles que afectan el medio ambiente y vida de la comunidad.
Sin embargo, el 2 de julio, cuando presentaron la iniciativa al Congreso local, los alcaldes informaron que su propuesta buscaba la extinción de dominio en caso de violación reiterada de la suspensión definitiva.
También dieron a conocer que se pretendía aumentar la sanción penal hasta 12 años de cárcel.
“El objeto es frenar el abuso, garantizar el cumplimiento de la ley, inhibir el comportamiento delictivo. La autoridad se ha visto en muchos casos rebasada por el cártel inmobiliario, grandes desarrolladores asesorados por despachos y dueños de establecimientos, y no existe un tipo penal que castigue severamente la violación de la norma o de diversas sanciones”, declaró el 2 de julio el alcalde de Miguel Hidalgo.
También, reiteró que la extinción solo sería en casos excepcionales.
