Clara Brugada y la CDMX buscan cerrar filas contra la extorsión y el cobro de piso

La extorsión es un delito que aqueja a transportistas, empresarios y pequeños comerciantes en todo el país, y que en la Ciudad de México (CDMX) se manifiesta de diversas formas. No obstante, dicha problemática tendrá un combate distinto durante la administración que encabeza Clara Brugada.

Desde inicios de noviembre el Gobierno de la CDMX puso en marcha diversas medidas para acabar con el delito de extorsión en la capital, que van desde una línea especializada, acciones legislativas, y toda una estrategia coordinada desde el Gabinete para la Construcción de Paz y Seguridad que encabeza la mandataria capitalina.

En la capital del país cada año se abren alrededor de 500 carpetas de investigación por extorsión en la CDMX y, en lo que va de 2024, se acumulan 377 indagatorias, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); sin embargo, más del 96 por ciento de estos ilícitos no se denuncian por causas como el temor a las represalias, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Cifras del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad señalan que las alcaldías ―en números absolutos― con más carpetas iniciadas por extorsión entre enero y septiembre de 2024 fueron Iztapalapa (67), Cuauhtémoc (44), Gustavo A. Madero (43), Miguel Hidalgo (31) y Venustiano Carranza (23).

Mientras que las demarcaciones con mayor tasa de extorsiones por cada 100 mil habitantes en lo que va de 2024 son Miguel Hidalgo (8.11), Cuauhtémoc (7.99), Iztacalco (5.61), Azcapotzalco (5.43) y Venustiano Carranza (5.33).

La estrategia de Brugada

En este contexto, las autoridades capitalinas presentaron el pasado 11 de noviembre, una estrategia integral contra el delito de extorsión, con la que se pretende reformar el Código Penal local y endurecer las penas contra las diversas modalidades de este ilícito que ocurren en la CDMX, así como para el cobro ilegítimo de deudas, conocido como “gota a gota”.

Como parte de dicha estrategia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, anunciaron que fortalecerán sus fuerzas operativas en este rubro, por lo que en la SSC se creará la Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión; mientras que en la FGJ se pondrá en marcha la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Extorsión.

En este sentido, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, explicó que este modelo de atención y combate a la extorsión está basado en la protección a las víctimas, con atención psicológica y jurídica; priorizando las investigaciones para desarticular las células dedicadas a este delito.

Asimismo, se anunció el inicio de la campaña informativa “Juntas y juntos contra la extorsión”, y de la línea especializada en combate a la extorsión al teléfono 555036330, misma que operará el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la capital, mejor conocido como C5, y que, según las autoridades, es el primero en su tipo en América Latina.

“Viene de la experiencia de sociedad civil y de Gobierno, la experiencia que se tuvo en el Mediterráneo en los años más difíciles, me refiero a Nápoles y Palermo, una parte de Europa, así como de Estados Unidos. Y  esa experiencia tenemos que brindarla para que la ciudadanía se sienta más protegida con respecto del riesgo de la extorsión”, explicó a Reporte Índigo el actual coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

El otrora presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCSJ) de la CDMX, detalló que el modelo de la línea de denuncias se enfoca en el modelo de las tres “C”, es decir calma, cautela y comunicar.

“Obedece a un esquema básico recomendado internacionalmente, de no darle relevancia a la amenaza de la extorsión, que básicamente es un delito cuyo tipo penal incluye violencia, o amenaza de violencia. La extorsión, sostenemos nosotros, puede ser combatida primero con educación cívica y acompañamiento  de los datos”, abundó Guerrero Chiprés.

Por otra parte, el coordinador del C5 aseguró que el 98 por ciento de las tentativas de extorsión en la CDMX son telefónicas o digitales, y que menos de 1.7 por ciento son de carácter presencial, por lo que afirmó que la estrategia planteada busca tener resultados positivos en la capital.

“Hay una enorme posibilidad de desplomar la frecuencia delincuencial de la extorsión, por ejemplo, en la Ciudad de México el 80 por ciento de las tentativas de explosión fallan”, recalcó el funcionario.

Clara Vs. la extorsión, el primer round

La iniciativa que la jefa de Gobierno de la CDMX envió al Congreso local propone adiciones y reformas a los artículos 148 quáter, 148 quinquies, 253, fracción III, y la derogación de los artículos 209 bis y 236 del Código Penal de la capital con el fin de establecer penas de 10 a 15 años de prisión y multas de 2 mil a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de hasta 324 mil pesos.

En la exposición de motivos, Brugada califica a la extorsión como un delito “pluriofensivo”, pues no solo atañe al patrimonio, sino que también tiene efectos negativos en la dignidad e integridad física y psicológica de las personas; por lo que  enfatizó la pertinencia de sancionar tanto la violencia física y moral, como las amenazas.

Además de cambiar el enfoque de la extorsión hacia un ilícito que atenta contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas,  y de que se busca sea un delito que se persiga de oficio, la iniciativa de la jefa de Gobierno contempla 14 agravantes.

Entre las agravantes a las penas figuran las extorsiones realizadas por servidores públicos, “montachoques”, miembros o exmiembros de empresas de seguridad o por organizaciones delictivas; y los realizados a través del empleo de imágenes, mensajes, audios o videos de contenido sexual, o desde centros penitenciarios.

“Para la jefa de Gobierno, atender el tema que le duele tanto a las y los capitalinos es fundamental, y por eso nos pidió a la consejera Jurídica y a un servidor que no mandáramos la iniciativa, si no que viniéramos personalmente a entregarla, para mandar el mensaje de la importancia”, explicó César Cravioto Romero, actual secretario de Gobierno de la CDMX, al presentar la iniciativa en el Congreso de la CDMX.

Iniciativa bien vista pero con áreas de oportunidad

La iniciativa enviada por el Gobierno de la Ciudad de México para combatir la extorsión necesita afinarse, afirmó en entrevista con Reporte Índigo, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Rubio.

El PAN y Rubio han sido críticos a las gestiones del Gobierno capitalino. Sin embargo, afirma que, en espíritu, la iniciativa de ley propuesta por la administración de Clara Brugada es pertinente y positiva.

“Nosotros estimamos que es una iniciativa pertinente y somos una oposición responsable; hemos estado planteando que todo lo que proponga el gobierno debe revisarse”, mencionó el diputado.

No obstante, refirió que existen algunos puntos que deben revisarse antes de ser aprobada por el Congreso capitalino. En este sentido, Rubio indicó que uno de los puntos que Acción Nacional que se deben revisar, es que no exista una ambigüedad entre la clasificación jurídica del delito de extorsión y acoso.

Lo anterior, debido a que la iniciativa afirma que se deben sancionar a quienes pidan, a cambio de no hacer daño o perjudicar, de índole sexual. Empero, aclaró el legislador, dicha agravante es similar a la del acoso.

“Eso ya no es extorsión, podría ser acoso, porque el tipo penal me parece que es el que obligue a otro a dar recursos económicos”, subrayó.

Asimismo, Rubio agregó que la iniciativa indica que se elevan las penas de 10 a 15 años de prisión; sin embargo, afirma esto tiene un enfoque punitivista y no de prevención.

“Hay que tener mucho cuidado con aumentar las penas porque hay que recordar que la gran mayoría de las cárceles están llenas de pobres”, puntualizó.

Aunado a esto, el panista añadió que se debe afinar la proposición de cobrar una deuda ilegítima para que no se esté sancionando la cobranza.

“Por cobrar, salvo que haya golpe, una cobranza no se debe sancionar con hasta 15 años de prisión, pero como tal, aunque el espíritu de las dos propuestas es positivo lo cierto es que bastante revisable, pero quiero dejar claro que incluso acompañamos la iniciativa”, sostuvo.

Dicho modelo de extorsión es el conocido como “gota a gota”, que es cuando una persona en situación de necesidad solicita un préstamo al extorsionador, quien da la suma de dinero sin necesidad de un aval o fianza, no obstante, el delincuente cobra intereses altos y recurre a la violencia para pedir el pago.

Por último, señala Rubio, que es importante combatir la extorsión porque es un delito que se ha agravado desde la pandemia y el confinamiento por COVID-19.

El PAN ha buscado prevenir y atender el delito de la extorsión en la capital. El pasado 17 de octubre, el legislador local, Enrique Sánchez Flores, indicó que ya se aprobó una iniciativa con el fin de tipificar la extorsión llevada a cabo por los “montachoques”, lo que dio paso a sancionar con mayor severidad a las personas que realicen este tipo de conductas.

“Todos hemos oído de estos casos y hemos visto cómo se hacen cada vez más visibles y virales gracias a los usuarios de redes sociales”, detalló. Sin embargo, mencionó que aún no existen datos precisos acerca de los resultados de esta reforma.

Cobro de piso contra transportistas

En el marco de la actual iniciativa gubernamental de combate a la extorsión en la Ciudad de México, hay sectores que se ven muy perjudicados por organizaciones criminales que les exigen cobros de piso y que podrían ser beneficiados por las políticas públicas impulsadas desde la Jefatura de Gobierno.

Tal es el caso de  los comerciantes de las alcaldías céntricas de la capital, quienes encuentran a merced de extorsionadores presuntamente vinculados a la Unión Tepito;  no obstante, en los últimos años, el cobro de piso a transportistas en la Zona Metropolitana del Valle de México  y en la capital del país se ha incrementado, incluso se realiza con un modus operandi en los grupos del crimen organizado utilizan calcomanías para identificar a quienes pagan su derecho de piso.

Dicho modelo, que se ha visto con mayor frecuencia en el Estado de México, ya se ha instalado en la CDMX, y en alcaldías como Gustavo A. Madero (GAM), Tláhuac e Iztapalapa, agrupaciones de taxis y de transporte público son acosados por organizaciones criminales señaladas por los habitantes y transportistas como extorsionadores.

En la zona de Cuautepec, en la GAM, a agrupaciones como Grupo Fortaleza, que aglomera a miles de transportistas “pirata” con bases en las estaciones del Metro y Metrobús Indios Verdes, se les ha vinculado con actividades relacionadas a la extorsión, sin que hasta el momento haya una solución para el problema.

Mientras que en la zona oriente de la capital, ya hay manifestaciones del cobro de piso, en mayo del año en curso una cartulina fue abandonada en una parada de la Ruta 50, en la alcaldía Tláhuac, con una amenaza dirigida a los choferes.

“Acá no se andan con juegos, ni nos importa con quién se sientan amparados, estamos listos para alinear a quien se nos cruce en el camino”, se leía en en el trozo de papel.

Por otra parte, en octubre de 2023 ocurrió un doble homicidio a unos metros de la estación Lomas de la Estancia de la Línea 2 del Cablebús, en Iztapalapa, en el que una mujer de 40 años y un  expolicía del Estado de México señalado como presunto líder de extorsionadores fueron abatidos por sujetos que viajaban en motocicleta.

De dichos hechos, se desprendió la detención de Jorge Carlos Albiter, alias “El Bola”, a quien también se señaló como presunto líder de una banda de extorsionadores en las colonias aledañas a dicha estación del Cablebús, donde aún se coloca a combis y taxis pirata una calcomanía que muestra unas manos cadavéricas rodeadas por fusiles de asalto con la leyenda “honestidad, lealtad y respeto”.

No obstante, aunque transportistas de la zona indicaron a este medio que las cosas se “calmaron por un rato”, los cobros de piso a los transportistas se reanudaron en 2024, y continúan hasta la fecha.