De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, ya se bloquearon las cuentas bancarias de grupos del crimen organizado como la Unión de Tepito o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Nieto explicó que el congelamiento de estas cuentas corresponde a más de cinco millones de pesos, y también estaría entre estos grupos el Cártel del Pacífico.
“Evidentemente, de los cárteles en donde hemos generado denuncias ante la Fiscalía General de la República y se ha generado el bloqueo de cuentas, están los principales cárteles del país”, comentó.
Acompaño al Secretario @AlfonsoDurazo en su comparecencia en el Senado de la República. Coincido con él: La seguridad no puede ni debe tener un corte político y la estrategia de seguridad pasa también en el combate a las estructuras financieras de los grupos delincuencia. pic.twitter.com/d22RQmoZBV
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 5 de noviembre de 2019
Por su parte, la lideresa de los diputados perredistas, Verónica Juárez Piña, afirmó que la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, conocida como la “Ley Nieto”, y cuyo dictamen se pretende discutir en el pleno, es inconstitucional.
La minuta propone la creación de un nuevo Título, el Quinto, a la Ley de Instituciones de Crédito, para dar a la UIF un procedimiento para dar audiencia a los usuarios a los que haya bloqueado una cuenta bancaria.
La legisladora del PRD explicó en un comunicado ello tiene por objeto dar legitimidad al uso de la facultad establecida en el artículo 115 de la propia Ley, que establece la mencionada facultad.
Sin embargo, recordó que dicho artículo fue declarado inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde marzo de 2017, “y fue confirmado por sentencia de la Segunda Sala” en octubre de este año.
El artículo 115 faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para bloquear cuentas bancarias de contribuyentes por presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, previo al desarrollo de un procedimiento administrativo.
