Fugas a la carta

El gobierno del exmandatario de Jalisco, Emilio González otorgó las preliberaciones acasi 6 mil presos –casi todos recluidos en cárceles de Puerto Vallarta– sin embargo, existe la presunción de que el crimen organizado tenía bajo su control ese tipo de autorizaciones. 

La Fiscalía General afirma que uno de los ámbitos donde ejerció mayor influencia el presunto principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sergio Kurt Schmidt Sandoval, fue justamente en el relacionado con la aprobación de estas preliberaciones para los reclusos sentenciados. 

Esa gestión de González de 2007 a febrero de 2013, le abrió las puertas del sistema penitenciario a Schmidt Sandoval,  quien llegó a tener voz de mando sobre diversos rubros de su funcionamiento, entre estos, el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada, no obstante que nunca ocupó formalmente algún cargo público. 

Si la penetración del crimen organizado en el sistema penitenciario alcanzó los niveles que presume la Fiscalía, entonces la sospecha se cierne sobre 5 mil 956 preliberaciones que se concedieron entre los años de 2007 y 2013, según sus registros anuales obtenidos por Reporte Indigo en el folio de transparencia  00516213. 

Según lo ha dicho el fiscal Eduardo Almaguer, el presunto operador del CJNG tenía injerencia tanto sobre las tiendas al interior de los reclusorios como en estas preliberaciones.

“Hay una presunción muy clara y muy evidente de los intereses y de las decisiones extralegales o supralegales que tomaba este sujeto en el sistema penitenciario del Estado, particularmente en la administración del exgobernador González Márquez”, detalló. 

El funcionario agregó que particularmente tenía que ver con el manejo de las tiendas de conveniencia, tenía que ver con el manejo de las ejecuciones de penas, que tiene que ver con preliberaciones y de qué manera se cumplen las sentencias.

“Tenía que ver con acciones que generaban recursos económicos, todo alrededor del sistema penitenciario”, declaró. 

Puerto Vallarta, otra vez

La cárcel estatal que está localizada en Puerto Vallarta, oficialmente Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure), es una de las instalaciones penitenciarias con la mayor cantidad de preliberaciones de presos operadas en el mandato del exgobernador Emilio González. 

El Ceinjure de Puerto Vallarta es la segunda cárcel de todo el sistema penitenciario local que dejó salir a más de sus reclusos con la autorización de beneficios de libertad anticipada, en los años en los que estuvo a cargo en su mayor parte el equipo de gobierno panista.

El dato es significativo pues Puerto Vallarta ha destacado por la gran influencia que llegó a tener ahí Schmidt Sandoval sobre las instancias de gobierno; hoy está recluido por el Gobierno Federal. 

Fue ahí donde quedó constancia en video de la reunión que sostuvo con representantes de su ayuntamiento en 2013, en concreto con Antonio Pinto Rodríguez, el secretario general del exalcalde del Partido Movimiento Ciudadano, Ramón Guerrero Martínez. 

Los registros de la Fiscalía indican que el Ceinjure de Puerto Vallarta dejó salir a 522 presos en esos años, lo que lo coloca solo por debajo del Centro de Reinserción Social de Puente Grande, el más grande de Jalisco, donde se liberó a 4 mil 823 reclusos.  

Es también ahí en el Puerto  donde está radicado el show Fandango del Teatro Vallarta al que González le invirtió 2 millones de pesos del erario, y dio amplia difusión a sus actividades, y el cual ha sido ligado con Schmidt Sandoval. 

El siguiente Ceinjure con más preliberaciones fue el de Ciudad Guzmán, con 446; el Centro Femenil, con 163, y el Reclusorio Preventivo, con un par. 

La marea

Las casi 6 mil preliberaciones son tantas como si se hubiera dejado salir a todo un tercio de la actual población carcelaria de Jalisco que supera en poco los 17 mil reclusos. 

El exgobernador panista nombró al cuñado de Schmidt Sandoval, Alejandro Díaz Guzmán, como subdirector de Ejecución de Medidas de Prevención Especial y Adaptación Social del Estado, donde lo mantuvo todo su sexenio, una función con injerencia sobre estos beneficios de libertad anticipada. 

Esa subdirección era parte de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social –SSPPRS, hoy fusionada en Fiscalía- que estuvo encabezada en toda esa gestión por Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. 

Este sería luego el fiscal general durante la actual administración del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, del PRI, desde marzo de 2013 a julio de 2015, cuando fue sustituido por Almaguer Ramírez. 

En los registros de Fiscalía hay al menos 76 casos confirmados de presos a los que se les otorgaron estas preliberaciones entre 2007 y 2013, y los cuales retomaron sus actividades delictivas una vez fuera.   

La aprobación de estas preliberaciones pasó a ser una facultad del Tribunal de Ejecución de Penas del Poder Judicial en 2014, por lo que dejó de ser ejercida por el Consejo de Evaluación y Seguimiento que pertenecía a la Fiscalía –y antes a la SSPPRS-, el 31 de diciembre de 2013. 

A manos federales

Durante el mandato del exgobernador Emilio González, el sistema penitenciario local también concretó cientos de traslados de presos desde sus instalaciones propias hacia Centros Federales de Reinserción Social (Cefereso) del Gobierno federal. 

En este periodo de 2007 a todo 2013 se realizaron 785 de estos traslados de presos que dejaron de estar bajo la supervisión del Estado para pasar a manos de la Federación. 

El centro federal que recibió a más reclusos que estaban en centros estatales fue el de Islas Marías, con 537; seguido por el Cefereso 13 Oaxaca, con 153; luego está el 2 de Jalisco, con 30; el 5 de Veracruz, con 11; el 4 de Nayarit, con nueve; el de Morelos, con cinco, y 40 más no precisados.