CJNG: la historia de un call center, fraudes y la desaparición de siete jóvenes

La red de empresas que habría conformado el Cártel Jalisco Nueva Generación para cometer fraudes con tiempos compartidos, y que estaría vinculada con la desaparición de siete jóvenes en Zapopan, está compuesta por al menos 27 compañías con presencia en Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Baja California, según el Gobierno estadounidense.
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
Comparte esta nota

El caso de la desaparición de siete jóvenes que laboraban en un call center clandestino del municipio de Zapopan, es el primero en Jalisco que resulta vinculado por las autoridades con los fraudes de tiempos compartidos que estaría cometiendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante una extensa red de empresas bajo su control.

No fue sino hasta este año 2023, en el mes de marzo, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Gobierno de Estados Unidos, reveló que dicho cártel había incursionado en esta modalidad de fraude como una vía más para la obtención de recursos ilícitos.

La directora de la OFAC, Andrea M. Gacki, lo indicó así el 2 de marzo: “En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadunidenses. Este delito, que puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cártel y fortalece su empresa criminal en general”.

Lo que se desconocía, sin embargo, es que este nuevo tipo criminal que estaría explotando el CJNG, los fraudes con tiempos compartidos, detonaría en el corto plazo nuevos casos de desaparición de personas en Jalisco, y particularmente de víctimas jóvenes, como lo están sugiriendo las indagatorias de la Fiscalía del Estado.

De acuerdo con la información que ha expuesto la OFAC, misma que ha brindado dos reportes sobre esta nueva actividad delictiva del CJNG (el primero en marzo, y el segundo en abril de 2023), la red de empresas que habría conformado ese grupo criminal para la comisión de estos fraudes con tiempos compartidos está integrada por al menos 27 compañías.

Con estas empresas, y si se considera que algunas de ellas tienen más de una sede en el país, la red de fraudes del grupo delictivo tiene presencia, hasta ahora, en los estados de Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Baja California. Al ser el principal bastión de esa organización delictiva en México, Jalisco concentra dos tercios de todas estas firmas identificadas por el Gobierno estadounidense.

En específico, en la ciudad de Guadalajara están asentadas 13 de estas compañías; mientras que desde Puerto Vallarta estarían operando otras cinco. La red también tiene presencia importante en el estado de Nayarit, en los municipios de Bucerías y Bahía de Banderas, donde estarían localizadas otras ocho de estas empresas. La firma restante está ubicada en Cancún, Quintana Roo.

En el reporte del 2 de marzo, cuando se expusieron las primeras ocho empresas de esta red  de fraudes (en abril se identificaron otras 19), las autoridades de Estados Unidos señalaron: “Las ocho compañías designadas hoy, que están vinculadas directa o indirectamente con las actividades de fraudes en tiempos compartidos del CJNG, aseguran ser compañías de servicios financieros o de bienes raíces”.

Señales en cadena

Desde el 26 de mayo pasado, la Fiscalía del Estado dio a conocer la existencia de indicios que fueron encontrados en el call center, y que podrían vincular la desaparición de estas siete víctimas con los fraudes de tiempos compartidos que estaría cometiendo la delincuencia organizada.

Aquel día expuso que había cateado el inmueble en la colonia Jardines Vallarta, en  Zapopan, que “posiblemente estaba destinado a prestar servicio como Call Center de cobros de deudas a personas extranjeras, y a la venta de tiempos compartidos de hoteles por lo que esos datos también se indagan”.

Un día después, el 27 de mayo, la Fiscalía expuso que, aunque las denuncias por estas desapariciones se comenzaron a presentar el 23 de mayo, en realidad al menos una de las víctimas desapareció desde el 20 de mayo, hace más de 10 días. En este comunicado se detallaron los indicios recabados en la finca:

“Mariguana, trozo de tela con mancha rojiza; cinchos de plástico, trapeador con manchas rojizas; documentos varios así como pizarrones con anotaciones de nombres de personas de nacionalidad extranjera, anotaciones de membresías o tiempos compartidos y metas económicas a lograrse”.

Se informó también que el sitio estaba operando de manera clandestina, pues  “dicha finca no contaba con ninguna licencia para funcionamiento o giro comercial alguno”, y que su dueño se llama Francisco Javier N., quien le expuso a la autoridad que renta el inmueble “desde noviembre del 2022 a través de una Consultoría Jurídica representada por el abogado César Javier N., quien está relacionado con dos investigaciones por fraude en los años 2014 y 2015”.

Para continuar con la búsqueda de las víctimas, el 28 de mayo se informó sobre un nuevo cateo, ahora en un inmueble de la colonia La Estancia, en Zapopan, que arrojó indicios como estos: listados de nombres y datos de contacto; pizarrones con nombres de personas extranjeras y metas económicas; una bolsa con vegetal verde; una máquina para contar billetes; “así como anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer abordaje telefónico a personas extranjeras”.

Así se cometieron presuntos fraudes millonarios

Tan solo durante 2022, el Buró Federal de Investigaciones recibió más de 600 denuncias de víctimas estadounidenses que son dueñas de tiempos compartidos en México, y que cayeron en estos fraudes, lo que les causó pérdidas por unos 39.6 millones de dólares, según lo informó ese organismo.

El 30 de mayo, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expuso sobre este caso: “No se trata de, digamos, jóvenes que estuvieran en una casa, en donde tuvieran incluso permiso para estar trabajando aquí. Los primeros indicios, sí se trata de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, digamos, de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones”.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez había señalado un día antes que contactó a la secretaria, pues el caso podría implicar delitos fiscales federales: “Todos los elementos de los que disponemos hasta ahora indican que no se trataba de un call center, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza”.

Síguenos en Google News para estar al día
Salir de la versión móvil