El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que solicitará un presupuesto de 75 mil 142.8 millones de pesos para 2025, lo que representa un incremento anual de 4.9%, en términos reales (considerando la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico para el cierre de 2024), respecto de lo que la Cámara de Diputados autorizó para 2024.
El CJF dio a conocer que desde el martes 5 de noviembre remitió al Ejecutivo Federal el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, mismo que fue aprobado por el Pleno del Consejo el pasado 30 de octubre del presente.
Según el CJF, el monto es 12.8% inferior en términos reales al que se autorizó para el Consejo hace siete años (para el ejercicio fiscal 2018).
Además, destacó que para 2024 la Cámara de Diputados realizó el recorte más grande de por lo menos los últimos diez años a los recursos solicitados por el Consejo, equivalente a 5 mil 876 millones de pesos, es decir, 7.9% de lo solicitado.
En los últimos cinco años, el CJF ha ejercido, en promedio, 99% de los presupuestos que le ha aprobado la Cámara de Diputados.
Para el 2025, se destinarán 8 de cada 10 pesos solicitados para el rubro de servicios personales, pues el capital humano es el factor clave de la impartición de justicia, y por ello, del total de 50 mil 081 plazas vigentes, casi 9 de 10 (87%) corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.
El Consejo explicó que en este mismo rubro se prevén los recursos necesarios para cubrir las remuneraciones y prestaciones previstas en las “Condiciones Generales de Trabajo” vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Consejo, en estricto apego a lo previsto en el Artículo Décimo Transitorio de la reciente reforma constitucional, que estableció el compromiso de respetar todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) vigentes al momento de su entrada en vigor.
Asimismo, se consideró que existen diversas suspensiones derivadas de los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma constitucional que, entre otras acciones, ordenan al Consejo abstenerse de realizar ajustes presupuestarios que impacten negativamente en las remuneraciones de las personas servidoras públicas, estableciendo que deberán mantenerse conforme a los montos actuales.
