Impunidad, la causa

Es un fenómeno cada vez más común: en varias partes del país, grupos se organizan para defenderse de la delincuencia al ver amenazada su integridad o la de su familia.

Y no son solo grupos. Algunos ciudadanos, en casos aislados, han decidido tomar la justicia por su propia mano y matar a quienes los han atacado para lastimarlos o quitarles alguna pertenencia.

Reporte Indigo publicó ayer una entrevista con el líder y fundador de Los Justicieros de Irapuato, un grupo que va en contra de los delincuentes en esta ciudad del estado de Guanajuato.

El vacío de autoridad, la falta de consolidación del sistema de justicia penal y los elevados índices de impunidad han provocado que cada vez más ciudadanos vean en la justicia por propia mano la única solución al problema de la inseguridad.

El artículo 17 de la Constitución Política Mexicana es claro: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales (…)”. Pero, ¿qué pasa cuando nada pasa?

La ciudadanía no confía en sus autoridades. En México solo se denuncian 7 de cada 10 delitos; es decir, la cifra negra de delitos en México tiene un porcentaje de 92.8 por ciento.

Las razones: lo consideran una pérdida de tiempo y desconfían de la autoridad, señala el “Índice Global de Impunidad México 2016” realizado por la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.

“Del total de delitos consumados solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias. Lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.

“La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en México”, sostiene el análisis.

Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos cometidos en el país son castigados.

En algunos casos, como en Nuevo León, el Congreso local ha realizado cambios en su legislación para aumentar las causas de la legítima defensa; los ciudadanos de esa entidad tienen ahora más licencias para hacer justicia por propia mano.

Linchamientos, fenómeno que crece

La impunidad ha dado pie a que grupos de personas o individuos solitarios decidan acabar con la vida de presuntos delincuentes, sea asesinándolos de inmediato o linchándolos.

Aunque no hay un conteo oficial sobre el asunto, se calcula que solo el año pasado hubo más de 60 casos.

Un artículo de Raúl Rodríguez y Norma Veloz, investigadores y académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, revela que entre 1988 y el 2014 se cometieron 366 linchamientos en todo el país.

“En las últimas tres décadas, México ha vivido un proceso de desgaste institucional que se expresa en la violencia política y social creciente (…) desde la sociedad han surgido expresiones que responden a ello, como las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos, fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado”, señalan los expertos en su artículo “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)”, publicado por la revista El Cotidiano, de la UAM, en 2014.

El factor desigualdad

Karen Silva, investigadora del área de Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), sostiene que el problema de la inseguridad debe atacarse con más que solo policías.

“Los temas de inseguridad y criminalidad son muy complejos, pero obviamente uno de los factores principales es la desigualdad social. Esa arista quisiera relacionarla con cómo es muy fácil para las autoridades simplemente culpar al sistema penal de lo que ellos no están haciendo bien.

“Esto, cuando en realidad una crisis de inseguridad implica que se debe dar respuesta con una política criminal integral, que incluya no solo un sistema de justicia que funcione, sino otras cosas, como una política social que sirva, programas de prevención. Una política que aspire a, poco a poco, eliminar esas desigualdades”, consideró en entrevista.

Detalla que, en medio de una crisis de robos, extorsiones, secuestros y otros hechos delictivos, la primera reacción de la sociedad es visceral, es buscar la justicia por propia mano en vista de que las autoridades no están garantizando la seguridad.

“Más que una crisis de inseguridad, es una crisis institucional. Quienes deberían estar preocupándose son las autoridades, porque esto lo único que genera es un círculo vicioso de violencia, que coloca a la ciudadanía que en principio quiere defenderse, en el mismo lado de los delincuentes.

“Creo que es entendible la parte visceral en el sentido de que si las autoridades no están dando respuesta pues ¿qué más hacemos? (…) Pero, cuando se trata de dar una respuesta de este tipo, combatir la ilegalidad con más ilegalidad, cabe preguntarse ¿qué nos divide entonces? (…) se pierde todo el sentido del objetivo que perseguían”, sentenció.

Para ella la solución es simple: “Que las autoridades hagan su trabajo. Ni más ni menos”.

Entre injustica

Cifras de organismos e instituciones académicas dan un panorama de la impunidad en México:

>> 7 de 10

Delitos se denuncian en México por desconfianza de la población

>> 366

Linchamientos ocurrieron en todo el país entre 1988 y 2014

>> 109

Linchamientos se realizaron en el Estado de México, casi un tercio del total

Decenas de justicieros

No se trata solo de Los Justicieros de Irapuato que ya han anunciado abiertamente que cazarán a los delincuentes de esa ciudad. En otros lugares la ciudadanía también ha levantado la mano contra la delincuencia.

Casos tan emblemáticos como el del llamado “Justiciero de La Marquesa”, que en octubre del 2016 asesinó a cuatro asaltantes que habían robado a los pasajeros de un autobús que circulaba en la carretera Toluca-México.

Los cuerpos quedaron tendidos en el asfalto; los usuarios del autobús se negaron a delatar a quien había disparado contra los ladrones.

Uno de los casos más recientes fue el de un hombre que mató a un asaltante que despojaba de sus pertenencias a los pasajeros del transporte público en que viajaba. Ocurrió a finales de mayo pasado, en Cuernavaca, Morelos.

En el municipio de Allende, Nuevo León –60 kilómetros al sur de Monterrey-, los ciudadanos convocaron a una protesta inusual: una noche de abril, a la misma hora, detonaron sus armas al aire.

La protesta fue hecha luego de que fuera asesinado el comerciante Héctor Salazar en un asalto a su negocio de zapatos.

Salazar había corrido tras los dos asaltantes que, en su huida, le dieron un balazo. Sin embargo, los agresores no libraron el castigo: uno de ellos murió atropellado cuando corría y el otro fue detenido cuando chocó el carro en que escapaba.

En asaltos al transporte público, en la capital del país, también se han presentado varios casos de justicieros.

En febrero pasado, un hombre le quitó el arma a uno de los asaltantes que robaban a los pasajeros de una combi que circulaba sobre la calzada Ignacio Zaragoza, y lo mató. Hirió a otro, pero también a un usuario.

Algo similar ocurrió dos meses antes, en noviembre del 2016, cuando un pasajero mató a dos asaltantes en una combi, pero también a una pasajera, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

En la Ciudad de México, un justiciero asesinó a un asaltante que pretendía robar en la taquería donde se encontraba comiendo, en la colonia Narvarte. Iba con dos cómplices, quienes escaparon. Ocurrió en el mes de diciembre del 2016.

A estos casos en que vengadores han decidido enfrentar a sus atacantes, se suman decenas de linchamientos en que presuntos delincuentes han sido capturados infraganti y que son asesinados en el lugar.

Incluso, en redes sociales se cita a las personas para ir en busca de alguien que ha sido acusado de delinquir y lincharlo.

En cambio, son contados los casos en que los ciudadanos han acudido ante las autoridades a pedir que cese la corrupción y cumplan con su deber. El enfoque de la ciudadanía está en el eslabón más cercano de la cadena.