Ciudad mujer

Michoacán es uno de los estados en donde la violencia ha golpeado más a las mujeres. Solo en la región de Tierra Caliente, en base a datos de la Iglesia Católica, se estima que existen más de 18 mil mujeres –entre viudas y huérfanas- víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico.

La mayoría de ellas han sido marginadas socialmente, sobre todo aquellas que mantuvieron algún parentesco con presuntos miembros de La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios.

Para tratar de revertir esa condición y atender el rezago social heredado por la pasada administración, el Gobierno estatal anunció el proyecto Ciudad Mujer, que consiste en la construcción de instalaciones gubernamentales en las que se brinden servicios integrales para el desarrollo de las mujeres que quedaron en medio de la guerra.

El proyecto Ciudad Mujer forma parte de las 250 acciones del Plan Michoacán promulgado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto en el 2014. En el país, sólo existe otra Ciudad Mujer, y está en Guerrero, aunque hay planes para crear otra en Querétaro.

El proyecto, según explicó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Fabiola Alanís Sámano, es un compromiso del gobernador Silvano Aureoles y del propio Peña Nieto, para atender ampliamente a las víctimas de violencia y empoderar a ese sector históricamente marginado en la entidad.

Inicialmente se contempló que el proyecto se establecería en el municipio de Huetamo, pero la demanda de más mujeres afectadas en el corazón de la Tierra Caliente, donde el predominio del narcotráfico fue totalitario, hizo que el Gobierno estatal anunciara otra Ciudad Mujer para el municipio de Nueva Italia.

De esa forma, Michoacán se coloca en la avanzada de todos los estados que han asumido un programa oficial para incluir a todas las mujeres en una vida pacífica y de fácil acceso a los servicios que garanticen su desarrollo como personas y como jefas de familia.

Brindará servicios integrales

“En Ciudad Mujer se dará atención jurídica, psicológica, médica, así como también habrá talleres de capacitación, empoderamiento, prevención de la violencia, estancias infantiles, entre otros servicios que buscarán el desarrollo sano de la mujer”, detalló Fabiola Alanís Sámano.

La inversión para cada una de las dos Ciudades Mujer que se pretenden poner en marcha en este mismo año, podría alcanzar los 170 millones de pesos. Por lo pronto, ya se cuenta con una inversión garantizada de 85 millones de pesos, que provienen del Banco Interamericano de  Desarrollo (BID).

La federación colaborará con los permisos correspondientes de impacto ambiental y de uso de suelo necesarios para habilitar 24 hectáreas de terreno, 12 en cada uno de los municipios elegidos para este programa, donde se edificará el conjunto de oficinas de primer contacto.

Aun cuando se estima que el número de mujeres víctimas de la violencia es cercano a las 18 mil personas, con la operación de los dos Ciudades Mujer se espera atender a por lo menos 100 mil féminas de toda la zona de Tierra Caliente, donde los servicios oficiales del estado no han fluido con normalidad en los últimos 10 años. 

Focos rojos

Hasta antes de la actual administración, la zona de Tierra Caliente, principalmente la región de Apatzingán, en donde el cártel de Los Caballeros Templarios estableció su centro de operaciones, se había distinguido por ser un foco de violencia contra las mujeres, no solo por el alto número de ejecuciones, sino por el desplazamiento forzado de mujeres familiares de presuntos miembros del cártel.

Los índices de violencia contra las mujeres en la zona Apatzingán se dispararon con la presencia de los grupos de autodefensas, los que comenzaron a cobrar venganza contra las mujeres familiares de los presuntos criminales.

Solo entre los meses de marzo del 2013 y agosto del 2015, de acuerdo a datos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, el índice de robos contra mujeres creció en 6 por ciento, el de lesiones aumentó en 16 por ciento, el de amenazas fue superior –en relación al del 2011- en casi un 21 por ciento. Los secuestros crecieron en un 3 por ciento, en tanto que el delito de daño en las cosas aumentó en 12 por ciento y el de homicidio subió en un 4 por ciento.