El 18 de junio se cumplieron 11 años de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, pero la Ciudad de México es de las entidades federativas más rezagadas en la implementación del nuevo modelo de justicia a nivel nacional, lo que provoca que existan altos niveles de impunidad.
El atraso en la implementación del nuevo sistema de justicia penal se debe a que no hubo seguimiento en la capacitación de los participantes: jueces, litigantes, ministerios públicos y policías.
O en su defecto, como sucede actualmente, el nuevo Gobierno hizo cambios en las estructuras de los ministerios públicos lo que provocó que el personal, que tenía una noción del sistema, fuera relevado por gente sin experiencia.
La Ciudad de México es de los estados peor evaluados, no se lograron cambiar los modelos de trabajo, tampoco las condiciones necesarias a nivel de policía de la Ciudad ni de funcionamiento básico
La investigadora señaló que en el caso de la CDMX, hizo falta voluntad política de la pasada administración para la implementación del sistema.
Ejemplificó que los errores y fallas se ven reflejados en casos como la investigación de Norberto Ronquillo, estudiante secuestrado y asesinado en la primera semana de junio, cuya foto del automóvil donde lo hallaron muerto fue filtrada a medios de comunicación.
“Lo vemos en los casos de ahora, no puede ser que la policía no pueda resguardar el automóvil donde encontraron al estudiante, es una falla, el no saber cómo resguardarlo y que por eso se pierden importantes evidencias”, señaló.
Novoa consideró que los errores desalientan la denuncia y también hacen que los casos se queden “atorados” sin investigar en los ministerios públicos o procuradurías.
De acuerdo con Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), del total de cuatro millones 740 mil 868 delitos que se cometieron en la capital, solo el 9.9 por ciento se denunció.
Sin embargo, sólo el 6.6 por ciento terminó en una carpeta de investigación, índice menor al que se presentó a nivel nacional, pues en todo el país el 6.8 por ciento de los delitos sí terminaron en un indagatoria judicial, de acuerdo con el estudio del Inegi.
Además, de acuerdo con datos del Sistema Penitenciario de la capital, la población de los reclusorios de la ciudad disminuyó de 30 mil 979 en 2016 a 25 mil 782 en 2018, durante el periodo de consolidación del nuevo modelo de justicia.
“Ahí lo que vemos es falta de decisión política de las autoridades, tenemos once años con instituciones con un nivel inferior de respuesta, esto es culpa de que no hubo un buen uso del recurso, es por ello que estamos viendo esta situación fuera de control, ojalá que con esta coyuntura tome el sistema como un asunto público prioritario”, declaró la investigadora de México Evalúa.
Añadió que el periodo de transición y capacitación para los involucrados en el sistema penal acusatorio fue costoso y significó una mala aplicación del recurso.
“De 2010 hasta el 2016, se gastaron mil 711 millones de pesos a nivel nacional en pura capacitación y a eso súmale lo que se gastó en cooperación internacional, dato que no es abierto. Fue un gasto de dinero impresionante que no brindó resultados”, puntualizó.
El atraso en este sistema de justicia se debe a que no hubo seguimiento en la capacitación de los participantes: jueces, litigantes, ministerios públicos y policías
Audiencias mal ejecutadas
El especialista en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elías Polanco, indicó que la falta de capacitación del nuevo modelo de justicia a nivel nacional también se refleja en los errores durante las audiencias.
De acuerdo con el modelo, después de la etapa en la que se obtienen los elementos para detener al acusado y de investigación, viene el juicio oral, que es un debate entre la parte acusada, el ministerio público quien actúa como acusador y el juez quien al final delibera una sentencia.
Durante los juicios y audiencias previas, como las iniciales donde se vincula a proceso al acusado y se le informa cuáles son los cargos que se le imputan, está prohibido leer. No obstante, la falta de capacitación de quienes participan en el proceso, los hace caer en ese error que viola el principio de oralidad.
“Las fiscalías no están bien estructuradas, las personas que participan no están capacitadas porque en la audiencia están leyendo, el mismo código dice que se debe evitar la lectura”, puntualizó Polanco.
“Ministerios públicos, litigantes y defensores públicos, no fueron capacitados debidamente, les dieron una embarrada, un panorama de lo que es el sistema pero no entienden el desarrollo ni cómo deben ser los juicios”, añadió.
Polanco señaló que también sigue existiendo la tortura para que los acusados declaren su crimen ante la falta de capacidades de investigación de las fiscalías y procuradurías.
“Falta mucho, todavía sigue la tortura, ya sea física o psicológica, porque no se tiene la capacidad de investigación por parte de las fiscalías”, acusó.
El académico de la UNAM indicó que se tiene que volver a capacitar al Poder Judicial, a los abogados y policías para corregir los errores.
La especialista de México Evalúa, María Novoa, refirió que se debe corregir el funcionamiento del sistema de justicia penal; sin embargo, lo consideró complicado durante el Gobierno actual.
“Los problemas se están agudizando porque esta nueva administración está en una política de austeridad en el que estas brechas se siguen ampliando sin tener personal preparado, ni generar condiciones que ayuden al operador para que el modelo funcione de manera óptima”, argumentó.
Por último, mencionó que se pueden hacer “miles” de cambios normativos al sistema pero si no se hacen los mecanismos de capacitación necesarios, tampoco funcionarán.
