La Asamblea Constituyente aprobó con 82 votos a favor y tres en contra, el artículo que expresa la prohibición de privatizar el agua
“Carece de efecto jurídico pues los mecanismos para la privatización pueden ser múltiples y existe la posibilidad de realizar concesiones”
El candado que dice “no podrá ser privatizado” expuesto en el Artículo 21.4 de la Constitución de la Ciudad de México referente a la gestión del agua no garantiza que empresas privadas no intervengan en el tema.
Con ese argumento, organizaciones civiles, académicos de la UAM y vecinos de la Ciudad de México protestaron ayer frente a la Asamblea Constituyente tras aprobarse el citado artículo la madrugada del 14 de enero.
“Pone la gestión del agua en manos de una paraestatal, parecido a los casos de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos”, expusieron.
Alejandro Velázquez, del colectivo Agua para Todos, explicó en entrevista la preocupación sobre la expresión “este servicio no podrá ser privatizado”.
“Carece de efecto jurídico pues los mecanismos para la privatización pueden ser múltiples y existe la posibilidad de realizar concesiones, asociaciones público-privadas o convenios, para la operación de la infraestructura hidráulica de agua y saneamiento”, expuso Velázquez.
El grupo de inconformes entregó, a la Comisión que tiene a su cargo ese artículo, una reserva para que sea modificado.
Natalia Lara, otra de las convocantes, dijo que los derechos requieren de garantías para su cumplimiento y en este caso no se garantiza, más que declarativamente, la prohibición de privatizar el agua.
“Por lo que queda claro que el conjunto de las normas que rigen la Ciudad de México que permiten todas las figuras previamente señaladas, volvería inoperante en los hechos la pretendida prohibición de privatizar el agua.
“Consideramos a este acto como especialmente crítico, dado que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha anunciado repetidas veces planes de adquirir compromisos a largo plazo con la trasnacional Veolia y con el Banco Mundial, sin permitir el acceso público a información al respecto”, precisaron a través de un comunicado.
Ciudadanos guardianes
La organización Agua para Todos propone que la Constitución de la Ciudad de México contemple una Contraloría Social del Agua, un organismo autónomo organizado por los usuarios que sea la garantía de un buen gobierno del vital líquido.
La propuesta es respaldada por diversos colectivos, organizaciones sociales, trabajadores, pueblos originarios, estudiantes y académicos que integran Agua para Todos.
“La finalidad de dicha propuesta es asegurar la elaboración participativa de planes vinculantes para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua de calidad e iniciar auditorías independientes de las concesiones ya vigentes.
“Y en caso de documentar graves irregularidades, que los ciudadanos tengan el derecho de realizar un referéndum para decidir si se ejecutarán acciones jurídicas para poner fin a dicha concesión”, exponen.
Además, que el organismo que se propone sea ciudadano busque transparentar cualquier acuerdo con externos por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y defender el derecho constitucional y por instrumentos internacionales de los pueblos originarios a controlar, administrar y conservar las aguas en sus territorios.
Asimismo, lograr acceso y revisión pública de los Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para nuevos megaproyectos en zonas en donde la población no tiene acceso continuo.
En la Ciudad de México, el tratamiento de las aguas residuales de la capital fue concesionado a un consorcio encabezado por Grupo Carso, de Carlos Slim, por un periodo de 25 años.
Con lo cual, según su dicho, ha comprometido ganancias de 8 por ciento anuales para las empresas involucradas, por encima de la recuperación de la inversión, el reembolso de costos y ajustes automáticos contra la inflación.
“Bajo esta lógica, la aprobación del artículo 21.4 sin la garantía de la protección al derecho humano al agua es sumamente perjudicial”.
Despierta interés
La Ciudad de México es de especial interés para las empresas Veolia y Suez, las dos principales trasnacionales del agua, las cuales, de acuerdo con información pública, fueron expulsadas de París, su ciudad sede, por desvío de recursos.
Estas llevan más de una década manejando el aspecto más lucrativo de la gestión del agua: medición, cobros y cortes.
Según los inconformes, estas firmas buscan ahora contratos a largo plazo, lo cual es especialmente riesgoso, porque podrán demandar al Gobierno de la Ciudad para la recuperación de la totalidad de sus “utilidades esperadas” si éstas fueran afectadas por cualquier cambio de política o la terminación de sus concesiones.
Existen experiencias en México (Saltillo, Aguascalientes, Quintana Roo, Puebla, Veracruz) y en el mundo, donde se ha demostrado que los acuerdos con privados son realizados tras puertas cerradas bajo condiciones poco favorables para los usuarios. Tienden a implicar fuertes alzas a tarifas, falta de entrega de las inversiones prometidas y un servicio orientado a vender más a quienes pueden pagar más, lo cual incumple con lo especificado en la Carta Magna sobre garantizar “el acceso equitativo y sustentable.”
Las primeras horas del sábado, la Asamblea Constituyente discutió y aprobó, con 82 votos a favor y tres en contra, el articulado que expresa la prohibición explícita de privatizar el vital líquido.
Candados líquidos
La organización ‘Agua para Todos’ plantea una Contraloría Social del Agua:
>Pretenden asegurar la elaboración participativa de planes vinculantes para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua de calidad.
> Iniciar auditorías independientes de las concesiones ya vigentes.
> Que los ciudadanos puedan realizar un referéndum para decidir si se ejecutarán acciones jurídicas al detectar irregularidades y cancelar la concesión.
> La contraloría debe ser ciudadana para transparentar cualquier acuerdo con externos por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
> Deberá defender el derecho constitucional y por instrumentos internacionales de los pueblos originarios a controlar, administrar y conservar las aguas en sus territorios.
> Lograr acceso y revisión pública de los Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para nuevos megaproyectos en zonas en donde la población no tiene acceso continuo.
