La corrupción en la Ciudad de México difícilmente es sancionada por las autoridades

Circulo vicioso de impunidad y corrupción en CDMX

La corrupción en la Ciudad de México difícilmente es sancionada por las autoridades y solo el 12 por ciento de los juicios por delitos relacionados llegan a una sentencia; especialistas consideran que esta impunidad genera más corrupción

En la Ciudad de México ha predominado la impunidad en delitos de corrupción durante los últimos cuatro años.

De 2017 a 2020, apenas se han emitido sentencias en el 12 por ciento de los casos por delitos de corrupción que llegan al Poder Judicial de la capital del país.

Especialistas consideran que esto genera una percepción de impunidad que agrava la situación de corrupción que se vive a nivel local.

Además, dicen, se evidencia el déficit de jueces que existe en la metrópoli y que impide que haya un acceso pronto a la justicia.

El 5 de diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), emitió un comunicado en el que señalaba que en 2017, 14 por ciento de la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción y que la Ciudad de México es la entidad que tiene la mayor cantidad de víctimas, con el 20 por ciento de los casos a nivel nacional

Los datos de la impunidad y la corrupción

Según la solicitud información 6000000227820, hecha al Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) a través del sistema InfomexDF, de enero de 2017 a octubre de 2020, han iniciado mil 574 juicios contra servidores públicos por delitos relacionados con la corrupción como el cohecho, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público, negación del servicio público y usurpación de funciones.

1,574
juicios por corrupción contra servidores públicos se iniciaron de 2017 a 2020

De los cuales, de acuerdo con el documento de respuesta, en 815 se ha iniciado proceso penal; es decir, 51 por ciento de los casos se determinaron procedentes y continúan.

Sin embargo, de los que fueron procedentes, sólo 193 cuentan con una sentencia, lo que representa apenas el 12 por ciento de los casos recibidos por las autoridades judiciales en el lapso mencionado.

Por año, 2018 fue cuando menos sentencias se obtuvieron por dichos delitos; se recibieron 203 casos, de los cuales, en 47 se inició proceso y apenas en 12, 5.9 por ciento, se llegó a una resolución.

815
servidores públicos fueron procesados (51 por ciento)

Le sigue, con menos porcentaje de sentencias, 2019, cuando se iniciaron 502 juicios, 208 fueron procedentes y solo tuvieron una determinación judicial 37, el 7.3 por ciento.

En tercer lugar, está el 2020, cuando se abrieron 739 juicios, se continuó con el proceso en 500, y 115, 15 por ciento, llegaron a una sentencia.

Cabe destacar que pese a que en este año tampoco hubo más del 20 por ciento de sentencias, del lapso referido es cuando más juicios se iniciaron.

193
servidores públicos fueron sentenciados (12 por ciento)

Por último, en 2017, se abrieron 118 juicios, de los cuales 60 procedieron y 27, 22 por ciento llegaron a una sentencia.

Rezago e impunidad

El hecho de que apenas el 12 por ciento de todos los casos legales que recibe el PJCDMX por delitos relacionados con corrupción tengan una resolución, aumenta la percepción de impunidad y genera que se cometan más de este tipo de ilícitos, comenta Víctor Manuel Alonso Inclán, especialista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

“La justicia no es pronta ni es expedita como lo dice la Constitución, eso es letra muerta, los juicios duran muchísimo y como abogados estamos conscientes de que la percepción de impunidad por eso aumenta, porque el sistema jurisdiccional tiene muchas deficiencias”, dice.

Además, afirma que el problema de que la mayor parte de los casos de presunta corrupción no tengan sentencia, representa un incentivo para que se cometa más.

“Si hay percepción de impunidad, obviamente va a ser un incentivo, porque se cree que no pasa nada por la vía penal, si se incurren en malas prácticas en el servicio público”, explica.

No obstante, dice, entre todos los factores que influyen en la situación, el más importante es el rezago generalizado en el Poder Judicial local generado por la falta de jueces.

“Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), deberían haber 12 jueces por cada mil habitantes, pero en la ciudad apenas hay tres por cada mil”, señala.

Entonces, afirma Alonso Inclán, a cada juzgador le toca 300 por ciento más de trabajo.

“No es lo mismo que un juez analice 10 casos a que le toque revisar 40, porque hay una sobrecarga de trabajo que se refleja en una tardanza y un rezago en la procuración de justicia”, menciona.

Además, en declaraciones de las autoridades judiciales, el rezago que existe en el PJCDMX se agravó en la Ciudad de México con la pandemia de COVID-19.

El 28 de noviembre de 2020, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, dio a conocer durante una mesa de trabajo con el Congreso de la capital, que habían 75 mil expedientes judiciales acumulados en los tribunales, que no se habían podido resolver debido a, entre otros factores, la suspensión parcial de actividades por la contingencia sanitaria de COVID-19.

Asimismo, considera Alonso Inclán, los Ministerios Públicos también deben mejorar en el desempeño de su trabajo.

“Los Ministerios Públicos necesitan integrar mejor las investigaciones para que los jueces puedan darles una resolución más rápida y eso también contribuirá a que haya menos impunidad”, declara.

Cohecho, lo más cometido

El cohecho es el delito relacionado con la corrupción por el que más se han iniciado juicios durante los últimos cuatro años en la Ciudad de México

De acuerdo con el Código Penal local, el cohecho es cuando se soborna a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.

Del total de mil 574 casos judiciales que se iniciaron en la capital por dicho tipo de ilícitos, mil cuatro son por cohecho, es decir, el 63.7 por ciento.

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