Cuando el Municipio de Monterrey cierra 10 casinos por falta de permiso de uso del suelo, en Escobedo reabre el Malibú, que el Ayuntamiento había cerrado en 2012 por violar el Reglamento de Desarrollo Urbano.
Y es que el miércoles la alcaldesa Margarita Arellanes dio muestra de cómo un munícipe puede buscar opciones para que los casineros cumplan con el reglamento en materia urbana.
Pero en cambio, el alcalde de Escobedo, César Cavazos, dio la opción en sentido contrario: la alternativa para que el Malibú reabriera.
Porque el Malibú ya había sido clausurado en dos ocasiones cuando se llamaba Fantastic, una de ellas por el Municipio de Escobedo debido a que no cumplía con las medidas de seguridad.
Sin embargo, al ser clausurado por este motivo y por la administración anterior, es obvio que el actual gobierno de César Cavazos le permitió arreglar lo que violaba el reglamento.
Es decir, que personal del casino pudo ingresar al inmueble clausurado por el Ayuntamiento de Escobedo, para que pudiera hacer adecuaciones en el inmueble y cumplir con la regulación de Protección Civil.
No hay otra opción. La única manera para que personal del centro de apuestas hiciera los arreglos correspondientes fue violando los sellos de clausura municipal.
Porque, por otro lado, el permiso con el que reabrió el casino está suspendido por la Secretaría de Gobernación desde ayer, así aparece en su sitio de la dirección de Juegos y Sorteos.
Y si el Malibú obtuvo un amparo contra la suspensión de Gobernación, de todas maneras no habría podido ingresar a un inmueble clausurado por el Municipio.
En ese caso el amparo contra la suspensión del permiso de Producciones Móviles S.A. de C.V. no es suficiente para reabrir el inmueble clausurado por violar la regulación municipal.
Así que una vez más: la única manera de modificar el inmueble es ingresando. ¿Quién le permitió violar los sellos municipales al personal del Malibú?
Y es que la otra posible opción es que los casineros hubieran promovido y conseguido un amparo contra el Ayuntamiento, además del amparo contra Gobernación.
Pero entonces el Juez de Distrito que se atreviera a amparar a un centro de apuestas que no cumple con las medidas de seguridad estaría, potencialmente, cayendo en el mismo error que quienes ampararon el trágico casino Royale.
Se estaría en el riesgo de repetir la misma historia de inseguridad para los clientes que en el Royale y además con un casino del mismo Raúl Rocha Cantú.
Es decir, por donde se vea, hubo violación de sellos municipales sin que el Ayuntamiento hiciera algo para solucionarlo, o nuevamente un juez permite que un casinero no cumpla con las medidas de seguridad y Protección Civil.
Así de entrampado estaba el Malibú para reabrir sus puertas: clausurado por Gobernación y actualmente con permiso suspendido por la misma dependencia.
Y clausurado por el Municipio de Escobedo por no cumplir con las normas de seguridad, para lo que necesitaba hacer algunos cambios en el inmueble.
Entonces: ¿cómo es que hicieron las modificaciones?
Además, el alcalde César Cavazos sorprendió al área metropolitana de Monterrey al presumir públicamente que “ni un casino más”, pero luego de la reapertura del Malibú.
Operativo en serio
A diferencia del alcalde de Escobedo, César Cavazos, el miércoles la administración municipal que encabeza la alcaldesa Margarita Arellanes impuso sellos de clausuras provisionales a 10 casas de apuestas que operaban ilegalmente en el Municipio de Monterrey.
Arellanes demostró lo que hace dos años también comprobó el alcalde Mauricio Fernández en San Pedro: que la autoridad municipal tiene la herramienta jurídica –el uso de suelo municipal-para mantener en la raya a la industria del juego.
Sólo es cuestión de voluntad política de los gobernantes.
Ninguno de los centros de apuestas cerrados por las autoridades municipales regias contaba con la licencia municipal de uso de suelo para operar un casino.
Entre los establecimientos clausurados se encontraron dos casinos –la Isla de Tesoro y el Golden- los cuales estaban cerrados al momento del operativo, pero no cuentan con permisos federales y se desconoce quiénes son sus propietarios.
El operativo municipal también cerró tres centros de apuestas Caliente, que estaban funcionando desde hace años, y son manejados por el priista Jorge Hank Rhon en asociación con el grupo español CODERE.
Este mismo consorcio es dueño también de los dos casinos Yak, uno de Valle Oriente y otro en Cumbres, clausurados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Uno de los establecimientos cerrados por las autoridades municipales es el Club 909, que carece de autorizaciones federales y donde se practica el juego en vivo, como el póker y el cubilete, que están prohibidos por la Secretaría de Gobernación.
Este casino clandestino que abre esporádicamente es manejado por Miguel Pulido, quien fue uno de los precursores de apuestas ilegales en la década de los 90´s en Monterrey.
El cierre de casinos incluyó también al Crystal Palace, que es ahora administrado por la empresa Entretenimiento de México, que forma parte del Grupo Palmas, cuyo dueño es Juan José Rojas Cardona.
Este establecimiento operaba con una licencia de uso de suelo para videojuegos, pero no para un centro de apuestas.
Abiertos con ‘padrinos’
Estos casinos continúan funcionando en Monterrey con licencias municipales de uso de suelo. Aquí te decimos quién se las expidió:
Adalberto Madero
— Play City Plaza Real
— Hollywood Constitución
— Hollywood Estanzuela
— Palmas Miravalle
— Palmas Cumbres
— Cumbres Casino (Antes Play City)
— Paradise en Morones Prieto
— Plaza Comercial en Avenida Colosio
Administraciones anteriores
— Viva México
— Jubilee
— Ne-York
Los amparados
— Casino Crown
Suspensión concedida el 22 de julio de 2011 por el juez Segundo de Distrito de Coahuila, Rogelio Cepeda Treviño.
— Fortuna
Suspensión concedida el 22 de julio de 2011 por el juez Primero de Coahuila, José Daniel Nogueira.
— Revolución
Suspensión concedida el 15 de mayo de 2008 por el magistrado José Alonso Solís Navarro.
— Winland
Suspensión concedida el 30 de octubre de 2012 por el juez de Distrito de Baja California, Adriana García Jiménez.
— Poker City
Suspensión otorgada el 1 de febrero de 2011 por el entonces juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís.
— Sport Zone Garza Sada
Suspensión concedida el 1 de febrero de 2011 por el entonces juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís.
Monterrey: sin uso de suelo desde administraciones anteriores
— Foliatti (Pulga Mitras)
Permiso Federal: Opera con un permiso de la empresa Comercializadora de Entretenimiento Chihuahua. Los propietarios que aparecen en el permiso son Marco Antonio Ayala y Antonio Ochoa Garza.
Comentarios: El establecimiento no cuenta con licencia para uso de suelo. El permiso federal con el que opera se obtuvo en el 2012 gracias a un amparo del Poder Judicial de la Federación.
— Yak (Plaza Cumbres)
Permiso Federal: Forma parte de los casinos que funcionan con el permiso federal de Administradora Mexicana de Hipódromo, donde tiene participación el grupo Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), socio del grupo español CODERE.
Comentarios: Operaba sin licencia municipal para casas de apuestas.
— Yak (Valle Oriente)
Permiso Federal: Forma parte de los casinos que funcionan con el permiso federal de Administradora Mexicana de Hipódromo, donde tiene participación el grupo Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), socio del grupo español CODERE.
Comentarios: Operaba sin licencia municipal para casas de apuestas.
— Club 909 (Avenida Constitución y Venustiano Carranza)
Permiso Federal: No tiene permiso federal. Es un casino exclusivamente para juego en vivo como ruleta, póker, black jack y cubilete, que está prohibido por la Secretaría de Gobernación.
Comentarios: Es manejado por Miguel Pulido, quien en los años 90s operaba el juego clandestino en Monterrey.
— Crystal Palace (Avenida Revolución)
Permiso Federal: Tiene licencia para operar un restaurant-bar y videojuegos, pero no para centro de apuestas.
Comentarios: El Municipio de Monterrey dice que funciona con un permiso de Entretenimiento de México, ligado al grupo Palmas de Juan José Rojas Cardona.
— Caliente (Avenida Gonzalitos)
Permiso Federal: Opera con el permiso de la permisionaria Operadora Cantabria, propiedad del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, quien es socio del grupo español CODERE.
Comentarios: No cuenta con licencia de uso de suelo municipal.
— Caliente (Avenida Garza Sada)
Permiso Federal: Opera con el permiso de la permisionaria Libros Foráneos, propiedad del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, socio del grupo español CODERE.
Comentarios: Tiene licencia autorizada para restaurant y bar pero no para centro de apuestas.
— Caliente (Valle Oriente)
Permiso Federal: Opera con el permiso de la permisionaria Operadora Cantabria, propiedad del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, socio del grupo español CODERE.
Comentarios: Tiene licencia para restaurante y venta de cerveza y vinos, pero no para casino.
— California Palace (Alfonso Reyes y Servicio Postal)
Permiso Federal: En la página de Juegos y Sorteos de la Segob no aparece como un centro de apuestas que utilice algunos de los permisos federales.
Comentarios: El Municipio de Monterrey indica que funciona con el permiso de Petolof.
— Miravalle Palace (Calzada San Pedro)
Permiso Federal: Funciona con un amparo que obtuvo la empresa Petolof, la misma que operaba el Casino Red, propiedad de Sergio Gil, exfuncionario municipal de Monterrey, para explotar este permiso federal.
Comentarios: Tiene licencia autorizada para restaurante, videojuegos, pero no para un centro de apuestas. Los socios de la empresa entre los que se encuentran españoles y venezolanos se disputan legalmente la posesión de este establecimiento.
— Golden (Plaza La Silla)
Permiso Federal: No tienen permiso federal ni tampoco licencia de uso de suelo.
Comentarios: Se desconoce quiénes son los dueños de este centro de apuesta, que ha sido cerrado anteriormente por el Municipio de Monterrey.
— Isla del Tesoro (Plaza La Silla)
Permiso Federal: No tienen permiso federal ni tampoco licencia de uso de suelo.
Comentarios: Se desconoce quiénes son los dueños de este centro de apuesta, que ha sido previamente clausurado por las autoridades municipales.
