Los legisladores del Congreso de Nuevo León y el Ejecutivo estatal habrían llegado a un acuerdo para la aprobación del Presupuesto 2018 para la entidad.
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El presupuesto, con algunas modificaciones menores respecto al proyecto enviado por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, será discutido el próximo lunes en la Comisión de Presupuesto del Congreso local para su aprobación y se espera que el martes sea turnado al Pleno para su votación.
De esta forma se resuelve uno de los pendientes legislativos prioritarios en este cierre de año, y aún quedan por resolver otros aspectos como la aprobación de las cuentas públicas, tanto del Gobierno estatal como de los Municipios, y la solicitud de licencia de Jaime Rodríguez, que será entregada en los próximos días.
Entre los puntos acordados está el mantener el Fondo de Infraestructura Municipal con un presupuesto de 300 millones de pesos, además del compromiso de no reducir el Fondo de Seguridad Municipal aún si baja la recaudación de los impuestos a los casinos.
Concesión para la negociación
Tras una reunión entre los legisladores locales de la Comisión de Presupuesto y funcionarios de la Secretaría de Finanzas se acordó reorientar alrededor de 1 mil 500 millones de pesos del proyecto del presupuesto para dar prioridad a rubros sociales, de salud e infraestructura.
Los recursos que serán reasignados provienen de la disminución de diferentes partidas relacionadas al gasto corriente del Gobierno del Estado, la cual fue solicitada por el Congreso local y aceptada por el tesorero estatal, Carlos Garza, tras una reunión privada el día de ayer.
Para 2018, por ejemplo, el Ejecutivo había solicitado un gasto de casi 45 millones de pesos por concepto de “servicios de traslado y viáticos”, una cantidad 68 por ciento superior a la de 2017, pero los legisladores la dejaron en el mismo monto que el año en curso, 26 millones de pesos.
La concesión de Garza y del Ejecutivo a las peticiones del Congreso llega en un momento crítico tras las observaciones por 8 mil millones de pesos en las finanzas estatales en 2016 y el gesto podría ayudar a la negociación con los legisladores para la aprobación de la cuenta pública.
La diputada Myrna Grimaldo, presidenta de la Comisión de Presupuesto, fue la encargada de encabezar las negociaciones por parte del Congreso y contó con el respaldo de los coordinadores de las bancadas del PAN, Arturo Salinas; del PRI, Marco González, y de Movimiento Ciudadano, Samuel García.
El Paquete Fiscal 2018 enviado por el Ejecutivo en noviembre pasado contempla un gasto por 95 mil millones de pesos, el presupuesto más alto de la historia de Nuevo León, y un incremento del 4 por ciento en relación al presupuesto de 2017.
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Se mueve el dinero
Aunque en cifras la reorientación de 1 mil 500 millones de pesos es un porcentaje muy bajo respecto al gasto total contemplado para el próximo año, la realidad es que los legisladores tenían un margen muy estrecho para maniobrar.
Con los ajustes se pretende liberar estos recursos para destinarlos principalmente a aumentar el gasto en seguridad o para fortalecer la infraestructura y los sectores de salud y campo.
El cambio más importante respecto al proyecto enviado por el gobernador será la inclusión de un Fondo de Infraestructura Municipal al que le serán asignados 300 millones de pesos, y no estaba incluido en el Paquete Fiscal original.
De igual forma, los legisladores pidieron que se le otorguen 853 millones de pesos al Fondo de Fortalecimiento para Seguridad en los Municipios para mejorar las condiciones salariales de los cuerpos de seguridad y la compra de equipamiento.
Otro ajuste es una partida de 70 millones de pesos para remodelar el Hospital Psiquiátrico que tampoco estaba contemplada; al inicio de la discusión presupuestal. Para el campo, los legisladores pidieron adicionar 70 millones, además de 40 para infraestructura en Pesquería.
También darán atención al combate a las adicciones, con 5 millones de pesos, y 3.5 millones para la reforestación del Río Ramos en el municipio de Allende.
Hay necesidades más urgentes
Organismos de la sociedad civil han cuestionado la propuesta de Paquete Fiscal enviado por el Ejecutivo, sobre todo por el aumento presupuestal en algunos rubros que se prestan a la opacidad en tiempos electorales.
Juan Manuel Ramos, director de la asociación Redes Quinto Poder, afirma en entrevista que los colectivos han pedido a los diputados un análisis que justifique el aumento en los gastos en Desarrollo Social y los gastos en viáticos.
“Hay un incremento en el gasto social, pero lo que preocupa es que el incremento se da en temas relacionados a las dádivas que se entregan a los ciudadanos sin una clara rendición de cuentas. Si se eleva el gasto en este rubro, en un año electoral, no sabemos qué cosas puedan pasar.
“En los gastos por viáticos, el Gobierno del Estado, que está solicitando un incremento de muchos millones, cuando hay necesidades imperiosas que resolver en el estado”, dijo Ramos.
Exhortan a los diputados que analizan el presupuesto a que volteen a ver las necesidades más urgentes del Estado y que ahí canalicen los recursos.
“El tema de salud es urgente, están abarrotados los servicios públicos, hay mucha demanda de la ciudadanía y poca infraestructura. Sí hay necesidades, ahí es donde deberían de ponerse las pilas, y ojalá no termine en una repartición de botines para beneficiar a los grupos políticos”.
“Lo que preocupa es que el incremento se da en temas relacionados a las dádivas que se entregan a los ciudadanos”
