El eslabón más débil

Jalisco tendrá que hacerse a la idea de que su ingreso al Sistema Nacional Anticorrupción le implicará otorgarle el rol de ente sancionador al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), una de sus instituciones más deslegitimadas y bajo la sospecha permanente de tratos sucios.

Es decir, que el TAE, constantemente envuelto en acusaciones de corrupción y de favorecer al sector inmobiliario para evadir las normas urbanísticas, será ahora el responsable de castigar las faltas administrativas graves de los servidores públicos de Jalisco y de los particulares que se coluden.

Peor aún, el doctor en Ciencia Política y uno de los artífices del Sistema Nacional Anticorrupción, Mauricio Merino Huerta, confirmó a Reporte Indigo que el aterrizaje del modelo debe consi derar sostener por un tiempo a los actuales magistrados.

“Mientras se mantengan las condiciones vigentes, es cierto (que no pueden removerse los magistrados), porque se estarían vulnerando sus derechos laborales, los nombramientos que ya se emitieron. Modificada la ley, se modifican las condiciones”, dijo.

El artículo octavo transitorio de la reforma constitucional que da vida al Sistema, del 20 de mayo de 2015, lo sentenció: “Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados”. Merino Huerta hizo enfásis en el cambio que se aproxima.

“Hay que tener paciencia con estas cosas porque la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción para efectos de las entidades federativas, no va a suceder sino hasta el próximo año, julio de 2017, y para entonces las entidades federativas habrán cambiado o tendrán que haber cambiado las leyes locales. Las leyes que ahorita se están aplicando en las entidades federativas no corresponden con la reforma constitucional”.

Cuando Reporte Indigo le preguntó a Merino Huerta sobre la peculiaridad del TAE de Jalisco, persistentemente envuelto en sospechas de corrupción, dijo: “Ya sé, ha sido un lío, sí. Yalo sé”. Y se le cuestionó:–El TAE está muy deslegitimado y ahora resulta que es el que va a sancionar…

“No, no, porque se va a renovar. La reforma constitucional y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción ordenan que haya reformas legales para que se renueven estas instituciones en función del sistema.

Entonces, eso no ha sucedido todavía, tiene que llegar a suceder después”, detalló Merino Huerta.

El TAE, convertido en un Tribunal de Justicia Administrativa, castigará faltas como el cohecho, peculado, desvío de recursos, conflicto de interés, abuso de funciones, contratación indebida, tráfico de influencias, enriquecimiento oculto, además de actos de particulares como el soborno, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Luz al 2018

Jalisco no verá la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción en todo el 2017, pues durante ese año se adoptarán reformas constitucionales y su marco secundario, como las nuevas leyes generales del Sistema y de Responsabilidades Administrativas.

Merino Huerta señaló que hacia julio de 2017 “tendría que haberse modificado la legislación estatal y probablemente empiece a funcionar hasta 2018; hay que tener paciencia”.

“En julio de 2017 tendrá que haber una reforma completa de todas estas instituciones en el estado, y lo que hay que hacer es decírselo a la gente para que le entren, para que no se queden estacionados, para que sepan que esto no va a funcionar si no salimos a las calles, y si no impedimos que estos abusos sigan adelante”, exhortó.

En Jalisco ya se aprobó una primera reforma en esta materia el 22 de septiembre, que introdujo en su Constitución al Sistema Anticorrupción del Estado en un nuevo Capítulo VI, ahí se indica que tendrá un Comité Coordinador y otro de Participación Social con cinco ciudadanos.

Tareas pendientes

Los legisladores locales dejaron para después, en una segunda reforma constitucional aún pendiente, temas álgidos como el del nuevo rol que tendrá el TAE para imponer las sanciones a las faltas graves, y lo cual aún no está reconocido en la Constitución estatal.

De ahí que en esta primera reforma se incluyó un artículo segundo transitorio: “El Congreso dispondrá de un plazo de cuatro meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para aprobar una minuta de reforma constitucional complementaria en materia anticorrupción relativas a fiscalización superior, responsabilidades y justicia administrativa”.

El Sistema considera que las faltas administrativas no graves sean sancionadas por los Órganos Internos de Control de las entidades públicas; las graves por los Tribunales de Justicia –el TAE-, mientras que las constitutivas de delito serán indagadas por las fiscalías anticorrupción.

Pieza naranja

De entre los seis magistrados del TAE, son dos los más cuestionados por sus resoluciones: Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, titulares de la Cuarta y Sexta Salas, respectivamente.

Sin embargo, es solo contra el último que el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) de Enrique Alfaro Ramírez, alcalde de Guadalajara, ha emprendido una estrategia para destituirlo a través del juicio político, y movilizando para ello sus frentes en alcaldías y el Congreso.

Ese magistrado le respondió al Canal 44, el 6 de julio, a la pregunta de qué interés podría tener el PMC: “Una posibilidad es que quisiera espacios aquí adentro (…) de magistrados obviamente, para quitarme a mí a un lado y nombrar a otro magistrado de ellos”, dijo Barba Gómez.

La resolución del juicio político contra el magistrado, y donde se espera que el PMC logre el consenso para removerlo, coincidiría en tiempos con la transformación del TAE en el nuevo ente sancionador de las corruptelas en el Estado.