CIDH podría obligar a Estado Mexicano a recuperar cadáveres de Pasta de Conchos
De acuerdo con la activista Cristina Auerbach, la decisión de la CIDH parte de una denuncia presentada por familiares de los mineros muertos, en la que se acusa que no se respetó el derecho a la vida de las 65 víctimas que perdieron la vida en 2006
Indigo StaffLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió la posibilidad de investigar el caso de la mina ‘Pasta de Conchos’ y de instar al Estado Mexicano a recuperar los 63 cadáveres que siguen sepultados en el sitio de trabajo de los 65 mineros que fallecieron en el año 2006, luego de que varios túneles del espacio, ubicado en Nueva Rosita, Coahuila, colapsaran.
Más de doce años pasaron desde la tragedia, ocurrida el 19 de febrero de 2006 en la mina que era operada por Grupo México.
La tragedia ocurrió cuando se desarrollaba el tercer turno y una explosión la estructura de la mina.
73 mineros se encontraban trabajando, ocho alcanzaron a salir, con golpes y quemaduras serias.
De las otras 65 víctimas, las autoridades lograron recuperar apenas dos cuerpos.
En entrevista con Capital Media, Cristina Auerbach, quien es activista y vocera de la Organización Familia, señaló que la decisión de la CIDH parte de una denuncia presentada por familiares de los fallecidos.
Auerbach dijo que en los señalamientos “se está acusando al Estado Mexicano de violar el derecho a la vida y la integridad física de los trabajadores que fallecieron”.
La activista social, quien se encargó de difundir el posicionamiento de la Comisión Interamericana acusó que desde el año 2000 la Secretaría del Trabajo federal tenía conocimiento de que “no existían las condiciones de seguridad para que los trabajadores laboraba en la mina ocho de Grupo México”.
Cristina Auerbach también señaló a los dirigentes del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia y Carlos Pavón, por presuntamente no apoyar las huelgas que deseaban iniciar los trabajadores.
“Se acredita también la violación del derecho a la justicia y a la protección judicial” sostuvo Auerbach respecto a la admisión del caso, que por primera vez podría llevar a juicio al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuya sentencia -para reparar el daño a las familias- sería obligar a las autoridades del país a rescatar los cuerpos de los mineros fallecidos tras la explosión del 19 de febrero del 2006.
“Al tratarse de la muerte de los trabajadores, no hay reparación, pero parte de la reparación es que se haga el rescate” aseguró la activista.
La vocera de Organización Familia precisó que la CIDH también se encargó de desechar los alegatos que el gobierno mexicano presentó para no realizar la recuperación de los cadáveres.
Hace poco menos de dos años, Reporte Índigo dio cuenta de que familiares de los mineros fallecidos mostraron su indignación ante la posible reapertura de la mina, lo que, consideraban, terminaría de sepultar los cuerpos.
La nota daba cuenta de la manera en que las viudas afrontaban el luto por la muerte de sus maridos, cómo se esforzaban para salir adelante, e incluso se enfrentaban a los prejuicios de la sociedad.
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Con información de Capital Media***
