Funcionarios de alto nivel encargados de la seguridad en el interior del Penal de Cadereyta están bajo una investigación internacional por la masacre ocurrida en esta prisión, que dejó 18 muertos y 70 heridos en Nuevo León.
El secretario de Gobierno, Manuel González, y el general Arturo González, titular de Seguridad Pública, serían investigados tras aprobar la fuerza letal durante el motín ocurrido el 10 de octubre.
Documentos en poder de Reporte Indigo revelan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la indagación por la muerte de los internos, donde se sospecha se utilizó la fuerza letal de manera desproporcionada.
De manera formal, este organismo internacional solicitó al embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), integre un expediente sobre los hechos ocurridos en este reclusorio.
La investigación se deriva de una solicitud de medidas cautelares, presentada hace dos semanas ante Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al gobernador Jaime Rodríguez por la matanza de los reos.
La solicitud de información MC-755-17 por la CIDH, a favor de los internos del Penal de Cadereyta, indaga cómo ocurrieron los hechos y por qué se utilizó la fuerza letal.
“Tengo honor de dirigirme a Su Excelencia en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de hacer referencia a un solicitud de medidas cautelares recibida por CIDH con relación a la situación de personas privadas de la libertad del Cereso Cadereyta en México.
“La solicitud de medidas cautelares a favor de las personas privadas de la libertad en el Penal de Cadereyta”, dice el documento.
El 10 de octubre, autoridades de Seguridad estatal aplicaron el operativo “Fuerza Letal” paraabrir fuego en contra de los reclusos, quienes supuestamente mantenían retenidos a tres guardias.
Organismos civiles de Nuevo León cuestionan el uso de armas de fuego para controlar los disturbios y señalan que ninguna autoridad ha aclarado los hechos.
La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) reprobó los hechos violentos que derivaron en un amotinamiento y denunció una serie de agresiones contra los reos.
“Los internos fueron víctimas de tratos crueles y degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violados con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras”, señaló Cadhac.
“La solicitud de medidas cautelares a favor de las personas privadas de la libertad en el Penal de Cadereyta, copia de la cual se anexa a la presente”
Turnan caso al Estado mexicano
La investigación sobre los hechos ocurridos en el Penal del Cadereyta, que dejó 18 muertos y 70 heridos, pasó al Estado mexicano por el uso de la fuerza letal de autoridades de Seguridad Pública de Nuevo León.
Es decir, lo que sucedió en este centro penitenciario ya no pertenece al ámbito de responsabilidad del Gobierno independiente, la Procuraduría de Justicia y sus dependencias de Seguridad, sino será algo que tendría que resolver el Estado mexicano, a través de la CIDH.
Aunque la Procuraduría General de Justicia, a cargo de Bernardo González, prometió una investigación trasparente, ha quedado en el discurso.
“De conformidad con el artículo 25(5) del reglamento de la CIDH, y sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares con solicitar a Su Excelencia tenga a bien enviar a esta Secretaría, en un plazo de 7 días”, señala el documento de la CIDH.
Además, este organismo solicita cuatro temas más al embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos.
“Sus observaciones sobre la presente solicitud de medidas cautelares, la situación actual en el Cereso de Cadereyta teniendo en cuenta los hechos alegados en la solicitud; las medidas de control que el Estado estaría tomando en el interior del penal.
“Con el objetivo de proteger la vida e integridad personal de todas las personas que se encuentren tanto privadas de la libertad, como laborando en el Cereso de Cadereyta, la asistencia médica que estaría siendo proporcionado a las personas privadas de la libertad que resultaron heridas”, dice el documento.
“Los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violados con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras”
Aún sin autopsias
A más de un mes de la masacre en el Penal de Cadereyta, la Procuraduría estatal no ha informado sobre las autopsias realizadas a los reos fallecidos.
Este examen forense sería valioso para determinar cuántos reos murieron por la fuerza letal; a decir de familiares de los reos, se habla que fue la mayoría.
Cadhac difundió varias entrevistas con familiares, quienes han hablado con los internos, y narran qué ocurrió es día.
“Los están matando. Y empezaron a correr… ahí fue donde llegaron los de Fuerza Civil a sacar de las celdas. Y él (su familiar) trató de salir de las celdas, está en el ‘Benito’, y que iba unos de los compañeros corriendo.
“Y uno de Fuerza Civil lo quiere parar, y el muchacho, en lugar de tirarse, el muchacho grita: ‘pues mátame, mátame, en eso le disparó en su cabeza delante de… Y a (sic) le pasó la bala rozando, nomás que se tiro al suelo”, reveló una mujer, de quien por seguridad no se proporcionó su identidad y se alteró su voz en el audio.
