El punto más débil de la seguridad de México es el que debería de hacerla más fuerte, sin embargo, debido a un marco legal endeble, a la falta de instituciones sólidas y de colaboración con otros países, la ciberseguridad en el país es casi inexistente y las herramientas digitales para perseguir crímenes solo forman parte de la ficción.
En la red, además de los ciberataques, se estafa, se vulneran derechos básicos como la privacidad, se difunden imágenes sin consentimiento, se organizan crímenes y se venden sustancias y productos ilegales entre muchas otras cosas.
Contra esa gran ola delictiva que ocurre desde y a través del internet, las autoridades mexicanas tienen una gran limitante, ya que nuestro país, desde hace casi 20 años, no ha firmado el Convenio de Budapest sobre delitos cibernéticos, un tratado que busca hacer frente al cibercrimen a través de la armonización de leyes entre naciones, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre los países firmantes.
Es decir, si la policía cibernética detecta algún crimen perpetrado desde una dirección IP (dirección de internet) fuera de las fronteras de México, tienen las manos amarradas para colaborar con otros países e investigar los crímenes de ciberseguridad por el momento.
Esto a pesar de que los criminales podrían estar en México, ya que es muy sencillo y muy común usar softwares que cambien la dirección IP decenas de veces por minuto.
El papel de las policías en la ciberseguridad
El inspector Edgar Martínez es subdirector de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
Todos los días él y su equipo atienden decenas de llamadas de ciudadanos que están siendo víctimas de ciberdelitos, la mayoría de ellos son por fraude y estafa.
Como primeros respondientes, tranquilizan a las víctimas, las ayudan y asesoran sobre cómo hacer una correcta denuncia del delito ante el Ministerio Público.
“Nosotros ayudamos para que el denunciante tenga un paquete de información que sea de utilidad para la Fiscalía al momento de hacer la denuncia. Muchas veces se entorpecen los procesos porque cuando el denunciante hace la narración de los hechos no tiene a la mano todos los datos.
La unidad de la policía cibernética de la Ciudad de México también realiza investigaciones de delitos cometidos a través de internet y ayuda a las autoridades judiciales a resolver, con herramientas digitales, otro tipo de delitos.
Aunque dicha unidad ha crecido en número y presupuesto durante los últimos años, Edgar Martínez considera que aún faltan muchos avances que se deben de dar desde los gobiernos y en los congresos en ciberseguridad.
“La Iniciativa Mérida señalaba que debían existir dos policías cibernéticas por entidad y eso es algo que no se ha cumplido. También, desde el punto de vista jurídico, deberíamos tener instrumentos que nos permitan desarrollar trabajo policial que no tenga una limitante como la falta de firma del tratado de Budapest. Es muy importante que nuestro Estado Nación firme para poder intercambiar información con otros gobiernos”, dice.
Martínez recuerda muy bien el martes 6 de agosto del 2019, día en que tres asaltantes perpetraron el robo del siglo y se llevaron alrededor de 50 millones de pesos de la tienda de la Casa de Moneda de México.
Dice que esa vez lograron interceptar cómo fue que los asaltantes se pusieron de acuerdo por WhatsApp y la ruta que utilizaron para escapar gracias a sus puntos de geolocalización de sus celulares.
“Estamos en el punto medular para que se puedan tomar las decisiones correctas y que este tipo de investigaciones ya no confluyen únicamente en las unidades de investigación de la policía cibernética, si no que la especialización de este modelo cibernético sea algo que pueda permear no solo a nivel estado, sino a nivel municipalidad y entonces tengamos agentes de investigación con habilidades como hacer entrevistas, visualización de campo y además hacer investigación desde un punto cibernético”, concluye.
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