La polarización y el encono tienen secuestrados a los Poderes de la Unión, en una pugna que lejos de llegar a una tregua, es muy probable que se intensifique conforme nos acercamos al proceso electoral de 2024.
Una de las principales batallas que se está enfrentando en la arena política del país es la que protagonizan el Ejecutivo federal y el Senado de la República en contra del Poder Judicial para frenar la designación de los tres comisionados pendientes que tienen congelada la operación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El legislador señaló que hoy no se tratarán los temas del INAI ni su permanencia al frente de la bancada de Morena. Dice Ricardo Monreal que todos los senadores, incluyendo la oposición están convocados.
Video: @calesmont pic.twitter.com/8ZEhAHiJDI
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) April 29, 2023
En el otro frente de batalla, a partir de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancará la discusión de la inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que la Consejería Jurídica del Gobierno federal acusó a la SCJN de filtrar “clandestinamente” el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán.
El proyecto propone la invalidación de la reforma por presuntos vicios en el proceso legislativo.
Este par de batallas se combaten abiertamente entre todos los actores políticos del país y aunque son luchas distintas e involucran a varios entes de gobierno y órganos autónomos, el escenario se divide en dos bandos: por un lado el Ejecutivo y sus partidos aliados y del otro los institutos políticos de oposición, órganos autónomos y una gran parte del Poder Judicial.
El pasado 12 de mayo la jueza Decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Celia Quintero Rico, ordenó al Senado de la República nombrar a los tres comisionados pendientes del INAI.
Esto luego de que durante la madrugada del viernes 28 de abril la Cámara alta clausuró el periodo ordinario de sesiones dejando pendiente el nombramiento de los comisionados del INAI.
Durante esa sesión los senadores de Morena y sus aliados aprobaron una serie de reformas impulsadas por el presidente López Obrador, pero votaron en contra del nombramiento de Ricardo Salgado Perrilliat como comisionado del INAI, un puesto necesario para que el pleno del instituto pueda sesionar.
Al respecto, la comisionada presidenta del órgano autónomo, Blanca Lilia Ibarra, advirtió que el derecho a conocer la vida pública de México estaba bajo amenaza.
“El INAI no trabaja para complacer a los gobernantes, al contrario, está para defender la verdad pública, está para defender a las personas de las autoridades cuando estas les niegan el legítimo derecho a saber de la vida pública. Todo esto, en función de criterios técnicos, no políticos”, explicó la comisionada.
A la par, Blanca Lilia Ibarra, anunció que presentaron un reclamo por la negativa que les dio la Suprema Corte para poder sesionar con tan solo cuatro integrantes.
En la misma batalla a favor del INAI, los senadores del PAN informaron que enviaron ocho oficios al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, solicitando que entregaran cada una de las notificaciones, sentencias, resoluciones y demás documentos judiciales relacionados con la designación de los comisionados del INAI, los cuales les han sido negados.
“Sordos, mudos y omisos durante 20 días en un tema urgente e importante, no solo para el Senado sino para el país, la Dirección General de Asuntos Jurídicos finalmente responde con una vacilada: informa de la imposibilidad para entregar las notificaciones, sentencias y demás documentos judiciales porque no son parte de los juicios de amparo que ocupan al Senado”, acusaron.
Y aunque Monreal planteó la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones para nombrar por lo menos a un comisionado del INAI, Armenta y Santiago Creel, presidente de San Lázaro, descartaron dicha posibilidad, por lo que es muy probable que el instituto siga inoperante por lo menos hasta septiembre.
Continúa pugna por Plan B
En el otro de los frentes, la Consejería Jurídica del Gobierno federal acusó a la Suprema Corte de filtrar “clandestinamente” el proyecto que invalidaría el Plan B electoral por vicios en el proceso legislativo.
“¿Quién es el responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información?”, cuestionó la Consejería.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pidió a la @SCJN atender las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social, aprobada en el ya lejano 2018. https://t.co/heOkaouQYI
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 4, 2023
Además, el Gobierno federal pidió a los ministros de la SCJN atender las impugnaciones a leyes hechas en 2018 antes de pronunciarse sobre el Plan B.
La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, respondió al Ejecutivo que después de someterlo a consulta de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte por unanimidad se concluyó que el requerimiento no era factible.
Lejos de frenar la discusión del proyecto, los ministros anunciaron que este lunes discutirán si hubo vicios o no en la aprobación del Plan B electoral del jefe del Ejecutivo federal.