La Comisión local de Atención a Víctimas en Chihuahua tiene una carencia de más de 200 asesores jurídicos, así lo indican cifras obtenidas vía transparencia.
Dicha comisión, que es parte de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua, cuenta con menos asesores jurídicos de los que demanda la atención de la problemática de denuncias por casos como desaparición forzada y otros delitos
“Aplicando esta proporción al ámbito local, las entidades federativas deberíamos tener como mínimo, un asesor jurídico en cada unidad de Investigación del Ministerio Público, Juzgado, Sala Penal y Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, salvo disposición estatal en contrario”, dice la respuesta vía transparencia.
Ante este escenario, la Comisión tendría que contar con al menos 265 asesores jurídicos y cuenta apenas con 64 personas para cubrir esta función, de acuerdo con la solicitud de transparencia con folio 080139722000382.
Estos 64 asesores se encuentran en la capital del estado (donde hay 23); 23 más en Ciudad Juárez, una decena en Parral y ocho en Cuauhtémoc. En los 63 municipios restantes no se cuenta con personal.
En el orden federal debe haber, por lo menos, un asesor jurídico federal en cada unidad investigadora del Ministerio Público Federal (MP), en el Tribunal de Circuito y en los juzgados federales en materia penal y en la Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así lo establece el Artículo 167 de la Ley General de Víctimas.
Los ilícitos
Tan sólo en el 2021, en materia penal en Chihuahua se contabilizaron 88 mil 160 víctimas de diversos delitos tras abrir el Ministerio Público 72 mil 999 carpetas de investigación, indican datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Tomando en cuenta ese universo, ni siquiera el uno por ciento de las víctimas podría tener un asesor jurídico con el personal que actualmente tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Chihuahua.
Desaparición forzada y homicidio en Chihuahua
Samuel Rafael Celis Murillo fue visto por última vez el 15 de enero del 2010, cuando personas no identificadas se lo llevaron de un parque ubicado en la colonia Toribio Ortega, al surponiente de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Su mamá, Olivia Murillo, cree que fue obligado a trabajar en la siembra de marihuana en el llamado “Triángulo Dorado”, una región serrana entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.
“Parece que a mi hijo ni siquiera me lo han tomado en cuenta de nada, la muerte de mi niño se quedó impune. Peor que si se hubiera muerto un animal”
El cadáver del adolescente Samuel fue encontrado en marzo del 2010 en la carretera que conduce de Guadalupe y Calvo a Parral, en el kilómetro 213, entre las comunidades Lagunitas y Los Alamitos.
En 2010, Olivia sólo recibió apoyo para trasladar el cuerpo de su hijo a Juárez y, en marzo de este año, para poner una lápida en la fosa donde descansan los restos del menor de edad, quien cursaba el sexto año de primaria cuando desapareció.
ONG piden más asesoría
Organizaciones civiles consultadas sobre el tema dijeron que es necesario que el estado cuente con el personal suficiente para acompañar a los ofendidos del delito porque, de lo contrario, a pesar del trabajo que estas realizan llega un momento en que no pueden avanzar.
“Por más que nosotras hagamos siempre vamos a tener que estar en vinculación, porque ellos son la autoridad, nosotras podemos tener asesores, tener acompañamiento, tener atenciones, pero finalmente va a llegar un momento en que nosotras tenemos que llevar a las víctimas para los procesos, denuncias en lo penal, civil o familiar, especialmente, tenemos que vincularnos con la Fiscalía entonces si de parte de la Fiscalía no existe la figura jurídica pertinente y suficiente pues ahí se van a quedar atorados los casos”, indicó Elia Orrantia, coordinadora de Sin Violencia AC.
Orrantia recordó un caso de violación cometido por un sacerdote en el que después de que se nombraron como asesores de la víctima, en siete días lograron el arresto del acusado cuando el asunto llevaba meses sin avance.
Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres, dijo que es importante contar con asesores jurídicos y que estos no estén saturados de trabajo porque, de ser así, la calidad de la representación es mala y no hay avance.
Además, cuestionó el discurso de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien ha defendido la importancia de atender a las víctimas, pero para el presupuesto 2022 recortó 13 millones de pesos para la atención a éstas.
“En la administración anterior el recurso que se dio para gastos de víctimas fue entre 18 y 23 millones de pesos, el último año de la administración anterior fueron 18 millones y el presupuesto que presenta el Ejecutivo al Congreso para el ejercicio del Fondo de Víctimas es de cinco millones de pesos para 2022. Es una disminución desproporcional… no es consistente con el discurso que ha expresado la gobernadora”, apuntó Marrufo.
