Trabajadores anónimos

La desaparición de 80 jornaleros agrícolas en la zona rural de Camargo, en el estado de Chihuahua, dejó al descubierto el sistema de esclavitud que prevalece en muchas regiones agrícolas del país.

Las propias autoridades laborales se manifiestan omisas ante las denuncias hechas por los trabajadores afectados.

Los 80 trabajadores agrícolas desaparecieron horas después de denunciar las condiciones bajo las que laboraban.

Tras la denuncia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de Chihuahua cuenta con elementos que presumen condiciones laborales de esclavitud para estos jornaleros.

En la Fiscalía General del Estado aún no han recibido la denuncia de hechos por la desaparición de estos trabajadores, y funcionarios estiman que competirá a la propia STyPS hacer la denuncia formal para dar con el paradero de los trabajadores.

De acuerdo a Carlos Huerta, titular de Comunicación Social de la Fiscalía, en estos momentos la única investigación sobre los jornaleros desaparecidos es la que realiza la STyPS, que deberá valorar si existen elementos constitutivos de delitos para solicitar la intervención de la Fiscalía.

El pasado fin de semana, un trabajador agrícola identificado como Elmer Cruz Bustillos, escapó del albergue “Chuchi Muñoz” para jornaleros, en el municipio de Jiménez, y denunció públicamente las condiciones de esclavitud en la que se encontraban más de 80 trabajadores agrícolas, provenientes de las regiones de Guachochi y Baborigame.

Funcionarios supervisores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instrumentaron un operativo para verificar los hechos, pero al llegar al albergue ya no encontraron a los jornaleros que estarían en condiciones de esclavitud.

Desde el lunes por la mañana se desconoce el paradero de los trabajadores agrícolas, de quienes las empresas contratantes, dedicadas al cultivo de cebolla, no tienen registro de sus domicilios, contando sólo con una lista de nómina que fue entregada a la STyPS.

Sin rastro

Hasta el momento solo hay conjeturas. En la STyPS se presume que el reclutador cambió de sitio a los trabajadores para evitar sanciones de la autoridad laboral.

En la Fiscalía General de Justicia del Estado se ha ventilado la posibilidad de que los jornaleros fueran devueltos a sus lugares de origen, o reubicados en otros campos agrícolas de la zona de Camargo, en donde hay al menos otros tres campamentos de trabajadores.

Mientras que un comandante de la policía ministerial de Chihuahua aventura que pudieron ser movilizados hacia otras regiones del estado por parte de células del crimen organizado, que “de manera frecuente toman como rehenes a grupos completos de trabajadores para subcontratarlos”.

De acuerdo a esta fuente, en el estado de Chihuahua existe un considerable tráfico ilegal de mano de obra controlado por células del crimen organizado, principalmente en los distritos de riego de Delicias -que incluye a los municipios de Camargo, Jiménez, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Meoqui y Rosales.

Estos grupos criminales están ligados principalmente al Cártel de Juárez, a través de La Línea, y al Cártel de Sinaloa, con Los Mazatlecos y Gente Nueva.

Narco, dueño del agro

La explotación de mano de obra indígena en Chihuahua no sólo se refleja en la actividad agrícola, también en las labores de la minera, principalmente para el desmonte y acarreo de minerales, por lo que reciben de 120 a 160 pesos por día.

No existen cifras oficiales sobre la cantidad de personas subcontratadas vía crimen organizado por parte de las empresas formalmente establecidas.

Versiones de funcionarios de la Fiscalía General del Estado apuntan a la posibilidad de que sean al menos 3 mil jornaleros para el trabajo agrícola, y casi 2 mil para la minería.

Integrantes del crimen organizado se presentan en las comunidades más pobres y ofrecen trabajo a hombres y mujeres, a los que se les aseguran salarios de hasta 200 pesos al día, pero una vez “enganchados” se les cobra la alimentación, agua potable, vivienda y transporte.

Fue el caso de los trabajadores agrícolas desaparecidos, a los que se les ofreció un salario de 180 pesos al día, pero ya en el campamento de Jiménez el reclutador les cobraba los servicios y dejaba a la mayoría con un ingreso diario promedio de entre 80 y 90 pesos.

A los trabajadores no se les permitía salir del campamento y se les obligaba a trabajar jornadas de hasta 12 horas continuas, a veces -de acuerdo al testimonio recabado por la STyPS-, sin permitirles una pausa para sus necesidades fisiológicas.

País explotado

La moderna esclavitud es un fenómeno reconocido como un problema en México, de acuerdo a la organización Walk Free de Estados Unidos.

De acuerdo al estudio Índice Global de Esclavitud 2016, de la citada organización, México se ubica en el sitio 36 de 167 naciones que registran condiciones de explotación similares a la esclavitud, con 376 mil 800 personas en condiciones de explotación laboral.

 “Las víctimas de la esclavitud moderna en México son principalmente los propios mexicanos o ciudadanos de países de América Central y del Sur. Según algunas estimaciones, el 70 por ciento de los casos modernos de esclavitud en México están relacionados con grupos de delincuencia organizada”, dice el informe.

El documento establece que 47 de cada 100 personas en México se encuentran expuestas a la posibilidad de ser esclavos del narco.

“Los diversos cárteles cometen secuestros para la prostitución forzada y el trabajo forzado en todos los grupos de edad, a menudo con la complicidad de las autoridades”, insiste el informe.

La marcha del campo

Reporte Indigo publicó en marzo pasado que la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal Por la Justicia Social denunció que en el campo mexicano se está gestando una nueva forma de esclavitud.

Atados

Recientemente se registraron casos de esclavitud en los campos agrícolas:

>> San Quintín, Baja California

Han sido rescatados en los últimos años 452 trabajadores de las condiciones laborales opresivas.

>> Ejido El Diezmo, Colima

En marzo 2015, de un campo de cultivo de pepinos fueron rescatados 49 trabajadores, incluyendo 13 menores de edad; todos eran indígenas mixtecos de la Costa Chica de Guerrero.