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Jaime García Chávez denunció que Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, crearon el Fideicomiso 744743, de Administración e Inversión, con una aportación de 65 millones de pesos
El dirigente de Unión Ciudadana sostiene que el exgobernador preparó el terreno para la impunidad durante los meses de la transición, entre el triunfo electoral de Javier Corral y su toma de protesta como gobernador
Millones de pesos deuda adquirida en el periodo de transición de Chihuahua y que se utilizó para pagar a proveedores
Para el activista Jaime García Chávez, el exgobernador sigue presente en Chihuahua pues su presencia todavía mueve algunos hilos de la política estatal que impiden que la justicia lo alcance con facilidad
“La red de impunidad (…) es parte de todo el entramado. (...)Prácticamente dio un golpe de estado y puso a magistrados y a jueces- a modo”
Otras acusaciones que se sumaron fueron por el manejo irregular de recursos de la ASE y por el pago a aviadores que cobraban sueldos de hasta 50 mil pesos mensuales
“Hemos reconstituido expedientes. Hemos tenido que recuperar muchas de las pruebas que se las llevaron, que las ocultaron. Pero siempre hay alguien que guarda una copia, y así es como se ha podido llegar a la secuencia de oficios para hacer una mejor integración de los expedientes”
Dicen que en Chihuahua ronda el fantasma de alguien que creyeron que ya se había ido, pero sigue tan presente en la entidad como el primer día: el del exgobernador César Duarte Jáquez.
La exigencia ciudadana en Chihuahua no cesa: quieren castigo para el exmandatario y todos los funcionarios de su administración que hayan cometido actos de corrupción.
Sin embargo, los días pasan y las acciones no llegan. El retraso le ha costado a Javier Corral que, incluso, algunos liderazgos ciudadanos que lo acompañaron en su campaña ahora lo hayan abandonado.
Javier Corral, el nuevo gobernador de la entidad, ha dicho que aunque van despacio, avanzan a paso seguro. Quieren armar bien los expedientes para no dejar espacio a la impunidad.
Y es que en el gobierno de Chihuahua tienen indicios de que César Duarte procuró tejer un manto protector que dejara muchos cabos sueltos.
Uno de ellos estaría en la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, que ahora es investigada por la Fiscalía de la entidad; incluso, en febrero se aseguró equipo y archivos que contenían información de las auditorías realizadas a la administración de Duarte, antes de que se deshicieran de ellos.
Los involucrados en las investigaciones aseguran que antes de la entrada de Corral al Gobierno estatal, ocurrió la destrucción de archivos comprometedores y se pagaron deudas a proveedores favorecidos por el anterior régimen.
El movimiento se hizo en los días de la transición. Entre la victoria del panista Javier Corral en las urnas y su toma de posesión como gobernador, César Duarte procuró dejar la mayor cantidad de cabos sueltos y de pruebas en su contra.
Conforme las autoridades actuales se acercan al fincamiento de acusaciones judiciales, César Duarte ha buscado protegerse cada vez más.
A mediados de enero, Duarte Jáquez se amparó contra la reactivación del juicio por peculado y enriquecimiento ilícito que se le inició con la denuncia por los supuestos depósitos que realizó al Banco Unión Progreso.
El 24 de febrero, Duarte se amparó ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que le informara de todos los procedimientos iniciados en su contra. El exgobernador busca evitar, a toda costa, ser tocado por la justicia.
‘Blanqueo’ de auditorías
Uno de los frentes que César Duarte procuró dejar cubierto fue el de las auditorías hechas durante su administración.
Esto, sin embargo, fue descubierto por Jorge Carlos Soto Prieto, diputado del PAN en el Congreso de Chihuahua, preside la Comisión de Fiscalización.
Durante meses, él y su equipo trabajaron en la investigación de cómo la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) encubrió al gobernador y a varios funcionarios para que no se notaran los quebrantos hechos desde el poder.
En diciembre pasado, Soto Prieto presentó una denuncia administrativa ante el Congreso estatal contra Jesús Esparza Flores, entonces titular de la ASE. Días después, presentó también una denuncia penal.
En esta denuncia penal se acusa que Esparza Flores habría ayudado a “blanquear” las auditorías, ocultando u omitiendo información que pudiera servir para acusar a varios funcionarios del mal manejo de los recursos públicos.
La investigación de Soto Prieto se basó en testimonios y documentos hechos por empleados técnicos de la Auditoría, que revelaron el modus operandi que tenía la ASE a la hora de realizar la Cuenta Pública Estatal.
“Nosotros tenemos testimonios de agentes certificados, de auditores de campo, que estuvieron en diferentes entes públicos, son los que hacían la chamba. En sus observaciones originales –ellos guardaron los respaldos de los trabajos originales- y al contrastarlos con los informes que el auditor mandaba al Congreso, algunos estaban manipulados. Una observación grave, el auditor la convertía en no grave y otras de plano las borró, totalmente las quitó.
“Esto está demostrado no solamente con los testimonios, sino con las observaciones iniciales que se mandaban a los entes, digamos a municipios, y ellos respondían la propia observación y sin ninguna atribución, la observación que no era conveniente para el gobierno, la borraban (…) Fue algo generalizado, en organismos descentralizados, en todas las dependencias del Estado, unas más que otras pero generalizado, y en muchos municipios”, afirmó Soto Prieto en entrevista.
Más denuncias penales
Jesús Esparza Flores, extitular de la ASE fue denunciado administrativamente por haber ayudado a ‘blanquear’ las auditorías, ocultando u omitiendo información que pudiera servir para acusar a varios funcionarios del mal manejo de los recursos públicos
A estas acusaciones, se sumaron otras dos denuncias penales: una por el manejo irregular de recursos de la ASE –el auditor y otros funcionarios presuntamente regresaron sus autos a las concesionarias y luego fueron readquiridos con recursos de la Auditoría-; y otra, por el pago a aviadores, personas cercanas al auditor que cobraban sueldos de hasta 50 mil pesos mensuales sin jamás presentarse a trabajar en la ASE.
La presunta modificación de estos informes para ocultar el desvío de recursos o la falta del dinero público ocurrió al menos durante los últimos cinco años, todos en la administración de César Duarte.
Por ejemplo, uno de los casos que Soto Prieto asentó en su denuncia penal fue el que detectó en Ciudad Juárez, donde en el 2015 los auditores de campo detectaron que se habían construido 13 obras menos de las planeadas en el Plan de Movilidad Urbana de esa ciudad; sin embargo, se había gastado todo el recurso establecido, de más de 2 mil 200 millones de pesos.
Esa irregularidad fue notificada por los auditores técnicos a la ASE, pero jamás apareció en el informe final que Esparza Flores presentó al Congreso estatal.
También se descubrieron pagos indebidos a empresas que no se contemplaron en contratos iniciales de ciertas obras; y pagos indebidos a personas que no laboraban en la estructura gubernamental, y cuyos cheques se endosaban a nombre de políticos del PRI.
Días después de que fue presentada la denuncia penal contra Esparza Flores, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua decidió asegurar el inmueble de la Auditoría Superior del Estado para evitar que fuera sustraída información importante para la investigación.
El gobernador Javier Corral negó que se tratara de una invasión al Poder Legislativo –pues la ASE es el órgano fiscalizador del Congreso-, sino que más bien se trató del seguimiento a la denuncia presentada por el legislador del blanquiazul y se atendió con urgencia porque ya se tenía información de que se pretendía borrar datos valiosos.
“La actuación tuvo por objeto exclusivamente proteger la información y para ello existió una orden judicial (…) efectivamente, la actuación se dio porque recibimos elementos que confirmaban que se pretendía borrar”, dijo Corral cuando ocurrió el aseguramiento de la ASE.
Para Jorge Carlos Soto, la Auditoría Superior fue apenas uno de los entes utilizados por el gobierno anterior para intentar tejer el manto de impunidad; pero no fue el único.
“La red de impunidad (…) es parte de todo el entramado. (…) prácticamente dio un golpe de estado y puso a magistrados y a jueces a modo.
“Y la Auditoría, por supuesto, que era una pieza fundamental para la revisión del uso de los dineros, pues también. Prácticamente, aquí el orden republicano no existió durante seis años”, acusó el legislador.
Jesús Esparza renunció a la ASE y acusó a Soto Prieto de actuar bajo una lógica personal en su contra.
El Congreso estatal nombró como encargado de despacho de la ASE a Armando Valenzuela Beltrán, quien estará en ese puesto hasta que se defina la elección del nuevo auditor, lo que se prevé ocurrirá en abril.
El fantasma de Duarte
El del Gobierno estatal y el del PAN no es el único frente abierto contra el exgobernador y otros funcionarios de la administración pasada.
En febrero, también la sociedad civil reactivó los procesos que habían iniciado contra César Duarte Jáquez desde el 2014.
Jaime García Chávez, fundador y dirigente de la organización Unión Ciudadana, promovió un amparo por la inacción de la Procuraduría General de la República (PGR) por la denuncia que presentó contra el gobernador por su presunta inversión en el Banco Unión Progreso.
Para el activista, César Duarte sigue estando presente en Chihuahua. Aunque dejó el Gobierno estatal, su presencia todavía mueve algunos hilos de la política estatal que impiden que la justicia lo alcance con facilidad.
“Podemos decir que Duarte se fue, pero todavía está aquí. Moviendo, construyendo una crisis permanente, un malestar permanente, y no terminamos con la pesadilla en la vía que nosotros hemos querido que esta pesadilla concluya, que es con cierto apego a la legalidad y que las instituciones funcionen como debe ser, y que César Duarte ya estuviera sujeto a un proceso judicial, seguramente en cautiverio junto con sus socios.
“Hay una situación de que el fantasma de César Duarte sigue rondando en Chihuahua”, sentenció García Chávez, en entrevista.
El dirigente de Unión Ciudadana sostiene que el exgobernador preparó el terreno para la impunidad durante los meses de la transición, entre el triunfo electoral de Javier Corral, el 5 de junio del 2016, y su toma de protesta como gobernador, el 4 de octubre del 2016, tiempo más que suficiente para preparar su salida.
“Hubo una cierta impericia para conducir la transición y ahora estamos viviendo las consecuencias (…) Se le permitió a Duarte, por la formalidad de que él seguía siendo el gobernador, con el apoyo de Peña Nieto y del secretario de Hacienda, se le permitió seguir manejando las finanzas públicas para pagar prioritariamente aquellos créditos que eran producto de operaciones en las que Duarte había privilegiado a personas afines.
“No hubo la contundencia de una transición en la que, por decirlo de alguna manera, hubieran tenido la habilidad de sellar las cosas y que no se siguieran cometiendo abusos. Yo creo que eso tiene una lectura básicamente política, pero que vino a dañar en otros órdenes a la sociedad chihuahuense”, expuso García Chávez.
Durante ese tiempo se destruyeron archivos, tanto en papel como digitales, que ahora han complicado que la administración de Javier Corral pueda armar los expedientes contra el exgobernador; además de que se permitió la adquisición de más deuda (6 mil millones de pesos) que se gastó en esos cuatro meses y se utilizó para pagar a proveedores.
“Ellos hicieron su labor para hacer más difícil el trabajo de la justicia. No es imposible reponer los archivos; eso ha tardado, eso sería en descargo de Corral, no sucedió con la celeridad que la sociedad chihuahuense quisiera”, lamentó.
El activista, que acompañó a Corral en su candidatura, ahora le ha reclamado la pasividad con que ha actuado.
Y no solo por las trabas que ha tenido el Gobierno estatal para armar los expedientes, sino porque ha faltado el respaldo gubernamental para pedir a las autoridades federales que actúen sobre la denuncia presentada en 2014, por el caso del Banco Unión Progreso.
En septiembre del 2014, presentó una denuncia contra el mandatario por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y los que resulten.
Esto, debido a que según información en su poder, el mandatario habría adquirido el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, organización creada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
García Chávez denunció que Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, crearon el Fideicomiso 744743, de Administración e Inversión, con una aportación de 65 millones de pesos.
En su denuncia, el activista explicó que la intención de la inversión fue comprar acciones del Banco Progreso de Chihuahua y que los inversionistas señalaron, bajo protesta de decir verdad, que los recursos fueron de procedencia lícita y actividades propias.
La protesta de decir verdad era la única petición que se tenía para los inversionistas, ya que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en octubre del 2012, pero entró en vigor hasta julio del 2013.
El origen de los recursos, sostuvo García Chávez, no se encontraba plenamente esclarecido, pues pareciera que el gobernador no tenía la capacidad económica suficiente para realizar una inversión de ese tamaño.
Más de dos años después, la denuncia parece dormir el sueño de los justos en la PGR, por lo que en días pasados García Chávez presentó un amparo por la inacción de la Procuraduría.
El distanciamiento del activista y el ahora gobernador ha ocurrido por la falta de apoyo de éste para reclamar a las autoridades federales que den cauce a la denuncia, que es la más avanzada que se tiene contra César Duarte.
“Unión Ciudadana deplora que el poder público de Chihuahua prácticamente haya abandonado este expediente. A la hora de la fundación del brazo cívico el 28 de noviembre de 2014, el actual gobernador dijo que la denuncia contra el duartismo era ‘robusta’ y que además estaba apoyada en un ‘arsenal de pruebas’, lo que es indiscutiblemente cierto.
“Y nos extraña, por eso subrayamos que hasta este momento no haya hecho un pronunciamiento puntual de exigencia a la PGR para que se proceda, porque así corresponde al bien público. Vemos el abandono de un compromiso público que los ciudadanos no olvidan”, escribió en su página web el activista.
García Chávez señaló que, aunque es cierto que el gobernador Javier Corral ha tenido dificultades para armar el procedimiento contra César Duarte, la actual Administración estatal “solo se queja del pasado, pero no propone; y queremos ver a alguien que proponga qué sigue”.
Tal parece que el fantasma de César Duarte no solo está operando para quedar en la impunidad, sino para desunir a los distintos grupos sociales que buscan llevarlo ante la justicia.
