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“(A Duarte) también se le debe requerir por los delitos de homicidio y desaparición, en donde es responsable por omisión, al permitir que la delincuencia organizada tomara el control del estado”
El exgobernador César Duarte y su red de funcionarios cómplices desviaron 6 mil millones de pesos, dijo ayer el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ante medios de comunicación.
La administración actual tiene 50 expedientes y carpetas de investigación supuestamente “sólidos” para acreditar los desvíos de la administración del exmandatario que, a dichos de Corral, está escondido en Texas luego de una persecución del Gobierno local para dar con él.
El gobernador dijo que hay tres exfuncionarios detenidos, parte de esta supuesta red, pero “vamos a continuar con otros objetivos, porque es una red muy amplia a la que vamos a detener”.
Hizo el llamado para capturar a Duarte y que sea repatriado a México para que rinda cuentas por los presuntos desfalcos.
“Lo que puedo asegurar es que la Fiscalía va a actuar con absoluto rigor, que tenemos un caudal probatorio de los delitos cometidos por el exgobernador y sus cómplices”, afirmó el mandatario chihuahuense.
Dijo que en varias ocasiones se estuvo a punto de detener al exgobernador César Duarte, por lo que éste decidió cruzar la frontera y está alojado en El Paso, Texas.
La punta del iceberg
Sólo era cuestión de tiempo. Los señalamientos que ya pesaban desde hacía dos años sobre el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hacían inviable que se pudiera mantener fuera del alcance de la justicia.
El delito de peculado por el que hoy lo requiere un juez podría ser sólo la punta del iceberg de la estela de ilícitos que se le pueden imputar al exmandatario priista.
En la indagatoria que inició la Procuraduría General de la República, registrada como AP/PGR/UEAF/001/2014-09, se le acusa de haber desviado más de 65 millones de pesos a través de una cuenta bancaria a nombre de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Dichos recursos fueron sustraídos del erario y se aplicaron para la constitución del Banco Progreso de Chihuahua, una fusión entre la Sociedad Financiera Popular Akala, la Unión de Crédito Progreso y la Casa de Cambio Única, con un capital social de más de 694 millones de pesos, en donde el propio exgobernador se acreditó la propiedad del 10 por ciento de las acciones.
César Duarte Jáquez también incurrió en desvío de recursos al destinar a más de 250 policías como escoltas personales de sus familiares y a funcionaros de su círculo de amigos, a los que les proporcionó recursos para la compra de al menos 90 camionetas blindadas que no fueron declarados en el inventario estatal.
Dentro del sector educativo, el exgobernador también actuó con dolo, al distribuir al menos mil 300 plazas laborales a favor de sus amigos sin ser concursadas, en los sistemas educativo del Conalep, Institutos Tecnológicos y Colegios de Bachilleres, en donde también aportó recursos de manera discrecional para miembros sindicales.
Bajo proceso
Funcionarios de la administración estatal de César Duarte detenidos por diversos delitos:
Ricardo Yáñez Herrera
Exdirector del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura.
> Se le atribuyen malos manejos en la administración de los predios propiedad del Gobierno estatal.
Javier Garfio Pacheco
Exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas
> Acusado de ejecutar presupuestos en obras inexistentes o que no fueron concluidas al cien por ciento, y licitaciones fraudulentas en beneficio de sus amigos.
Gerardo Villegas
Exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda
> Imputado de desvío de recursos al destinar un fondo de más de un millón de pesos mensuales para gastos personales de miembros de la familia de César Duarte.
Contratos para los amigos
Otro renglón en donde la administración del actual gobernador Javier Corral Jurado ha encontrado irregularidades a Duarte, que se pueden constituir en motivo de otros procesos penales, es en la entrega de contratos a proveedores de bienes y servicios.
Más de la mitad de los mil 767 suministradores que abastecieron al Estado lograron los contratos sin licitación.
Con precios inflados hasta en un 300 por ciento en diversas compras, el gobierno de Duarte generó un desfalco promedio mensual a la administración de Chihuahua de más de 700 millones de pesos.
Otro desfalco, que ya ha causado efectos legales, es el generado a través del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), el que autorizó la venta de una reserva territorial, propiedad del estado, por la cantidad de 3 mil millones de pesos, cuando el predio tiene un valor catastral de poco más de 11 mil millones de pesos, y su valor comercial se podría tasar en más de 15 mil millones de pesos.
A causa de esa fraudulenta venta, ya fue detenido y sometido a proceso penal Ricardo Yáñez Herrera, exdirector del Coesvi, al que se le atribuyen malos manejos en la administración de los predios propiedad del Gobierno estatal.
Otro detenido es Javier Garfio Pacheco, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, acusado de ejecutar presupuestos en obras inexistentes o que no fueron concluidas al cien por ciento, además de promover licitaciones fraudulentas de obras para beneficiar a sus amigos.
También ya fue detenido Gerardo Villegas, exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, imputado de desvío de recursos al destinar un fondo de más de un millón de pesos mensuales para miembros de la familia de César Duarte.
La omisión
Organizaciones como Alianza Sierra Madre A.C. señalan la responsabilidad de César Duarte, tras reconocerse que, durante su periodo de gobierno, en todo el estado se detectaron al menos 59 fosas clandestinas.
De ellas fueron exhumados los restos de por lo menos 126 personas desaparecidas en ese mandato.
En muchos de esos casos, dijo la activista Sara Ramírez, del Colectivo Nuestros Desaparecidos, las personas enterradas clandestinamente fueron secuestradas por elementos de la policía estatal.
La organización Amnistía Internacional (AI) registra en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc la desaparición de al menos 351 personas.
En 37 casos, las investigaciones de los colectivos de búsqueda de desaparecidos apuntan a la participación de elementos de la policía estatal.
“(A Duarte) también se le debe requerir por los delitos de homicidio y desaparición, en donde es responsable por omisión, al permitir que la delincuencia organizada tomara el control del estado”, considera Sara Ramírez.
