Por considerar que es “irracional” el periodo de cuatro meses para revisar miles de legajos y cientos de horas de grabaciones que lo incriminan, la defensa del exjefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, solicitó al juez de la causa que difiera la fecha del juicio programada para el próximo 16 de abril.
La moción presentada por la defensa de “El Chapo”, a cargo del abogado Eduardo Balarezo, solicitó que el proceso se prorrogue “hasta agosto o septiembre del 2018”, pues las actuales condiciones de confinamiento no han permitido preparar la debida defensa del acusado.
De acuerdo a la petición presentada ante la corte, de la que Reporte Indigo tiene copia, la prórroga se finca en que el acusado tiene que revisar “más de 290 mil páginas de documentos y cientos de miles de conversaciones grabadas”, lo que sería imposible desahogar en el plazo de aquí al 16 de abril.
‘El Chapo’ también solicitó al juez conocer quiénes son los testigos que utilizará el Estado para sostener las acusaciones en su contra, y aún espera respuesta
Esta es la segunda petición que Guzmán Loera presenta ante el juez Brian M. Cogan en menos de un mes. La anterior fue hecha el pasado 7 de diciembre en donde pidió, sin tener respuesta a la fecha, conocer quiénes serían los testigos que utilizaría el Estado para sostener sus acusaciones.
Según la causa penal 09-0466 (BMC) radicada en el estado de Nueva York, “El Chapo” es acusado por el Gobierno de Estados Unidos de 17 cargos criminales, entre ellos conspiración para cometer trasiego de cocaína y heroína en suelo norteamericano.
En cualquiera de esos cargos podría enfrentar la pena de cadena perpetua, según lo dijo en su momento Robert L. Capers, uno de los fiscales en el proceso iniciado en contra del mexicano.
La pena de muerte no está entre las posibilidades de sentencia que podría enfrentar, pues en Nueva York dicha sanción se encuentra suspendida desde el 2004, aunque había sido restaurada en 1995 por el entonces gobernador George Pataki.
Mientras se alista para enfrentar su juicio en Nueva York, al menos otras tres cortes federales lo reclaman para ser juzgado en los estados de Illinois, Texas y California; en Illinois se encuentra abolida la pena de muerte desde el 2011, pero en Texas y California se mantiene vigente.
Condiciones difíciles
Según consta en la petición presentada al juez Brian M. Cogan, las condiciones actuales bajo las que han estado trabajando Joaquín Guzmán Loera y sus abogados son difíciles por las medidas de seguridad impuestas por el centro penitenciario y por la misma Corte.
“El gobierno y el centro penitenciario han establecido una sala específica de visitas legales para ser usadas por el señor Guzmán. Esa habitación es de aproximadamente cinco pies de ancho por diez pies de largo, la que está dividida por una pared de cemento y una ventana de malla de plexiglás”, detalla la petición para argumentar que es casi imposible que el acusado y sus defensores puedan trabajar en la revisión de las pruebas.
“En el lado de la habitación que corresponde al abogado hay bloques de cemento que miden aproximadamente cuatro pies cuadrados, los que contienen un cajón de metal que se desliza hacia el lado interno de la sala de visitas. El cajón tiene por objeto facilitar el paso de los documentos de ida y vuelta al señor Guzmán y se instaló porque la Corte rechazó visitas de contacto con él”.
También instalaron una pantalla de computadora para permitir a la defensa y al acusado ver simultáneamente las pruebas en revisión.
“El monitor es de aproximadamente 15 pulgadas de ancho y de baja resolución, por lo que es casi imposible que el señor Guzmán pueda ver todo lo que se muestra en él desde el lado de visitas (…) y tiene que insertar y retirar cualquier cantidad de veces una serie de discos compactos para encontrar un documento en particular”.
De acuerdo a lo señalado por el abogado Eduardo Balarezo, la “sala de visitas legales” no tiene espacio para una mesa en donde la defensa pueda extender sus papeles o escribir.
“El monitor es de aproximadamente 15 pulgadas de ancho y de baja resolución, por lo que es casi imposible que el señor Guzmán pueda ver todo lo que se muestra en él desde el lado de visitas”
En vilo, la lista de testigos
También se encuentra pendiente la respuesta sobre la solicitud de Joaquín Guzmán Loera para conocer quiénes serán los testigos que utilizará el Estado durante la celebración del juicio.
Solo hay especulaciones y filtraciones sobre los posibles hombres que testificarían en contra del exjefe del Cártel de Sinaloa; se mencionan a importantes miembros de los cárteles colombianos, que en su momento fueron socios de “El Chapo”.
Entre ellos se menciona a los colombianos Juan Carlos Ramírez Abadía “Chupeta”, Luis Caicedo Velandia, Julio Lozano Pirateque y Daniel “El Loco” Barrera, quienes le suministraron a Guzmán Loera mucha de la cocaína que este introdujo a Estados Unidos, como asegura el gobierno de ese país.
De acuerdo con fuentes cercanas a la familia Guzmán Loera, entre los mexicanos que pudieran testificar está Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, preso en Estados Unidos con una sentencia de cadena perpetua, que podría verse reducida considerablemente tras su colaboración.
El otro testigo podría ser Édgar Veytia Camberos, exfiscal del estado de Nayarit, también preso en Estados Unidos y a quien se le ha pospuesto por segunda ocasión la fecha de presentación ante la corte; su abogado defensor también lleva la defensa de Alfredo Beltrán Leyva.
Los abogados argumentan que las actuales condiciones de confinamiento del acusado no permiten preparar su debida defensa