El juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera inicia este lunes en una corte federal de Nueva York enfrentado dos visiones distintas de un hombre que es considerado por la fiscalía como uno de los criminales más peligrosos en la historia moderna.
Guzmán, de 61 años de edad, es en cambio presentado por su defensa como un hombre cuya peligrosidad ha sido acrecentada por los medios, que no dirigió a una organización criminal y cuya acusación está basada en testimonios de sujetos con incentivos para complacer a la fiscalía.
Con 11 cargos en su contra, ajustados luego de los 17 cargos que enfrentará tras su extradición de México en enero de 2017, Guzmán se ha declarado inocente. En su última captura en México afirmó que él solo es un agricultor.
La defensa de Guzmán, compuesta por los abogados que representaron al jefe de la familia criminal Gambino, John Gotti Jr, y al narcotraficante convicto Alfredo Beltrán Leyva, no han expresado una total inocencia de su cliente, pero sí han intentado minimizar la evidencia en su contra.
La acusación sostiene que Guzmán importó y distribuyó en Estados Unidos miles de toneladas de cocaína y otras drogas, y para apoyar el cargo de que dirigió la organización criminal del Cártel de Sinaloa asienta que ordenó la ejecución de “miles” de sus rivales.
De manera concreta, la fiscalía ha atribuido 33 asesinatos a Guzmán, a fin de respaldar el cargo más importante que enfrenta el acusado, que se refiere a operar una “empresa criminal continua”. La pena por ese cargo es de prisión obligatoria de por vida.
Los abogados Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman, apoyados por William Purpura, han sostenido con base en evidencia presentada por la propia fiscalía que Guzmán no era el líder del Cártel de Sinaloa, por lo que nunca tuvo el poder para ordenar ejecuciones.
En una carta enviada en junio pasado al juez del caso, Brian Cogan, Balarezo argumentó que información de la propia fiscalía mitigaría el papel de Guzmán en las presuntas conspiraciones, contradice los alegatos de la llamada “Federación” (de cárteles) o “exonera plenamente a Guzmán”.
Así, la estrategia de la defensa podría ser similar a la que utilizara Lichtman para evitar que fuera sentenciado a prisión Gotti Jr, quien de acuerdo con fiscales heredó el emporio de negocios ilegales de su padre.
En la década del año 2000, Lichtman logró que Gotti Jr fuera absuelto de un cargo de extorsión en tanto que cuatro juicios por enriquecimiento ilícito fueron declarados inválidos luego de que el jurado no lograra coincidir en el veredicto. El gobierno desistió en 2005 de procesar de nuevo a Gotti Jr.
La defensa podría buscar no tanto que Guzmán fuera declarado inocente, sino solo que la evidencia no fuera lo suficientemente contundente como para convencer de manera unánime a todos los miembros del jurado de su culpabilidad.
En ese sentido, la defensa intentó sin éxito que la acusación no vinculara a Guzmán con asesinatos. Finalmente, ninguno de los cargos que enfrenta Guzmán en la corte del distrito este de Nueva York se relaciona a crímenes de violencia; se refieren a tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas.
La defensa logró que el juez Cogan ordenara a la fiscalía reducir el número de asesinatos que imputa a Guzmán a fin de agilizar el juicio. La fiscalía trataría así de ofrecer evidencia sobre solo una docena de asesinatos.
Asimismo, en su aparición inicial como su abogado en septiembre pasado, Lichtman declaró a la prensa que Guzmán en este punto “se ha convertido en un figura mítica”, pero que en libros escritos incluso por exagentes adscritos a su caso ellos reconocen no saber con certeza “qué es real y qué no”.
Manifestó que todos los testigos que cooperan en el caso “tienen un incentivo para mentir pues todos obtienen algo de esto. No lo hacen por la bondad de su corazón, ni porque quieren liberar al mundo de drogas ilegales. Lo hacen porque quieren algo: dinero o libertad”.
La defensa ha logrado además insertar en la opinión pública la noción de que Guzmán se enfrenta a una maquinaria judicial que no ha sido imparcial. Los abogados han señalado que el acusado se encuentra detenido en “una de las peores y más restrictivas condiciones” en Estados Unidos.
Indicar que tales condiciones han provocado “un marcado deterioro en su estado mental”. También se han quejado de que el número de documentos es demasiado elevado para que ellos lo revisen a tiempo por lo que su defensa adecuada sería “imposible”.
La estrategia vislumbrada hasta al momento apunta a caracterizar a Guzmán como una especie de chivo expiatorio que enfrenta a la poderosa maquinaria del sistema de justicia de Estados Unidos en condiciones muy desiguales.
La selección de los jurados inicia este lunes, en tanto que el juicio propiamente dicho arrancará el martes 13 de noviembre. A la docena de miembros del jurado, seleccionados de entre un millar de residentes de Nueva York, será a quienes tendrán que apelar fiscales y abogados.
La labor de la defensa estará plagada de retos. Al final, defienden a un hombre sobre el que la fiscalía ha acumulado evidencia durante casi tres décadas, apoyada en testimonios de al menos 40 testigos, que describirán las “guerras” que cientos de sicarios emprendieron bajo las órdenes de Guzmán.
