México le bajó el switch a los privados. A través de la Secretaría de Energía (Sener), el gobierno cambió las reglas del juego con el objetivo de tener un mayor control sobre el mercado eléctrico, aunque eso signifique sacrificar proyectos futuros y con ello comprometer importantes inversiones en un momento crítico para la economía nacional.
La mayor preocupación de los participantes es que se les deje fuera y pierdan el lugar que les costó años obtener, ya que el Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional prioriza solo los intereses de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que se abre la puerta a que se regrese a la era de los monopolios en el sector, pues, al no haber más competidores, la compañía encabezada por Manuel Bartlett será la única opción.
Hasta antes de la implementación de la Reforma Energética, en el país reinaba un modelo que legitimaba el monopolio de CFE y que le permitía controlar toda la cadena de valor de la industria, desde la generación hasta la entrega a los usuarios finales.
Esta situación reinó durante casi 80 años, hasta que en 2013 se firmó la llamada madre de todas las reformas junto con las leyes secundarias aprobadas en agosto de 2014, con la que se permitió no solo que nuevos jugadores pudieran operar en el país, también se estableció una nueva organización industrial que le facilitó al sector productivo adquirir electricidad a precios competitivos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Con la llegada de la Cuarta Transformación el discurso fue en contrasentido y comenzaron a moverse las fichas del tablero a favor de las Empresas Productivas del Estado (EPEs): CFE y Pemex con el pretexto de rescatar la soberanía nacional.
Lourdes Melgar, investigadora del Baker Institute for Public Policy, comenta que el acuerdo significa un retroceso en todos los avances que se habían logrado a favor de democratizar al mercado eléctrico.
“Aquí hay una visión del sector energético que se basa en dos grandes monopolios. En el caso del sector eléctrico, con la CFE, volviendo a ser el actor principal y con un esquema en donde no hay competencia y eventualmente tampoco participación privada”, precisa quien también fungió como subsecretaria de Hidrocarburos en la Sener y fue pieza clave en la reforma energética.
El primer corte de cables a los privados fue con la suspensión indefinida de las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia y el segundo fueron las modificaciones a la Regulación de los Certificados de Energía Limpia (CELs).
El tercero fue la publicación del decreto a última hora de la semana pasada con el que el Gobierno federal tendrá más control sobre quién puede o no generar energía.
La justificación de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para la nueva reglamentación estuvo sustentada en que era urgente que los suministros de energía estuvieran garantizados en medio de la actual pandemia, algo que, según la funcionaria, no es viable con los renovables por su operación “intermitente”.
Uno de los puntos más polémicos de la medida es que esta se hizo mediante una aprobación expedita y sin el visto bueno de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que en este tipo de procesos emite la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), de igual forma no fue sometido a consideración por los involucrados ocasionando una ola de críticas
Uno de los puntos que más llamó la atención fue que el mismo día que el acuerdo se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el comisionado nacional de Conamer, César Hernández Ocho, renunció a su cargo.
Fuentes consultadas por Reporte Índigo al interior de la comisión coincidieron en que se trató de un acto de rechazo por la imposición de Nahle, aunque hasta la fecha no se tiene un posicionamiento oficial por parte del organismo o del exfuncionario.
Las consecuencias del golpe a los privados son incuantificables, de entrada, esto tendrá un impacto negativo en 44 proyectos de generación limpia ubicados en 18 estados, cuya inversión asciende a 6 mil 400 millones de dólares, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE).
Viejas prácticas en materia de energía
Analistas del sector coinciden en que el acuerdo no solo deja en desventaja a los competidores en el mercado, también ocasionará que millones de dólares se pierdan en inversiones y, de escalar la tensión con otros países, que haya controversias legales.
Uno de ellos es Santiago Arroyo Seguedo, director general de Ursus Trade and Energy Consulting, quien detalla que la nueva política implica una sobreregulación para la industria eléctrica y el mercado eléctrico mayorista.
Esto porque orilla a las empresas de energías renovables a someterse a diversos análisis para la procedencia de sus proyectos de generación bajo nuevos lineamientos, pero con un handicap debilitado ya que dentro de estos nuevos puntos existe la creencia desde Sener y los reguladores de que las energías renovables son un riesgo para la seguridad energética.
De igual forma, el experto en energía coincide con Lourdes Melgar en cuanto a la cantidad de poder que se le está transfiriendo de nueva cuenta a CFE, estableciendo un mercado discriminatorio.
“A la vista de la Ley Federal de Competencia Económica hay un problema regulatorio, ya que las nuevas reglas favorecen al actor preponderante del mercado que es CFE, con un escueto o nulo respaldo técnico”.
