El Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, cesó de sus funciones al auditor especial de desempeño de la ASF, Agustín Caso Raphael, quien informó que interpondrá los recursos necesarios ante una decisión arbitraria e ilegal.
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A través de una carta que circula en redes sociales, Caso Raphael, indicó que su remoción se hizo sin demostrar en que haya incurrido en alguna de las causales establecidas en la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, en sus artículos 93 y 94.
Dijo que para nadie es un secreto que, de manera cada vez más grave, en la Auditoría Superior de la Federación se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de la fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su función.
Además, de que se ha dejado de procurar y hacer cumplir los principios de separación de poderes, Estado de derecho y con ello, no solo se ha debilitado a la Auditoría, sino a todas las instituciones públicas que dejan de cumplir con su actividad institucional, la cual emana del mandato constitucional a que están obligados.
Muestra de ello, agregó, es que, si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece. “Ya no se diga de la integración del programa anua de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional”.
Dijo que todo esto en contraposición al debido proceso que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación.
“Debemos reflexionar los riesgos de la partidización de la Auditoría Superior de la Federación e impulsar que sus funcionarios deban acreditar una imparcialidad fuera de dudas”, indicó.
Afirmó que llegará el momento en que las intromisiones políticas en las instituciones que requieren ser imparciales se podrán desterrar, lo que llevará a recuperar e incluso incrementar el reconocimiento y autoridad moral que siempre debe mantener la Auditoría Superior de la Federación.
Cabe recordar que Agustín Caso Raphael el año pasado retomó su cargo después de haber sido suspendido e investigado por afirmar que la cancelación del aeropuerto en Texcoco costaría 332 mil millones de pesos.
