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Calderón y Peña Nieto recibieron ayer una advertencia. Previo a exponer cifras alarmantes sobre la tortura, Amnistía Internacional los incluyó en la dedicatoria del informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas”.
“Amnistía Internacional publica el presente documento para ilustrar el hecho evidente de que el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha combatido seriamente la tortura y para poner de relieve los retos a que deberá hacer frente el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto”.
El organismo plantea que México tiene una definición legal de tortura “incompleta”, una legislación “deficiente”, reformas “extremadamente lentas”, arraigos restrictivos, registros de detenciones “poco fiables”, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas “inadecuados”, denuncias contraproducentes y una atención a víctimas insuficiente.
Parte de la cifra ascendente de denuncias de tortura y malos tratos durante el sexenio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió mil 699 denuncias solo en 2011; lo que representa un aumento constante respecto a las mil 161 en 2010, mil 055 en 2009 y 564 en 2008.
Agrega que “no se ha dictado una sola sentencia condenatoria por ese delito en el fuero federal”. Y especifica que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2006 y 2010 hubo un juicio y ninguna sentencia por tortura en el fuero federal.
Violencia sin ley
El reporte aborda también el tema de la seguridad nacional.
“Al menos 60 mil personas han sido víctimas de homicidio y más de 160 mil se han visto desplazadas internamente”, menciona el organismo, adjudicándolas sobre todo a la violencia provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a “operaciones de las fuerzas de seguridad”.
“El despliegue de 50 mil efectivos del ejército y la marina para desempeñar funciones policiales ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares”, argumentó AI.
Destaca además, que “ni un solo policía ha sido condenado por torturar a inmigrantes, pese a que la CNDH reportó el secuestro de 11 mil centroamericanos en 2010”.
Por otro lado, Amnistía Internacional expone que la definición de tortura de la legislación mexicana no se ajusta a la de la ONU porque no coincide con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.
Menciona que no existen mecanismos correctos de supervisión y rendición de cuentas para policías, militares, peritos, forenses o jueces, así como de abogados y representantes de derechos humanos.
Incluso el documento aborda la polémica Ley de Víctimas.
“Felipe Calderón impidió la entrada en vigor de una nueva ley de víctimas que acababa de ser aprobada por unanimidad en el Congreso. Esta ley reforzaba el acceso de las víctimas a un recurso con que conseguir verdad, justicia y reparación”, menciona AI.
Por su parte, cuando Peña Nieto aún era candidato, se comprometió ante el organismo a “adoptar políticas públicas que garanticen una atención integral a víctimas”. Las palabras del priista llegarán hasta la ONU, cuando AI presente el citado informe al Comité Contra la Tortura, que en noviembre de 2012 evaluará a México. Un examen que posiblemente repruebe.
