Centros de Justicia para las Mujeres, insuficientes y con deficiencias

En México, más del 70 por ciento de las mujeres que habitan en el país han declarado haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Aunque el Estado mexicano ha desarrollado mecanismos para prevenir y combatir este tipo de agresiones, como la instalación de los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum), los datos indican que la meta de garantizar una vida libre de violencia a ese sector de la población aún es distante.

Cifras reportadas por instancias federales y civiles revelan que la política de los Cejum, implementada en el territorio nacional a partir de 2011, ha atendido a miles de mexicanas y contribuido a que accedan a entornos seguros. Sin embargo, a más de una década de que se abrieron los primeros centros en Chihuahua, Campeche y Chiapas, la estrategia presenta deficiencias.

Un ejemplo de esto es que fue hasta el 8 de mayo de 2023, a partir de una de las recientes reformas realizadas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que se precisó la definición de estas instancias en la disposición legal, detalla el estudio “Centros de Justicia para las Mujeres, Informe nacional 2018-2021”, presentado el 7 de febrero de 2024 por la organización EQUIS.

“Son espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento”, precisa el apartado XVII del artículo 5 de la LGAMVLV.

El informe destaca que de la reforma también se derivó que se enlisten las atribuciones de los Cejum, así como los servicios mínimos que brindan y las instituciones encargadas de ello; se enumeren los requisitos para ocupar su dirección y las atribuciones de este encargo; se establezca la obligación de profesionalizar a todo el personal en atención a víctimas de violencia, así como de evaluarlo periódicamente; y se incorporen los enfoques intercultural, interseccional y diferenciado al modelo de atención.

De los aportes que dejó la modificación legal resalta que, a partir de 2023, se distingue a la Secretaría de Gobernación como el organismo encargado de impulsar la creación de los Centros de Justicia y su equipamiento, así como certificarlos; y es a las entidades federativas a las que les corresponde crearlos y operarlos.

Poco personal, mucha demanda

Nancy Carmona Arellano, coordinadora del Área de Políticas Públicas en EQUIS, dice a Reporte Índigo que en los últimos años se han observado avances en la ejecución de los Cejum como parte de la política pública del Gobierno federal para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres; no obstante, tras el análisis realizado por la organización y los testimonios recabados, se distinguen cuatro categorías en las que las autoridades pueden fortalecer a los centros con el fin de que presten mejores servicios.

“Por un lado, tiene que ver con la insuficiencia de personal. Hay una demanda de servicios mucho más grande que no puede ser cubierta con el personal que se tiene y esto es porque tienen poco personal o porque solo hay un Centro de Justicia en algunas entidades federativas, entonces todas las usuarias llegan ahí y les sobrepasan. También tiene que ver con la propia rotación del personal, específicamente el que está comisionado por otras instituciones”, menciona.

La investigadora detalla que los Cejum puede contratar trabajadores por su cuenta o a través de las fiscalías estatales, pero también hay personal que ahí labora que es comisionado por parte de diversas instituciones, entre ellas, la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de las Mujeres; sin embargo, la gente no siempre llega o las dependencias no la envían aunque existan los convenios de colaboración.

Los resultados de la investigación “Centros de Justicia para las Mujeres 2023”, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que, al 31 de diciembre de 2022, de los 65 Cejum analizados, se registró que el 58.5 por ciento del personal estaba adscrito a los Cejum; 27.8 por ciento fue asignado o comisionado; y 13.6 por ciento se encontraba en su servicio social y/o en prácticas profesionales.

Detalla que el 80.5 por ciento del personal en 2022 estaba compuesto por mujeres y 19.5 por ciento por hombres; y el nivel de escolaridad promedio fue licenciatura, con el 70.4 por ciento, seguido del “no especificado”, con 12.4 por ciento: preparatoria o bachillerato, con 8.2 por ciento; maestría, con 6.5 por ciento; y estudios técnicos o comerciales, con 2.3 por ciento.

Según el INEGI, el área de atención que cuenta con más personal de los Cejum a su servicio son las fiscalías o agencias del Ministerio Público, con el 22.3 por ciento; después se encuentra el área de Atención Jurídica, con 12.2 por ciento; personal administrativo o de apoyo, con 11.1 por ciento; y atención psicológica, con 10.6 por ciento, principalmente.

El informe de EQUIS precisa que la asignación de recursos financieros, humanos y materiales es una condición indispensable para que los estados, a través de los Centros de Justicia, garanticen de manera progresiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Además de la disponibilidad de presupuesto, incluso en periodos de austeridad, debe procurarse que se gaste de modo que tenga las mejores repercusiones, “como han señalado los órganos de vigilancia de derechos humanos”.

De acuerdo con dicha asociación, actualmente existen 67 Cejum en México, uno de ellos, el de Tabasco, entraría en operación en 2024.

Falta de recursos

De las cuatro categorías identificadas por EQUIS en el reporte “Centros de Justicia para las Mujeres, Informe nacional 2018-2021”, destaca la insuficiencia presupuestaria con la que funcionan los Centros de Justicia (Cejum) en el país.

Al respecto, Nancy Carmona menciona que en el análisis se halló que el dinero es escaso para la mejora de las instalaciones de los centros, pero también para comprar materiales o mobiliario para que el personal pueda hacer su trabajo, incluida gasolina para el transporte o papelería, así como insumos que requieren las usuarias que llegan al Centro de Justicia como pueden ser toallas sanitarias o fórmula láctea para los hijos de las usuarias.

“Derivado de la información encontrada se recomienda garantizar, como parte del presupuesto de las entidades federativas, la asignación de recursos financieros para las Cejum, observando el principio de progresividad. Conviene también implementar estrategias de transparencia proactiva por parte de las instituciones de adscripción.

“Que permitan conocer el presupuesto asignado anualmente y su ejercicio, con independencia de su naturaleza jurídica. Además, se recomienda transversalizar la perspectiva de género en el presupuesto, con el propósito de incorporar las necesidades materiales de las mujeres víctimas de violencia”, señala el estudio.

El documento detalla que los Cejum pueden obtener recursos de origen federal de tres fuentes principales: de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim); del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); y del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, también implementado por el Conavim.

“La ley dice que son una suma de esfuerzos para que los Centros de Justicia tengan dinero, recursos materiales o recursos humanos, y esto puede ser que la Conavim saca anualmente una convocatoria para recibir presupuesto o para crear Centros de Justicia.

“Pero también la ley dice que los estados tienen que darle dinero a los centros y este debe ser etiquetado en el Presupuesto de Egresos de manera específica, porque lo que ocurría antes es que, dependiendo de la figura jurídica que tengan los Cejum, el dinero pasaba a través de las fiscalías o las secretarías de Gobierno, pero no a los Cejum, o a veces les daba más o menos, de acuerdo con la importancia que le daba el fiscal en turno”, declara Carmona Arellano.

Sin atención diferenciada ni promoción

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), del INEGI, distingue que, en México, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida. Sin embargo, solo el cinco por ciento ha acudido a algún Centro de Justicia para las Mujeres para recibir atención.

Lo anterior, de acuerdo con lo dado a conocer por la organización EQUIS respecto a la atención brindada por los Centros de Justicia de 2018 a 2021.

“Otro pendiente es que los Cejum no han logrado dar este paso para brindar atención diferenciada de acuerdo con las características de las mujeres y esto es un mandato que tienen por ley, y tiene que ver, por un lado, con que no en todos los lugares hay disponibilidad de traductores de lenguas indígenas, y por otro lado, con lo que llamamos ajustes razonables es que exista infraestructura adecuada para el uso de rampas para sillas de ruedas o señalética y formularios en braille, o que haya intérpretes de Lengua de Señas Mexicana”, refiere la coordinadora del Área de Políticas Públicas en EQUIS, Nancy Carmona.

A esto se suma que no se tienen registros desagregados de las características de las mujeres atendidas, como sus edades, nacionalidad, orientación sexual, si consumen o no sustancias psicoactivas, lo que repercute en que se ofrezcan servicios adecuados y especializados.

“Incluso aunque llegan pocas usuarias a los Centros de Justicia, la demanda está incrementando con los años. Y uno de los indicadores que nos llama la atención es que, si bien la mayoría de las usuarias a las que se entrevista para preguntarles cómo calificarían la atención, todavía dicen que fue adecuada y que fueron tratadas con respeto, esta percepción oscila entre el 80 por ciento, es decir, disminuyó 6 puntos porcentuales respecto a 2016.

“Aunque pareciera que la cifra no cae demasiado, sí estamos viendo que entre las usuarias la percepción de ser bien tratadas y con respeto comienza a disminuir y podríamos atribuirlo a factores como, si llegas buscando un servicio y no está disponible o no hay personal médico para atenderte, así como los largos tiempos de espera”, subraya.

 El análisis “Centros de Justicia para las Mujeres 2023”, presentado por el INEGI en las primeras semanas de febrero de 2024, informa que, de los 65 Cejum que analizó, se atendió en 2022 a un total de 523 mil 172 mujeres; en 2022, a 441 mil 748; en 2020 a 353 mil 527; y en 2019 a 370 mil 369.