Centro de Monterrey vive proceso de gentrificación durante una década

En 2014, la renta de un departamento de 70 metros cuadrados, dos habitaciones y dos baños en el centro de Monterrey, capital de Nuevo León, costaba, aproximadamente, 7 mil pesos al mes. Diez años después, el precio oscila alrededor de los 22 mil pesos.

Lo mismo ocurre con la venta, mientras que en 2015 un departamento de 72 metros cuadrados costaba 1 millón 200 mil pesos; en marzo de este año, un inmueble similar cuesta 3 millones 300 mil pesos y uno de 26 metros cuadrados ronda los dos millones de pesos, de acuerdo con información del sitio Inmuebles24.

A partir del 2013, la ciudad vivió un proceso de gentrificación que disparó sus precios, haciendo cada vez más difícil vivir en la zona, afirma Selene Velázquez, arquitecta y directora de Restaurika.

Tan solo en la última década se construyeron más de 8 mil departamentos en el centro de Monterrey, a la vez que los costos se triplicaron.

Uno de los factores principales, fue la implementación del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), un programa que permitió liberar alturas y densidades a desarrollos inmobiliarios que se encontraran cerca del transporte público, para reducir el uso del automóvil.

“Claro que se vivió un proceso de gentrificación […] Al final del día estos departamentos son como unos grandes dormitorios, son hoteles disfrazados de departamentos, disfrazados de desarrollos para redensificar”, asegura Velázquez.

Para la especialista los departamentos construidos no suman para tener una calidad de vida y se ven más como espacios de inversión.

“Son departamentos muy pequeños para estancias cortas, no para hacer vida ahí, lo interesante sería hablar correctamente y decir para qué son estos desarrollos, ¿se están haciendo estos desarrollos para hacer comunidad? […] ¿para que la gente habite en ellos?, ¿o para que la gente sólo vaya a dormir ahí en festivales tipo Pa’l Norte? Se genera un falso discurso de decir que se está desarrollando la ciudad, pero por otro lado la periferia se sigue expandiendo”, dice la también vecina del centro.

No es la primera ocasión que se expulsa a los habitantes del centro; a inicios de 1980 se demolieron casi 300 viviendas por la construcción de la Macroplaza, y con la violencia generalizada de 2010 muchos abandonaron sus viviendas. Esta vez, la huída es por la especulación inmobiliaria.

“Los desarrolladores están haciendo lo que se puede, lamentablemente, porque se los permitieron (el gobierno municipal). Me parece increíble que no hayan tenido la visión de que esto se iba a descontrolar”, aseguró Velázquez.

El abandono institucional

Durante las administraciones de Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio, no solo se establecieron laxos controles que permitieron el desarrollo de inmuebles de alturas y densidades libres, también se abandonó a la ciudad.

La cantidad de trabajadores de servicios públicos asignados al centro en 2014 era de 412 trabajadores, para 2023 esta cantidad bajó a 263, de acuerdo con datos proporcionados por el municipio vía transparencia.

Entre 2018 y 2022, cuando la mayor parte de los desarrollos fueron aprobados y construidos, la inversión para ampliación de banquetas en el centro fue de sólo 1 millón 130 mil pesos.

Para proyectos destinados a infraestructura no motorizada entre 2018 y 2022, la inversión fue de 1 millón 258 mil pesos.

Además, se informó que en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019, no se realizó inversión alguna ni en banquetas, ni en infraestructura no motorizada, pese a que la vocación del programa DOT es fomentar la vivienda cercana al transporte público para desincentivar el uso del automóvil.

Para la urbanista Ana Rodríguez, la intervención y abandono fue muy notorio en el barrio de La Purísima, con el primer desarrollo realizado con el DOT, el Semillero.

“Es una réplica de lo que pasó cuando empezaron a explotar La Purísima. El Semillero empezó a hacer actividades culturales, llevaron a los pintores, ampliaron las banquetas y todo, pero realmente, si tu vas ahorita a La Purísima, sólamente le cambiaron a un carácter a algo comercial”, explica Rodríguez.

La urbanista señala que la mayoría de estos departamentos se rentan en plataformas como Airbnb, pues los espacios no están planeados para vivir.

Rodríguez señala que el DOT se utilizó más como una excusa para fomentar la construcción de departamentos para los inversionistas.

“Si esa estrategia buscaba recuperar el centro, pues no lo logró, pero tampoco había indicadores de medición para poder reformular a tiempo”, afirmó Rodríguez.

“No hay una política pública alrededor de la vivienda, y mientras no la haya, cualquiera puede explotar lo que los reglamentos le permitan”, señaló.

¿Qué es la gentrificación?

Desde la década de los 80, el geógrafo Neil Smith, explica que la gentrificación es el desplazamiento de las personas y costumbres de un lugar y su reemplazo con individuos con mayor poder adquisitivo; sin importar de donde provengan los nuevos habitantes, sino del capital productivo y económico que llega a los centros urbanos.

En su teoría, Smith incluye puntos como la brecha de las rentas, en la que se considera el valor de renta y el valor potencial de una propiedad, si se le da un uso más redituable, que puede cambiar por factores demográficos, económicos o de infraestructura de transporte.

Además, se acompaña de una inversión de capital hacia barrios descuidados, que conduce a mejoras de infraestructura y físicas en la zona, lo que atrae a personas de más poder adquisitivo y contribuye al desplazamiento de personas, pues el aumento de valor de propiedades y rentas, los expulsa de sus viviendas.

Para que esto suceda, tiene que haber una participación del Estado, que con incentivos y políticas, faciliten la labor a desarrolladores inmobiliarios.

Todos estos factores fueron cumplidos en el Centro de Monterrey.

Este trabajo es parte de Observatorio de la Vivienda Monterrey, un proyecto desarrollado con apoyo del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés) y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).